Antecedentes

La realidad económica argentina muestra un proceso de concentración y extranjerización que no se ha detenido. El mismo fue alentado por la ausencia del Estado en el manejo del impacto causado por el nuevo modelo impuesto desde 1976. ¿Cómo se llegó a ello? Para entender este proceso debemos retroceder a los primeros años de la década de 1970 cuando el sistema capitalista mundial entró en crisis por los altos precios del petróleo, la derrota norteamericana en Vietnam, los escándalos políticos que sacudieron al gobierno de Richard Nixon, el atraso en el desarrollo de proyectiles misilísticos intercontinentales con relación a los disponibles por su enemigo ideológico, la URSS, y un caos económico que parecía incontrolable por sus desmesurados gastos militares.

Ante este panorama peligroso, un grupo de dirigentes de los EE.UU, liderados por Nelson Rockefeller y compuesto por las cabezas directivas de las principales empresas transnacionales de ese país, establecieron contactos con sus similares europeos y japoneses y organizaron lo que se conoció con el nombre de “Comisión Trilateral”. Como explicitó el entonces asesor de seguridad de la Casa Blanca Zbigniew Brzezinski, en su libro “Between Two Ages” (“La era tecnotrónica” en la edición al castellano), la misión de esta Comisión era la de reorganizar la política, la economía y la defensa del llamado “mundo occidental” de manera tal de reasumir un liderazgo depreciado y salvar la crisis. En lo económico estableció lo que se llamó la economía de mercado neoliberal globalizada, organizó la producción y explotación de los recursos naturales a escala mundial independientemente de las fronteras políticas, y determinó roles de producción a cada protagonista, teniendo como únicos elementos de juicio las ventajas en clima, recursos disponibles y mano de obra barata, así como las posibilidades de transporte y comercialización.

El resultado de la estrategia de la Comisión Trilateral dio rápidos resultados. En lo económico se acentuó y afirmó el sistema empresarial transnacional y se fueron derribando las barreras nacionales para organizar la producción y comercialización a escala mundial; y en el año 1989, a través del “Consenso de Washington,” se estableció para las Américas un sistema de comercio neoliberal globalizado que debía seguir los lineamientos mundiales aplicados ahora en forma particular para la región. Resultaría ocioso narrar las desventuras que para nuestros países representó semejante curso de acción. Basta recordar que para que el delegado trilateral en la Argentina José Martínez de Hoz lo implementase, fue necesaria una dictadura cívico-militar sanguinaria, a cuya finalización políticos corruptos como Carlos Menem y tantos otros pudieran someter la resistencia popular y malvender a la “actividad privada” empresas como YPF o Gas del Estado, las que hubieran podido seguir siendo importantísimas fuentes de ingresos para el Estado Argentino.

Este proceso de desnacionalización comenzó bastante tiempo antes del 24 de marzo de 1976. El 14 de enero de 1975 el entonces Ministro de Economía argentino Dr. Gómez Morales le manifestó en Nueva York a un grupo de periodistas que lo entrevistaban: “queremos encontrar un modus vivendi y una forma práctica de desenvolvimiento para que las empresas multinacionales no tengan problemas (...) La Ley de Inversiones Extranjeras busca una solución no sólo para el país sino para las propias empresas multinacionales. Concretamente estamos buscando las maneras de impulsar formas asociativas entre el capital extranjero y el nacional, privado o estatal. Cuando esto ocurra los mejores defensores de las empresas multinacionales y de sus intereses serán los propios asociados argentinos. A la larga será la manera natural de compatibilizar el interés de las empresas que debe ser preservado.” Esto continuó durante la dictadura cívico-militar, donde el objetivo fue favorecer a las empresas multinacionales y limitar la acción del Estado en el marco de la política antinacional y entreguista que impuso Martínez de Hoz. Y se afianzó con el regreso del país a la vida democrática.

Las leyes 23.696/89 de Reforma del Estado y 23.697/89 de Emergencia Económica y los decretos posteriores, dictadas e implementadas durante la llamada década infame de 1990 (década menemista), profundizaron este proceso e implicaron la entrega de las empresas estatales y de la administración nacional, provincial y municipal a los monopolios extranjeros y locales.

Se cambiaron los papeles de una ilegal e ilegítima deuda externa por los patrimonios de las empresas estatales. Estas reformas fueron elaboradas por el Banco Mundial, que asumió la dirección política, técnica y financiera de las mismas. Tales directivas están condensadas en una carpeta, entregada al gobierno argentino en octubre de 1990, que lleva por título “Hacia el Estado Moderno”. Y así se remataron YPF, Gas del Estado, SEGBA, Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), Altos Hornos Zapla (cuando se inauguró el General Manuel Savio había exclamado: “Allá en Jujuy, en un pueblito lejano, un chorro brillante de hierro nos ilumina el camino ancho de la Argentina. ¡Que su luz no se apague nunca! ¡Sigamos su luz! ¡Viva la Patria!), Centrales Nucleares, INVAP, ENTEL, Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, Obras Sanitarias, Talleres Navales, Silos Terminales de los Puertos Argentinos, Rutas Nacionales, Puertos, SOMISA (obra magna del General Manuel Savio), se desmantelaron nuestra flota mercante (ELMA), Fabricaciones Militares, las Fábricas de Aviones y de Tanques Medianos, HIPASAM (Hierro Patagónico de Sierra Grande); y el Estado cedió las acciones que poseía en Inductor SM, Petropol SM y Monómetros Vinílicos SM a Indupa, del grupo Richard, vinculado a capitales franceses; en Petroquímica Río Tercero SM a Egerton Ginace SA, supuesta subsidiaria de Bunge y Born; en Polisur SA a Ipako del grupo Garovaglio y Zorraquín.

