Entre el diálogo y el recrudecimiento del terrorismo

27/03/2014
  • Español
  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Português
  • Opinión
-A +A

 

 
Durante la última semana, las llamadas “guarimbas” opositoras en Venezuela han disminuido notablemente en número, pero al mismo tiempo aumentaron su grado de violencia, pasando directamente a una fase terrorista: con más ataques de francotiradores, sabotajes eléctricos sobre Caracas y hasta el envenenamiento del agua potable en una importante ciudad fronteriza.
 
 Con su espalda al descubierto y cada vez menos apoyo popular, los dirigentes de derecha -hasta hace poco explícitamente enmarcados en la campaña #LaSalida- dicen “Yo no fui” ante la posibilidad de afrontar las consecuencias, aunque para algunos tal vez ya es demasiado tarde. La visita de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) implicó, por otro lado, un nuevo revés para la estrategia de los EE.UU., que no deja de acumular derrotas en los ámbitos internacionales, aunque continúa realizando duras amenazas.
 
En esta primera parte analizaremos el recrudecimiento de las acciones de la derecha y los dirigentes opositores.
 
El peligro paramilitar
 
Desde un primer momento, en altos círculos del gobierno se contaba con información acerca de núcleos paramilitares que estaban listos para activarse en las protestas. Con el correr de los días su actuación fue quedando bastante clara.
 
Hasta el momento, seis Guardias Nacionales Bolivarianos (GNB) han sido asesinados por francotiradores, al igual que otras cuatro personas que -mientras sacaban escombros, alambres de púas y otros objetos que estaban bloqueando las calles, sin que hubiera manifestantes, una característica de la mayoría de los “trancones”- fueron alcanzados por disparos de armas largas. El último de estos casos fue el del sargento de la GNB, Miguel Antonio Parra, de 42 años, quien fue herido mortalmente de bala el lunes 24 de marzo, en la Avenida Las Américas, de la ciudad de Mérida.
 
Además, cinco personas han sido asesinadas presumiblemente por las fuerzas de seguridad. En dos casos se investiga la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) y en otros dos de efectivos de la GNB. Ambas fuerzas se encuentran bajo el mando presidencial y por esta razón Maduro ha expresado que no habrá ningún tipo de impunidad para quienes ejerzan la represión con armas de fuego, prohibido por la legislación venezolana, así como cualquier otra violación a los derechos humanos. Por estos hechos ya se encuentran detenidos al menos 15 agentes.
 
El último de los casos que involucran a las fuerzas policiales es un hecho muy particular: se trata del asesinato de una joven detective del SEBIN, Glidis Karelis Chacón Benítez, de 25 años, quien tras capturar ”en flagrancia” a un ciudadano que estaba realizando disturbios, fue perseguida y tiroteada por efectivos de la Policía de Chacao, municipio bajo el mando del alcalde opositor Ramón Muchacho, y donde se han desarrollado cuanto menos con permisividad la mayor parte de las protestas violentas.
 
Por el asesinato de la funcionaria del SEBIN se encuentran detenidos tres agentes de PoliChacao. Cabe acotar además que la Policía de Chacao ha sido señalada por colaborar activamente en los disturbios e incluso un agente fue detenido por participar de un ataque donde destrozaron la Torre Británica, en el mismo municipio Chacao, el 13 de marzo pasado, junto a un centenar de jóvenes de extrema derecha. Por otra parte, seis personas han sido asesinadas al impactar contra objetos contundentes ubicados en las guarimbas y otras nueve en enfrentamientos donde han participado opositores y chavistas.
 
Pero es en los últimos días donde la madeja ha comenzado a desatarse con mayor transparencia. El martes pasado fueron detenidos tres personas, dos de ellas a cargo de armerías clandestinas y el tercero uno de sus contratantes, enlace entre los armeros y los grupos paramilitares. El hecho se descubrió al interceptar una conversación en clave, en la cual Carlos Yañez, ex humorista del canal opositor RCTV le solicitaba a Luis Raúl Ramírez silenciadores y miras telescópicas para armas largas. En los allanamientos se encontró un verdadero arsenal con armas largas, partes de fusiles y miles de municiones. Yañez, a su vez, tiene vinculación con Cheng Kwan Nga, ciudadano de origen chino detenido en Aragua hace pocos días, a quien también se le incautaron armas de guerra y otros materiales luego de allanar su vivienda tras investigarlo por el asesinato del capitán de la GNB, José Guillén Araque, atacado el lunes 17 de marzo por francotiradores.
 
Por último, el jueves 27 de marzo, el Ministerio Público informó que detuvo a 13 ciudadanos imputados de terrorismo y asociación para delinquir, en un allanamiento donde se secuestraron computadoras portátiles, teléfonos satelitales, celulares y prendas de vestir tipo militares. Ocho de los detenidos son originarios de Trinidad y Tobago, uno de Haití y otro de Guyana (estos últimos dos nacionalizados venezolanos, los trinatarios inmigrantes ilegales). Los tres restantes son venezolanos y miembros de tres fuerzas de seguridad distintas: Rafael José Durán, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); José Gregorio Socorro Montañez, de la Policía Nacional Bolivariana y Fery Hernán Molina, de la Policía de Chacao. Según presume la Fiscalía, los dos primeros funcionarios eran los encargados de dar entrenamiento militar a los inmigrantes y el PoliChacao estaba proveyendo elementos de logística.
 
A su vez, también en estos últimos días, los manifestantes presentados por CNN como “estudiantes pacíficos” quemaban totalmente la sede de una Universidad (la sede Táchira de la UNEFA) y atacaban otras 15 sedes de casas de estudio, además de incendiar la sede del Poder Electoral en Maracaibo y atentar con explosivos contra la sede del Partido Socialista (PSUV) en Barquisimeto, capital del estado Lara.
 
Todos estos episodios se dan en un contexto donde los grupos derechistas intentan bombardear el diálogo nacional convocado el gobierno, proceso que cuenta con el respaldo del 90% de la población según recientes encuestas, y que ha sido legitimado en estos días por los cancilleres de UNASUR, quienes arribaron al país en momentos en que se desarrollaba el mayor sabotaje eléctrico de estos meses. Sobre esto y el intento de envenenamiento del agua potable en Mérida hablaremos en una segunda parte.
 
Fernando Vicente Prieto, desde Caracas – @FVicentePrieto
 
 
https://www.alainet.org/en/node/84352?language=es
Subscribe to America Latina en Movimiento - RSS