1.  Breve contexto de la educación en pandemia

El informe preparado por CEPAL-UNESCO,[1] destaca datos claves del contexto que el mundo ha enfrentado en el campo de la educación.  Algunos de estos rasgos son:

• El cierre masivo de las instituciones educativas en más de 190 países significó que, en mayo de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes dejaron de tener clases presenciales en todos los niveles de enseñanza.  De estos, más de 160 millones son estudiantes de nuestra región.
• La respuesta de la mayoría de los países se centró en el uso de plataformas virtuales de aprendizaje asincrónico y transmisión de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como la radio o la televisión.
• De los 33 países de nuestra región, solamente 8 incluyeron en sus respuestas la entrega de dispositivos electrónicos y 14 consideraron, entre sus estrategias, la provisión de recursos de capacitación a sus docentes, para el manejo de tecnologías y herramientas para el uso pedagógico/metodológico de internet.
• Las ofertas de continuidad de los trayectos educativos a través de alternativas virtuales no pudieron ser tomadas por un alto porcentaje de estudiantes y docentes, poniendo así en evidencia la dimensión de la brecha digital existente en la región, no solamente por las deficiencias de acceso y conectividad, sino también por la escasa alfabetización digital de los sujetos de comunidades educativas, particularmente en sectores empobrecidos o en territorios rurales e indígenas.
• Las profundas desigualdades socioeconómicas se hicieron aún más notorias: estudiantes de grupos socioeconómicos más altos mantuvieron la continuidad con una diferencia de 15 puntos porcentuales frente a estudiantes de nivel socioeconómico más bajo.
• Todos los datos dejan claras también las brechas referidas a internet.  Ya en 2016 se conocía que solo el 14% de la población de las áreas rurales tenía acceso a Internet, frente a un 42% en las zonas urbanas.  Igualmente, ya en 2018 se sabía que más del 60% de estudiantes de la región que debían presentar pruebas PISA, no tenía acceso a dispositivos para hacerlo.
• En el nivel de educación superior, el 55% de docentes de universidades públicas de la región han reportado no contar con internet o con internet de calidad; solo el 68% afirmó que su institución contaba con plataformas tecnológicas suficientes para pasar a la virtualidad.

Los anteriores datos muestran, por sí mismos, el impacto inmediato del cierre de las instituciones educativas sobre la interrupción de trayectorias educativas y la salida de estudiantes del sistema educativo, especialmente del sistema público.  La no presencialidad en las escuelas de alrededor de tres millones de niños, niñas y adolescentes en nuestra región, los ponen en riesgo de abandonar sus procesos.  De hecho, durante la pandemia, el porcentaje de niños y niñas que no reciben ningún tipo de oferta educativa ha pasado del 4 al 18%.

A lo anterior es necesario sumar el riesgo que representa el aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como la violencia de género y las consecuencias económicas que configuran una amenaza directa a los presupuestos de financiamiento de la educación que, bajo el argumento de la disminución del PIB, podrían disminuir en más del 9%.

2.  Otros riesgos de una digitalización anunciada

En su artículo “La lucha por la educación pública: un breve análisis en América Latina”, el profesor Luis Bonilla-Molina afirma que ya desde 2015 venía advirtiéndose un posible Apagón Pedagógico Global (APG) que le daría centralidad pedagógica a la virtualidad.  Las advertencias provenían del análisis de las tendencias de las corporaciones tecnológicas, su prioridad en la producción de tecnologías y narrativas educativas digitales y su cercana presencia en ministerios de educación y gobiernos.  Desde esta perspectiva “el COVID-19 fue utilizado para abrir paso a la virtualidad y la educación en casa como paradigmas emergentes del capitalismo cognitivo”.

