En Chile, el periódico  El Mercurio publicó un nuevo editorial ahora criticando que la Naturaleza pueda ser un sujeto de derechos. Su alerta apunta a los integrantes de la Convención Constituyente, sumándose a otra, lanzada pocos días antes, donde cargaba no solo contra esa idea sino también contra la de plurinacionalidad.

Fue en la constitución de Ecuador donde se concretó el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Participando en el proceso constituyente en aquel país, hace más de diez años atrás, presencié todo tipo de críticas y burlas contra esa innovación. Algunos la tildaban de una manía “new age” y otros de un folklorismo propio de los “indios”, algunos afirmaban que eran inaplicables y otros los denunciaban como una imposición del norte, y así sucesivamente.

Pero rápidamente quedó claro que buena parte de esa resistencia fue alimentada por intereses económicos mundanos y conocidos. En efecto: las empresas e inversores en minería y petróleo temían que esos derechos resultaran en proteger a la Naturaleza en serio, que realmente se consultara a las comunidades locales, o se aplicara un ordenamiento territorial ecológico y económico. Sabían que si eso ocurriera, muchos emprendimientos extractivistas no serían aprobados.

En Chile, este nuevo ataque a la mera enunciación de una Naturaleza con derechos exige evaluar si también no están en juego los intereses económicos. Preocuparía no solamente a los promotores de los extractivismos conocidos, como el minero o forestal, sino también obligaría a reconsiderar la propiedad, el uso y la gestión del agua, entre otros temas.

El editorial de El Mercurio, publicado el 12 de agosto, en realidad no apuntaría contra la aplicación de derechos a la vida animal y vegetal o a los ambientes naturales chilenos como tal. Lo que les alarma son las consecuencias económicas de ese reconocimiento, y ese texto está repleto de indicaciones en ese sentido.

Se comienza por reducir a la Naturaleza a una condición “físico-química”, y que al ser cambiante, implicaría no tener una guía para proteger sus derechos. Este es un conocido error que implica una ceguera ecológica, porque la Naturaleza es más que un conglomerado físico-químico, ya que alberga increíbles formas de vida animales y vegetales. Se debería invitar al editorialista a recorrer los parques nacionales chilenos para que comprenda sobre qué se está discutiendo.

Otro error muchas veces repetido es vincular los derechos de la Naturaleza a la hipótesis de Gaia, la que está concebida a escala planetaria. La Naturaleza es siempre local, y por lo tanto su reconocimiento y aplicación también es local. Los conglomerados de vida en un sitio, por ejemplo las laderas andinas de la Araucanía son muy distintos a la de otras localidades, como aquellos en los desiertos del norte, y los derechos son específicos para cada comunidad de vida, cada una con sus particulares procesos ecológicos y evolutivos.

Bajo esa ceguera ecológica el periodico llega al extremo de preguntarse si estos derechos implicarían dejar arder los bosques en Chile, buscando desacreditar esos derechos. Sin embargo, la dinámica de esos incendios no tiene nada de “natural”, y además ocurren en muchos ambientes muy alterados, cercados por áreas donde los bosques originales fueron reemplazados por plantaciones forestales. Es justamente esa alteración ecológica de los bosques que los derechos de la Naturaleza buscan prevenir. Es más, si se aplicara el régimen aprobado en la Constitución de Ecuador, entonces no solamente los derechos de la Naturaleza obligarían a proteger los actuales bosques remanentes en Chile, sino que también obliga a restaurar aquellos que fueron degradados o destruidos.

La intención de la crítica en el editorial queda más en evidencia en sus últimas consideraciones reclamando abandonar la idea de derechos de la Naturaleza para reemplazarla por instrumentos económicos. En efecto, inspirados en un reporte realizado en el Reino Unido (el llamado “reporte Dasgupta” sobre la economía de la biodiversidad), sostiene que lo que se debe preservar son los servicios de los ecosistemas y aplicar análisis de costo beneficio. Aquel reporte británico ha sido muy criticado ya que no entiende a la Naturaleza como tal, sino que la reduce a categorías del mercado, tales como Capital Natural o bienes ecosistémicos, y lo que dentro de ella se manifiesta no es la vida sino que es la provisión de servicios útiles para el ser humano, todo lo cual puede ser tratado si fuera una relación de mercado. Por lo tanto, se deberían comparar los costos y beneficios económicos, por ejemplo entre preservar un bosque originario o suplantarlo por una plantación para pasta de celulosa. Como ese cálculo lo hace una economía que no es capaz de contabilizar la vida de la flora y fauna, siempre pierde el bosque original y es más rentable la pasta de celulosa, ya que sí sabe contar el dinero de inversiones y exportaciones.

De modo análogo, el agua deja de ser un elemento central de la Naturaleza y es reconvertida en un servicio ambiental, y por ello puede ser transada en el mercado y estar bajo de derechos de propiedad o uso exclusivo.

Todo eso hace que sea muy clara la apuesta por la mercantilización de la vida, y el reemplazo de la idea de Naturaleza por la de capital o bienes naturales. El editorial de El Mercurio expresa la opinión de los que desean impedir que la Naturaleza tenga derechos para que así pueda tener un precio. Esa perspectiva economicista es funcional a todas las actividades que conocemos, desde la megaminería a los monocultivos forestales, las que son precisamente las responsables de la actual debacle ecológica. Es por esa razón que, al final de cuentas, la idea de los derechos de la Naturaleza despierta tanto temor.

Eduardo Gudynas es analista en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado del Observatorio Latino Americano de Conflictos Ambientales (OLCA). Es autor de “Derechos de la Naturaleza, publicado en Perú. Ecuador, Colombia, Chile y Bolivia entre otras ediciones.