Cuando leemos las actas de votación de las Cámaras de Senadores y Diputados de entonces, aparecen nombres que hoy siguen teniendo presencia y que han ejercido y ejercen distintos cargos gubernamentales o legislativos avalando toda esa entrega, acompañada también por dirigentes sindicales corruptos y apátridas, y apoyada fuertemente por campañas de empresas mediáticas que colaboraron con la última dictadura cívico-militar y fueron favorecidas por ellas. Hoy todavía seguimos esperando que quienes integraron el componente civil de la dictadura sean llevados a juicio y paguen por sus crímenes. Quien escribe estas líneas, estuvo en la calle acompañando a los/as trabajadores/as que resistían. En las marchas nos gritaban que éramos ignorantes, que nos habíamos quedado en el año 1945 y que el Muro de Berlín se había caído y no entendíamos al “nuevo mundo” que había surgido. A ello se sumaría, en el año 1994, a exigencia de las corporaciones, aceptada por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, la reforma de la Constitución, que con el espejito de colores de los Derechos Humanos en su integralidad, incluidos nuestros pueblos originarios, terminó de consolidar la desnacionalización y la entrega de la Patria. Sólo un pequeño grupo de constituyentes, encabezado por Monseñor Jaime de Nevares, se opuso a ello al advertir claramente el peligro que representaba. Varios/as de los/as firmantes de la reforma, siguen pululando disfrazados/as de “nacionales y populares” y otros/as ya desembozados/as en la vereda anti Patria y anti Pueblo. A quien le quepa el sayo ¡que se lo ponga!

El Río Paraná, mal llamado Hidrovía Paraná-Paraguay

El Río Paraná es la más importante vía fluvial navegable de nuestra Patria. Por ella Argentina exporta el 80% de su producción e ingresa el 95% de las importaciones. Desde la conformación del MERCOSUR siempre estuvo en la mira de las corporaciones transnacionales. Estas lograron su objetivo en los años 1992 y 1995 cuando el gobierno menemista les cedió a ellas, asociadas a capitales privados “argentinos”, el manejo de la actividad portuaria (incluye puertos y canales), el mantenimiento de la ruta fluvial y la regulación y control en desmedro de la Administración General de Puertos que era la autoridad de aplicación. El Artículo 26 de la Constitución Nacional establece: “la navegación de los ríos internos de la Nación es libre para todas las banderas con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la Autoridad Nacional”. Uno de los mayores disparates y para colmo el reglamento existente, la Ley Nacional de Puertos, está hecho justamente para favorecer las corporaciones transnacionales . Se les concedió el poder absoluto. ¿Y la soberanía? Bien, gracias. ¿Y la Vuelta de Obligado y los Combates de Tonelero, San Lorenzo y El Quebracho? ¿Fueron para esto? ¿Fueron por nada? ¡Qué mal estamos! Podemos agregar también el Artículo 31: “Los tratados con las potencias extranjeras son Ley Suprema de la Nación”. Esto último se aplica en todos los aspectos. “¡Ay Patria Mía!” fueron las últimas palabras del General Manuel Belgrano y siguen teniendo vigencia a 201 años de su muerte.

820 kilómetros tiene el río. Sobre él operan 18 puertos de los cuales 14 están en manos de corporaciones de distinto tenor y pelaje que van desde las grandes multinacionales exportadoras de granos, minerales, y petróleo hasta las mafias internacionales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de blancas. 1.200.000 camiones con mercaderías y 250.000 vagones de carga de tren llegan a esos puertos. Coexisten el tráfico legal de mercaderías con el contrabando, la subfacturación, la evasión fiscal y otros aditamentos, ya que el control estatal no existe pues las corporaciones se controlan a sí mismas y todo es a ¡declaración jurada! Claro, con la complicidad de un Estado que vive distraído y permite que por esas canaletas se vayan miles de millones de dólares que le pertenecen al Pueblo Argentino.

