Como continuidad de las protestas del 11 y 12 de julio en Cuba, las mismas figuras y grupos de oposición que participaron en ellas, solicitaron permiso para que se realizaran, simultáneamente, otras marchas el 15 de noviembre en varias ciudades del país. En la respuesta de las autoridades municipales como la de La Habana Vieja, por ejemplo, argumentan que “el artículo 56 de la Constitución [cubana], mencionado como base legal [para otorgar permiso de manifestar], establece entre sus requisitos para ejercer el derecho a manifestarse legalmente, “el respeto al orden público y al cumplimiento de las normas establecidas por la ley.” 

En otras palabras, si bien los signatarios invocan el Artículo 56, tan sólo reconocen el fragmento relativo al “derecho a manifestarse pacíficamente”, en abstracto, como lo revela la solicitud publicada en la página de Facebook Archipiélago, punta de lanza de la principal plataforma que encabeza la segunda fase de la “revolución del color” que tratan de impulsar. Ignoran la sección del mismo artículo que estipula los límites: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación, con fines lícitos y pacíficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley.” 

¿Qué ley cubana están evitando los firmantes? La decisión municipal continúa explicando: “El artículo 4 de la Constitución define que el sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable, por lo tanto, cualquier acción ejercida en su contra es ilícita.” 

Los derechos constitucionales de Estados Unidos y Cuba 

Los principales medios de comunicación en Estados Unidos y en Cuba que representan los intereses de esos a quienes se les ha negado el permiso, invocan declaraciones farisaicas pues, para ellos, la salvaguardia del socialismo no debería ser una condición previa para manifestarse. ¿Están indignados porque pueda imponerse alguna limitación a estos derechos? ¿Cuál es su razonamiento? ¿Es posible que estén tan absortos por las nociones estadounidenses de “libertad de expresión” y “derecho de reunión”, en abstracto, como se encuentra en la Constitución de Estados Unidos? Exploremos esto. 

La Enmienda I de la Constitución de Estados Unidos estipula que “El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación de agravios”. 

A diferencia de la Constitución cubana, en la Constitución de Estados Unidos no hay ninguna referencia explícita a la protección del sistema capitalista, pero, se podría responder argumentando que, de hecho, hay algún tipo de referencia como, por ejemplo, en el notorio Preámbulo: “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional…”. 

¿Significa esto último que nada puede alterar o desafiar el statu quo capitalista? Solo podemos conjeturar que es el caso, ya que la historia de Estados Unidos está basada en la represión a los levantamientos de las naciones indígenas, de los afroamericanos, de la clase trabajadora y de la juventud contra el capitalismo y el imperialismo. Si quisiéramos extrapolar “tranquilidad doméstica” al derecho del capitalismo a funcionar en paz, la conclusión sería inevitable: en la práctica, para la élite estadounidense supremacista blanca, la libertad de expresión y el derecho de reunión son tolerados mientras no se desafíe el statu quo capitalista-imperialista. 

En contraste, la Constitución y el sistema político cubanos son francos y honestos: no crucen la raya roja que hemos establecido para defender nuestro sistema socialista. ¿Dónde está la supuesta limitación a la libertad de expresión y de reunión? Las autoridades locales detallaron su decisión: “La Constitución de la República fue debatida ampliamente y aprobada en un referendo, por el 86,85 % de los votantes, la abrumadora mayoría que escogió de forma soberana y libre el sistema socialista, su irrevocabilidad y el derecho de combatir por todos los medios a quienquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido. 

Comunismo: ¿Quiénes perdieron el tren? 

El proceso necesario para llegar a esta conclusión constitucional ha sido largo y complejo, pero también se ha caracterizado por una considerable participación y contribución pública. El primer borrador se puso a disposición de toda la población cubana en 2018. Durante muchos meses, los cubanos leyeron el documento e hicieron un total de 780 sugerencias y 9.600 propuestas. Muchas de ellas se incorporaron en el borrador final, que fue presentado al público. 

Uno de los principales patrocinadores de la solicitud de manifestar de este mes, igualmente involucrado en las protestas del 11 y 12 de julio, es la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), que hizo un llamado a “un masivo y rotundo ‘No’” en el voto del 24 de febrero por el Referendo constitucional de 2019. 

No obstante, ¿cómo se desarrolló la votación? Participación electoral: 84.4 % de los votantes elegibles. Votaron por el Sí: 86,85 %; por el No: 9.0 %; votos en blanco o anulados: 4,5 por ciento. 

Esto no solo significó un claro rechazo al voto por el “No” sino que, además, la participación electoral aumentó en comparación con la votación anterior en las últimas elecciones generales de 2018, en las que se había registrado una participación electoral del 82,9 por ciento. 

Adicionalmente, esta sed de participación plena en el referéndum se tradujo en el deseo expresado de consagrar aún más el socialismo en la nueva Constitución, e incluso ampliar ese objetivo. En el borrador inicial, enviado a los ciudadanos para su discusión, no estaba presente el objetivo final del comunismo. Sin embargo, algunos blogs y periodistas revolucionarios impugnaron esta omisión. En aquel momento me encontraba en La Habana y fui testigo del animado debate en los barrios y en la televisión acerca del tema de excluir o incluir el comunismo. 

