Las sombras de las privatizaciones, monetizaciones, concesiones o cualquier otro término que se utilice para disimular la transferencia de activos públicos al sector privado, lo que a su vez tiene como efecto aumentar las tarifas a la ciudadanía, operando una transferencia monetaria de los hogares que garantice ganancias extraordinarias a los y las privatizadoras, pertenecientes de manera tendencial al segmento más rico de la población (tanto nacional como internacional). Uno de los primeros pasos es demostrar que estas empresas no operan de manera adecuada. No obstante, la evidencia empírica muestra que cuatro Empresas Públicas han estado entre las 11 mayores empresas del Ecuador durante el periodo 2014-2019. Por tanto, este argumento de la “ineficiencia de lo público” no se sostiene y la privatización como condición de bienestar aún menos.

El último decreto sobre la política hidrocarburífera del gobierno del presidente Lasso enciende nuevamente las alertas sobre la posibilidad de privatizaciones. En este caso, entregar nuestro petróleo a manos privadas, algo que ya ocurrió con la Ley de Fomento Productivo del año 2018 (Báez y Rosero, 2021). Desde esa perspectiva, uno de los elementos que llama la atención es la entrega de gasolineras al sector privado.[1] Y la cuestión es ¿Cómo la privatización afecta a la ciudadanía? La respuesta es en el alza de tarifas. De tal manera que, el primer paso era retirar el subsidio a los combustibles para hacer atractivo el negocio de privatizar las refinerías y gasolineras, para que las tasas de ganancias se sostengan en incrementos considerables de las tarifas.[2]

Desde luego, esta operación también requiere de deslegitimar al servicio público. En el caso antes mencionado de los combustibles, los argumentos iban desde la distorsión de la economía por los subsidios hasta el contrabando, etc. sin ningún sustento empírico. Así mismo, en el caso de las Empresas Públicas se habla de ineficiencia, corrupción (como si en el sector privado la corrupción fiscal con el uso de los paraísos fiscales no es una práctica continua de los segmentos de la población más acaudalada), entre otros. Todos criterios de valor sin ninguna argumentación. En efecto, al analizar lo que dicen los datos se observa que cuatro Empresas Públicas se encuentran entre las once mayores empresas del país y no solo como coincidencia, sino durante un periodo considerable.

Eso demuestra que lo público, si bien debe mejorar y eliminar toda práctica nociva, es eficiente y disputa los primeros lugares a la par con las mayores empresas del país. Incluso una ocupa el primer lugar en todo el periodo, se trata de la Empresa Pública Petroecuador, la misma cuyas gasolineras quieren ser entregadas a manos privadas para que se enriquezcan a costa del bolsillo del pueblo. Entre estas Empresas Públicas también se encuentran las dedicadas a proveer del servicio eléctrico, aquí cabe mencionar que, como parte de las políticas que el Fondo Monetario Internacional implementó para el país son el alza del precio de la electricidad y la concesión de líneas eléctricas.

De igual manera está la empresa CNT, que al ser privatizada inmediatamente significará el alza de tarifas en el sector y que varias familias tengan que ocupar una mayor proporción de los ingresos del hogar, en un momento en que la situación económica es delicada, efecto de la política neoliberal, propia de un régimen de desigualdad. Incluso los sectores productivos que no pertenecen a las élites pueden ver aumentados sus costos, mismos que no serán considerados para pagar impuestos, como ocurre con el impuesto del 2% a las microempresas, pero que jamás pensaron en aplicarlo a las grandes empresas.

Por otro lado, las privatizaciones también implican el aumento de las tarifas al entregar una mayor cuota del mercado a las ya oligopólicas estructuras. Este también es el caso del Banco del Pacífico, cuyos indicadores demuestran su eficiencia y no se justifica su privatización. Por lo cual, paradojicamente, los neoliberales instalados en la decisión pública impiden que su sueño de la competencia y el libre mercado opere. En realidad, no defienden la competencia sino que tratan de evitarla a toda costa y que sean los privilegios el conductor de ordenamiento social.

En el año 2019 las cuatro Empresas Públicas significan acceso a derechos con tarifas adecuadas, con el advenimiento de la pandemia esto debería ampliarse a la conectividad como derecho social básico. En términos económicos representan 14% del PIB, mismo que se transferiría a los bolsillos de privatizadores, que probablemente nos los reinvierta en el país, sino lo esconda en sus paraísos fiscales. Por consiguiente, es trascendental impedir las privatizaciones en Ecuador, considerando que la evidencia muestra su importancia en la estructura social y productiva del país. Las empresas están en la mira y un capítulo aparte tiene que ver con el IESS, que requiere un análisis completo.