El 7 de febrero de 1928 el General Enrique Mosconi manifestó en México en una conferencia suya sobre nuestra YPF: “Los grandes trusts son organizaciones insaciables, difíciles de dominar una vez que han tomado posesión de las tierras y se les han acordado facultades o derechos…. Son indeseables para toda Nación que quiera fecundar en paz su trabajo creador. Por lo general, intentan perturbar y ejercer influencias sobre la labor legislativa o resisten y violan la aplicación de las leyes y reglamentos que tiene a su cargo el poder administrador. Donde se instala la Standard Oil norteamericana se convierte en un Estado sobre el Estado.” Yo agrego que es así con todas las transnacionales y por eso reafirmo lo expresado por el General Antonio Baldrich con respecto a ellas: “Maldita la hora en que llegaron. Bendita mil veces la hora en que se van”.

En el año 2010 el Estado Argentino tuvo la posibilidad de recuperar la soberanía efectiva sobre el río al vencer la concesión. No lo hizo. Prorrogó la misma. Hoy la historia vuelve a repetirse. Pero ahora hay reacción y conciencia en diversos sectores políticos, sociales y económicos. No es que en el año 2008 no existiera conciencia. Sí la había; pero no en la magnitud actual. A quienes sostienen que el Estado no tiene capacidad para retomar la gestión, el control y el mantenimiento del río, sus puertos y canales o no es un buen administrador y que nuestros trabajadores/as no están calificados/as , les respondo con las palabras del General Enrique Mosconi en el año 1926: “Se opina comúnmente que el Estado es mal administrador. Por mi parte, afirmo que el juicio es exacto cuando el gobierno no traza ni mantiene normas de buena administración”. Y 20 años más tarde , el 21 de octubre de 1946, con las palabras del Presidente Juan Domingo Perón, al presentar el Plan Quinquenal “Debemos pensar en la necesidad de organizar nuestra riqueza (...) que hasta el presente ha ido a parar a manos de cuatro monopolios mientras los argentinos no han podido disfrutar siquiera un mínimo de esa riqueza. ¿Quién va a organizar nuestra riqueza? ¿Los monopolios? Se habla de economía dirigida, y yo pregunto ¿dónde está la economía libre? Cuando no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios, con la diferencia de que el Estado puede repartir los beneficios de la riqueza entre catorce millones de argentinos mientras los monopolios lo hacen para ir engrosando los inmensos capitales de sus casa matrices, allá lejos en el extranjero.”

Coincidimos con estos pensamientos y consideramos necesario hacer un giro de 180 grados. Hay sectores de la economía que nunca deberían estar en manos privadas, y menos extranjeras, porque ello provoca la pérdida del desarrollo y crecimiento nacional. Una y otra vez se ha invocado y se invoca que las inversiones extranjeras son fundamentales para solucionar los problemas que el país padece. Es una falacia porque el resultado final es la desnacionalización de la economía, y esto constituye un hecho gravísimo en todas las áreas.

Reflexión final

No voy a utilizar palabras propias. Haré mías las del General Alonso Baldrich, quien las pronunció en dos momentos diferentes que voy a unir en uno solo: “Sin distinción de credos políticos e ideológicos, pues lo mismo interesa el asunto al conservador que al comunista, deben ponerse en pie todas las fuerzas vivas del país en contra del enemigo común, es decir, en contra de los aviesos enemigos de adentro y de la acechante codicia aventurera empeñada en conquistarnos con la penetración pacífica (...) como hace notar Obregón ‘en todas partes se cree como un dogma económico, que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales, y nadie parece advertir que ese desarrollo hace ricos a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales, que lo que se necesita es la organización interna del propio capital’, penetración pacífica mediante concesiones de tierras… o la de los frigoríficos… o la del petróleo… el sometimiento por el dominio económico torna virtuales las soberanías de los pueblos… y cuando quedáramos pacíficamente conquistados, entonces en los labios de los niños resultaría un sarcasmo las voces del Himno cuando dice de rotas cadenas y de un pueblo argentino al que saludan los libres del mundo.” Esto lo expresó en una Conferencia en 1928.

“Ni con divulgadores metafísicos, ni con loadores del capital imperialista, ni con los indiferentes que silencian inequidades y transgresiones en vez de combatirlas, ni con aquellos de patriotismo meramente literario a retribución y prebendas de un oro sin patria, no realizan sus problemas sociales, políticos y económicos los pueblos. Poco vale un discurso empenechado y didáctico en un maestro del ramo si no es seguido de la fundación de diez escuelas, en las que se continúe enseñando a no renegar del suelo en que se nace, ni a tratar de perturbarlo a su pueblo con exóticos transplantes, ya que eternas admoniciones de Moreno ‘ningún argentino ni ebrio ni dormido debe tener aspiraciones contrarias a la libertad de su patria’, y porque es preferible una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Sobre la tumba de los estipendiados por el trust corruptor... la historia justa y serena podrá grabar a modo de epitafio aquel anatemizante hemistiquio de Virgilio: ‘Éste, por oro, vendió a su patria’.

En 1923, Manuel Ugarte, el creador del término Patria Grande, nos alertaba: “Los pueblos que esperan su porvenir de una abstracción legal o de la voluntad de otros son de antemano pueblos sacrificados”. Que no nos pase de nuevo.