Recordemos aquí que la UNPACU y otros grupos de oposición que llamaron a las marchas del 11 y 12 de julio, hicieron en aquel entonces un llamado de “abajo el comunismo” como el que hacen ahora, en octubre del 2021. No obstante, durante los debates a nivel de base, en las comunidades, UNPACU no aprovechó la oportunidad para intentar persuadir al electorado para que votara contra la consagración del comunismo en la Constitución. Por eso debe señalarse, tan claramente como sea posible que, efectivamente, ellos perdieron el tren. 

Finalmente, luego de su inútil llamado a votar por el No, la UNPACU afirmó que el referéndum y las elecciones son “fraudulentas”. Sin embargo, participé en todas las etapas de ese proceso electoral cubano de 1997-98 y no existen pruebas de fraude. En 2010, otro estudio en Cuba lo confirmó. 

Para saber si algo es bueno, hay que probarlo. En su decisión, el municipio local en La Habana escribe: 

“Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba. Ello reafirma que la manifestación anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ para Cuba, ensayada en otros países. Además, apenas se anunció, la manifestación recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la intervención militar”. 

¿Es esto exagerado? Difícilmente. 

El reportero de CNN en La Habana, por ejemplo, en su entusiasmo por poner una cara pacífica a los esfuerzos de los organizadores de la protesta, no tuvo dificultad en violar su integridad periodística al cuestionar la veracidad de la decisión del gobierno cubano basada en los hechos. Afirmó que “los funcionarios del gobierno cubano están dejando en claro que una solicitud para organizar una protesta pacífica el próximo mes no será autorizada.” Inadvertidamente, él prueba el punto, a saber, que los “medios extranjeros alientan acciones contra el pueblo cubano”. 

Tampoco es el único que exhibe el viejo adagio de que “hay que probarlo”. 

La autoridad municipal escribió: “Apenas se anunció, la manifestación recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, operadores políticos”. De hecho, después de mostrar su apoyo a la manifestación, una vez que la decisión cayó el 12 de octubre, estas son las palabras del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, en una conferencia de prensa que ofreció, más tarde aquel día: 

REPORTERO: “Deseo preguntarle acerca de la decisión del Gobierno de Cuba de prohibir una protesta que estaba prevista para el 15 de noviembre, alegando que los organizadores están respaldados por Estados Unidos para derrocar al régimen. ¿Tiene algún comentario al respecto, alguna respuesta? 

Sr. Price: “Bien, permítame dejar una cosa muy clara, desde el inicio. Lo que sucedió en julio, lo que sucedió en los días y en las semanas posteriores, no fue acerca de Estados Unidos. Se trataba de la conducta del régimen cubano, de las aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano a la libertad, a la dignidad, a la prosperidad, los elementos que este régimen ha negado durante demasiado tiempo, desde 1959”. 

Luego, con una cara impasible, después de negar la participación de Estados Unidos, Ned Price ofreció el Departamento de Estado como megáfono de los elementos subversivos. “Hacemos un llamado al Gobierno de La Habana para que respete las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”. 

El 12 de octubre, el Nuevo Herald de Miami informa acerca de una conferencia de prensa del sistema de mensajería de Telegram desde Cuba, antes de la solicitud de un permiso de manifestación, donde destaca al individuo de La Habana que presentó la solicitud. Esto es muy revelador. 

En primer lugar, el Nuevo Herald recuerda ‘afectuosamente’ que “el pasado 11 de julio, cientos de cubanos salieron a las calles para pedir un cambio de régimen”, principal razón por la cual los funcionarios municipales rechazaron el permiso. 

En segundo lugar, este medio, con sede en Miami, cita al firmante del permiso, “siempre se quejan del ‘bloqueo’”, dijo, refiriéndose al embargo de Estados Unidos. ‘No hay peor bloqueo que el bloqueo interno a todos los ciudadanos cubanos en este país”. Esta es una revelación ya agotada acerca de las intenciones de estos individuos, que no parecen tener patria. 

En tercer lugar, es admirable la perspicacia política de los signatarios. Parecen ser muy conscientes de que han abierto una cabeza de playa entre sectores de la “izquierda” en Estados Unidos y Canadá, y quieren ir más allá. En la edición del 12 de octubre, el Nuevo Herald lo cita: 

“Hago un llamado a la izquierda mundial, que suele ser cómplice y lamentablemente suele comportarse de forma hipócrita, para decirles que no hay dictaduras de izquierda ni de derecha, buenas o malas, hay dictaduras, y debemos oponernos a todas, sean cual sea su signo político”. 

En contraste, por ejemplo, MintPress News, una organización periodística defensora independiente en Estados Unidos, y la socialista antiimperialista The Canada Files, en Canadá, contrarrestaron a aquellos sectores de la “izquierda” vendida en sus respectivos países, que estaban animando el intento de “revolución de color” en Cuba. ¿Aprenderán de una vez la lección?