Lo que resulta evidente es que nuestros sistemas de educación pública no contaban con soluciones tecnológicas propias y autónomas, ni habían formado a los docentes en cuestiones digitales y menos aún en metodologías de complementación entre lo presencial y lo virtual.  ¿Quiénes sí estaban preparadas?  Las corporaciones tecnológicas.  Y son ellas las que rápidamente ofrecieron plataformas, aplicaciones, paquetes formativos y todo tipo de soluciones que fueron tomadas rápidamente por los Estados que, además de comprar tales alternativas, entregaron los datos de docentes, estudiantes y representantes al mundo de las corporaciones.  Dos o tres países en la región cuentan con normativas claras de protección de datos de los usuarios de plataformas y redes digitales.

Las narrativas de la “educación en casa”, de la educación “híbrida” y la “alternancia” circulan con tono de futuro de la educación, poniendo en riesgo no solamente a la profesión docente, sino los múltiples sentidos de la presencialidad en los procesos de aprendizaje y en la vida misma.

Para completar este escenario de amenaza a la educación toda y a la educación pública en particular, también los costos de la educación “se fueron a casa”: docentes y familias tuvieron que asumir la compra de dispositivos, el pago de planes de datos y de internet, la elevación de los costos de la luz y otros costos asociados a la situación.  Esto, por supuesto, en los grupos de población que lograron hacerlo.  Los demás, han quedado doble y triplemente excluidos.

3.  Existen alternativas

Desde una perspectiva de alfabetización y soberanía digital, resulta urgente exigir políticas públicas que, entre otras condiciones:[2]

- Garanticen a toda la población acceso irrestricto a la conectividad a internet, buscando el cierre de las brechas existentes que profundizan aún más las brechas en el ejercicio pleno del derecho humano a la educación a lo largo de toda la vida.

- Garanticen la defensa de la soberanía tecnológica y de los conocimientos locales, así como el uso de software libre en los sistemas y plataformas de educación pública, asegurando así la protección de datos.

- Atiendan, en el marco del fomento a la diversidad, a sistemas tecnológicos inclusivos tanto en términos de culturas como de género, generaciones, discapacidades o cualquier otra condición que pudiere significar exclusión.

- Presten especial atención a la producción de contenidos de plataformas digitales de apoyo en diálogo con docentes, estudiantes y comunidades educativas, de modo que los contextos locales sean tomados en cuenta.

- Impulsen programas públicos para dotar de infraestructura y conectividad libre también en espacios culturales de todo tipo; equipar con dispositivos tecnológicos a los sujetos de las comunidades educativas, garantizando su actualización y reemplazo; desarrollar plataformas y tecnologías de código abierto y libre; proteger absolutamente los datos y prohibir su almacenamiento y/o comercialización.

- Aprovechen sinergias de integración regional en el desarrollo de plataformas tecnológicas y aplicaciones educativas de uso libre e impulsen proyectos colaborativos y de transferencia de tecnologías digitales para abrir camino a la superación de déficits o desigualdades entre los países de la región.

4.  A modo de cierre

De la mano de la virtualidad impuesta por la pandemia han llegado no solamente las múltiples ofertas tecnológicas de las corporaciones, sino también: la evidencia de nuestro analfabetismo digital; las narrativas que apuestan a las sociedades en red anunciando el fin de la escuela y de la presencialidad; nuevos modelos de negocio ya en marcha o prefigurándose gracias al acceso masivo a nuestros datos; desvalorización de la profesión docente; estratificaciones nuevas dentro de los sistemas educativos; y por último profundización de brechas de acceso y ejercicio del derecho humano a la educación.

Por supuesto, el problema no está precisamente en la digitalización. Está en su uso como punta de lanza para definir quiénes y cómo accederán al derecho.  Más bien corresponde a nosotros y nosotras, los sujetos del derecho, definir cuál digitalización queremos, cómo desarrollarla y apropiárnosla también como un bien público y un derecho de todas y todos.

Nelsy Lizarazo es Coordinadora General de la CLADE.  Educadora y comunicadora popular.  Miembro de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y Noviolencia-PRESSENZA.

Este artículo ha sido elaborado a partir de insumos provenientes del trabajo colectivo.  Tres de ellos, documentos de trabajo de la CLADE y un cuarto, el resultado del proceso del grupo temática de Educación en el marco de las Jornadas Utopías y Distopías, el internet en la agenda de los pueblos.