Cuatro decenas de muertos, mil 956 detenidos por la violencia ya liberados, 168 aún detenidos, son apenas cifras que no explican en absoluto este proceso de inoculación continua del terror que amenaza perdurar, de no prosperar el diálogo acordado con la Unasur, y bombardeado por Estados Unidos y sus aliados de la ultraderecha regional y mundial.

 

El comunicado de los cancilleres de Unasur sobre su gestión en Venezuela fue cauto, diplomático, sin aspavientos, cuidando cada término, pero en definitiva favorable a las posiciones y acciones que ha venido adelantando el gobierno. La reacción de los sectores violentos la resumió el diario El Nacional: “Oposición rechaza que Unasur sea el mediador en la crisis venezolana”. Desde afuera ya les habían dado línea.

 

Las más recientes declaraciones de la Subsecretaria de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, constituyeron –más allá de la injerencia en los asuntos internos- una tentativa de descalificación a lo actuado por la comisión de Cancilleres de la Unasur. Jacobson fue más allá: «Estados Unidos no descarta ninguna posibilidad de ejecutar sanciones en el futuro”, dijo.

 

En síntesis, el gobierno ha dicho que acepta todos los términos de las propuestas de Unasur. La opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) en su conjunto, ni los distintos partidos y grupos que la componen, aún no se han expedido.

 

Los cancilleres reafirmaron su estricto apoyo a la democracia, resaltando la voluntad colectiva de UNASUR en apoyar un proceso de diálogo amplio y respetuoso, tomando en consideración la Conferencia Nacional de Paz, y reiteraron su condena a cualquier tentativa de ruptura del orden constitucional.

 

O sea, Unasur reconoce la legitimidad y amplitud de la Conferencia Nacional de Paz; rechaza de manera explícita la violencia y cualquier intención de golpe de Estado; se llama a asumir (término muy significativo) el compromiso de deponer todas las acciones violentas; reconoce la flexibilidad política de Maduro, quien aceptó la propuesta de acordar un testigo de buena fe para el diálogo.

 

En este ítem, Maduro aceptó un candidato extrarregional: el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien fue representante del Vaticano en Caracas.

 

Flaco favor le hacen los obispos venezolanos a las posibilidades mediadoras del Vaticano. Ovidio Pérez Morales, ex presidente de la Conferencia Episcopal y militantemente opositor explicó a El Nacional que su propuesta de un gobierno de transición «va dirigida al presidente Nicolás Maduro, y no se trata de una vía alterna a la Constitución. No es para quitar a unos y poner a otros; este país tiene que ser construido por todos».

 

Con el mismo lenguaje de los sectores más agresivos de la oposición, el obispo observa en el gobierno «muchos rasgos de dictadura» y lo acusa de haber exacerbado la violencia.

 

Pero la declaración de Unasur obliga igualmente al gobierno plantearse nuevas acciones: deberá ceder en la instalación de un Consejo Nacional de Derechos Humanos, convocar de manera inmediata a la Asamblea Nacional para la designación de los cargos vacantes de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, dos rectores del Consejo Nacional Electoral –que terminan su periodo constitucional- e iniciar el proceso para designar el nuevo Contralor de la República.

 

Hay dirigentes de la oposición que no quieren diálogo, pese a que lo reclama la inmensa mayoría de la población. Existen sectores cerrados a cualquier diálogo y que son un factor de presión y hasta de chantaje contra quienes están dispuestos a dialogar y recorrer el sendero democrático. No será nada fácil persuadirlos a sentarse en la mesa, aún con el cardenal Pietro Parolin mediando, señala Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias.

 

Pero las consignas -mayor seguridad o un freno a la especulación o la escasez- que motivaron los disturbios en algunas regiones del país, fueron solo un pretexto movilizador para alcanzar fines criminales. Leopoldo López (preso por incitación a la violencia), dijo cuando abandonó la manifestación frente a la Fiscalía: “Estaremos en la calle hasta que caigan”. ¿Dialogar?

 

 

Que quede en claro: la mayoría de los muertos (al menos 22) fueron asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados a los fuerzas de la burguesía venezolana. No fueron resultado de enfrentamientos. Más de la mitad que fallecieron por disparos en la cabeza; eso es una estrategia paramilitar. Los estudiantes son la carne de cañón de quienes esconden la cara y de quienes los financian.

 

Los violentos venezolanos son una mezcla rara de paramilitares colombianos y “sifrinos” (niños bien) venezolanos, sin más proyecto que el plan golpista llamado “La salida”. En Maracaibo, la segunda ciudad del país, el estudiante Roberto Luis Annese perdió la vida cuando intentaba manipular un mortero casero para dispararlo contra la policía. ¿Quién responde por esos muchachos?

 

 

Quizá sea hora de autocríticas. Señala la columnista Mariadela Linares que al gobierno, por su parte, le corresponde no solo moderar el lenguaje, que bastante desagrada, sino mostrar señales de que está tomando acciones concretas para reducir el descontento, como llenar los anaqueles, abastecer las farmacias, desarmar y apresar delincuentes, frenar la inflación,

 

“Una estupenda muestra voluntad sería ver publicada la lista de quienes saquearon a Cadivi (institución encargada de la administración cambiaria). Con una acción de esa naturaleza tal vez ni siquiera sería necesario dialogar”, agrega.

