“... para los niños dulces palabras y barquitos de papel

para el viento golondrinas, para este mundo buena fe

para la tierra siembran conmigo manos hermanas fundiéndose

mucha abundancia para la cosecha, para el frío calor de hogar

Para la guerra, nada,”ⁱ

Marta Gómez (Cundinamarca, Colombia)

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en Colombia, una semana después de arribar a la nación sudamericana, concluyó que el gobierno de Iván Duque Márquez debe ser investigado por delitos de lesa humanidad cometidos contra la población a partir de desapariciones, asesinatos, torturas, abusos, persecuciones, amenazas e intimidaciones, supuestamente cometidas por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares que responden al Estado.

El anuncio de una reforma tributaria diseñada en línea con los requerimientos habituales del Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron una movilización generalizada en el país en respuesta al “paquetazo de Duque”, que debió congelarse ante la escalada de protestas iniciada a partir del paro lanzado el 28 de abril.

El “Comando Nacional Unitario”, conformado por las Sindicales CUT, CTC y CGT; las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y la Federación de Trabajadores de la Educación, Fecode, convocó a la medida de fuerza en aquella fecha, a partir de la cual se vienen sucediendo protestas que abarcan a una amplia franja de sectores, más allá de las dirigencias políticas y gremiales tradicionales.

Entre los ejes centrales del plan de ajuste figuraba la ampliación de la base impositiva sobre los salarios y el aumento del IVA, que fue visualizado como un castigo a los sectores más empobrecidos, por la recarga sobre sus alimentos básicos, el más alto nivel de gasto de esa franja.

El grupo de observación y denuncia sostuvo que “la represión desatada” contra las expresiones de repudio que se suceden en todo el país, “impidió, limitó y condicionó” la participación política y derechos como los de reunión y a la protesta”, en un contexto de “lógica bélica” contra la población civil indefensa, a través del uso de “armamento sofisticado y letal y de conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.

La Misión llegó al país el pasado 25 de mayo, integrada, entre otros organismos de Derechos Humanos, por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, representantes de movimientos sociales y populares como los frentes “Patria Grande”, “Organizaciones en Lucha”, “Santillán”, el “Movimiento Evita” y “SOMOS Barrios de Pie”; organizaciones gremiales como Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) – Autónoma y por la Asociación Americana de Juristas.

A su arribo al aeropuerto bogotano de “El Dorado”, Bogotá, el funcionario del Vaticano Juan Grabois que integraba el grupo, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la Argentina, fue detenido al intentar entrar al país y deportado tras ser considerado como “una amenaza para la seguridad del Estado colombiano”.

La investigación de los hechos producidos en Colombia abarcó las principales jurisdicciones del país, en entre ellas Pereira, Cali, Puerto Tejada, Yumbo, Medellín y el departamento del Cauca-Popayán, Cundinamarca y Bogotá, donde se desarrolló un minucioso recorrido por Usme, Ciudad Bolívar, Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Teusaquillo Y Portal Norte.
 

A su regreso a la Argentina tras participar de la Misión, Alejandro Rusconi (Secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita y miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular - UPNP), remarcó el apoyo al trabajo de observación por parte de las comunidades locales y de gran cantidad de dirigentes y lideresas de distintas sectores de la vida colombiana.

Al analizar la respuesta represiva, la Misión Internacional consideró que el Estado definió un “enemigo interior”, compuesto por “la mayoría de su pueblo”, representado por “jóvenes de los barrios populares, estudiantes, mujeres y de la comunidad LGTBIQ , trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como (por) organizaciones de la sociedad civil”.

En base a los elementos recabados, planteó una denuncia contra el Estado Colombiano por desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios), contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias), la integridad sexual (abuso sexual), la libertad (privación ilegal de la libertad, detenciones arbitrarias, tortura), la libertad de reunión y el libre ejercicio a la protesta y contra la propiedad (daños), además del “juvenicidio” perpetrado por los ataques con la “primera línea de protesta”, integrada por jóvenes.

El informe preliminar sobre la “Violación de DDHH En Colombia en el Marco del Paro Nacional 2021” concluye que “los Derechos Humanos están siendo violados en Colombia y la comunidad percibe que las diversas instituciones gubernamentales no asumen el compromiso que requiere el cese de esas violaciones, las investigaciones pertinentes y la efectiva vigencia de esos derechos”, y se pone en línea con la denuncia formulada por organizaciones y dirigentes locales ante la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas por “1.595 casos de agresiones y violaciones de derechos humanos” contabilizados durante los primeros 16 días de Paro Nacional contra la ciudadanía.

El llamado presidencial a un “diálogo” (que no incluía la rectificación de las políticas neoliberales y el apoyo a las grandes corporaciones internacionales) no aquietó la efervescencia popular, en un país que sufre un incremento desmedido de la pobreza extrema y caída de la economía superior al 7%, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 que lo colocan en cuarto local en cantidad de muertos en Latinoamérica, detrás de Brasil, México y Perú, con 90.353 decesos al 3 de junio.

Colombia juega un papel estratégico en el esquema de control regional de Estados Unidos, que mantiene siete bases militares declaradas y una “brigada especializada” además de otros enclaves militares móviles no declarados. Los “asesores” estadounidenses e israelíes que operan desde allí, son instructores de los cuadros de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y del Ejército, cuerpos denunciados en la comunicación de la Misión, por sus prácticas violatorias de los derechos humanos.

Carlos A. Villalba es periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)