 

El presidente de la central empresaria Fedecámaras Jorge Roig señaló que las mesas de trabajo económica siguen, aunque la prensa no las reseñe. “Han funcionado relativamente bien, se han venido desmontado requisitos burócratas, como los tiempos de los certificados de producción nacional y se eliminó la fianza de fiel cumplimiento, por ejemplo. Hasta ahora estamos complacidos de cómo van las mesas de trabajo con el gobierno”. Con respecto al desabastecimiento, dijo que “hay sectores que están críticos, se han roto varias cadenas de producción y reconstituir eso va a tomar su tiempo. No tenemos buenas noticias para el corto plazo, pero ojalá que se empiecen hacer las cosas bien para que el tercer trimestre poder recomponer la cadena productiva”.

 

Luis Vicente León, director de Datanálisis y guionista de la opisición, habló de dos fracturas en los antichistas. La primera grieta deja «dos clusters opositores: uno que piensa que el objetivo es presionar al Gobierno para negociar cambios estructurales en su modelo político y económico, otro que es un gobierno ilegítimo por acción y que debe sacarse del poder como sea.

 

Para León, para los primeros es una lucha cuyo éxito a corto plazo es lograr que el régimen cambie y en el camino construir una mayoría opositora que lo rete electoralmente en todas las próximas oportunidades que se presenten o se creen, pero en condiciones distintas a las del pasado, en términos del tamaño opositor y de cambios institucionales que se logren en la negociación por presión (cambios en los magistrados del TSJ, rectores en el CNE, Fiscal confiable para todas las partes, entre otros).

 

El segundo clúster piensa que el primer grupo es naive, colaboracionista o ambos, que es obvio que Maduro es un dictador, a pesar de haber sido elegido por el pueblo dice el encuestador.  «El objetivo es cambiar al Gobierno, para lo que no es relevante quién es mayoría o si acompañan las masas populares, porque éste no es un tema electoral”.

 

La segunda fractura oposicionista está en la batalla entre líderes, donde Leopoldo López reta el liderazgo de Capriles Radonsky. «El tema es que los retadores deben diferenciarse del líder convencional. Frente una posición moderada, contrastan la radical”.

 

Desde su escondite, Carlos Vecchio, Coordinador Político de Voluntad Popular (que lidera López), señaló al diario El Universal que “El modelo que este régimen ha implementado es inviable. Ha roto la convivencia, no da respuesta a los problemas de los venezolanos y restringe la libertad. No hay gobernabilidad porque este modelo excluye a más de la mitad del país. Tengo amigos en el oficialismo que lo saben. Hemos hablado. El chavismo democrático debe facilitar la transición».

 

 María Corina Machado, quien quiso incendiar el país desde el exterior (incluso desde la OEA, con el aval de Panamá) y solicitó grandes sanciones económicas al gobierno estadounidense contra su país, comenzó -con el clásico «yo no fui»- a huir hacia adelante: “Yo tampoco estoy de acuerdo con incendiar las calles. Nadie está de acuerdo con que haya violencia. En lo que estamos de acuerdo es en que tiene que haber un cambio, y que ese cambio solamente vendrá de la fuerza del pueblo y allí estamos todos de acuerdo que tiene que ser pacífico y constitucional”.

 

 

Sería erróneo pensar que estas “guarimbas” y ataques violentos que llegaron al extremo de asesinar selectivamente a vecinos o autoridades que limpian las zonas afectadas, no están haciendo daño en varios sentidos: son parte de una guerra de desgaste que es acompañada por buena parte del “partido” mediático nacional e internacional, y por factores económicos que siguen apostando al sabotaje y que financian generosamente a los comandos violentos. Quieren provocar cansancio en los ciudadanos, sembrar una sensación de caos e ingobernabilidad.

 

¿Cuándo se había visto en Venezuela destruir una pista de atletismo como forma de protesta? ¿Cómo explicar el incendio de un camión con cuarenta toneladas de alimentos para el pueblo? ¿Cómo se explican los salvajes ataques a las estaciones del Metro y a las instalaciones eléctricas y telefónicas?, se pregunta Díaz Rangel.

 

Hoy, un plan golpista no parece tener perspectivas de éxito, sobre todo porque en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los violentos están generando gran rechazo. Algunos dirigentes opositores suponen que las guarimbas les están haciendo un trabajo sucio del cual ellos puedan recoger alguna cosecha, dado el deficiente trabajo de masas. Bien vale, piensan algunos, la cabeza de Leopoldo López, si a cambio de eso se sigue afectando el abastecimiento de mercancías y se siguen perfilando las matrices de caos, desgobierno, zozobra y miedo.

 

Esos sectores saben que las “guarimbas” no derribarán al gobierno, pero esperan que los problemas y las matrices actuales se incrementen, o al menos se mantengan, para recoger después la cosecha en votos, aun cuando recientes encuestas señalan lo contrario.

 

En Venezuela parecen haberse invertido todos los códigos de la relación histórica entre izquierda y derecha, lo que confirma que los sectores conservadores, para tratar de acercarse a las mayorías, copian el discurso progresista. Así lo hizo Henrique Capriles en la campaña electoral ante Hugo Chávez, por ejemplo.

 

Ahora intentan imponer el imaginario del mundo al revés en un acto transformista: la izquierda sería la fuerza, la represión y la censura, responsable de la crisis y los actos ilegítimos; la derecha se disfraza con rostro del pueblo, de los jóvenes, de los que ponen las víctimas, los censurados, los que reclaman contra la inflación y el desabastecimiento, y pasan a tener patente de demócratas reconocidos alentados por los grandes medios cartelizados del mundo, parte de la batalla y no meros informadores: la guerra es cultural, ideológica.

 

La violencia es una táctica, parte de la estrategia diseñada de antemano. Fue algo buscado desde el primer día de las movilizaciones y, los muertos -en su mayoría chavistas o policías- son presentados cómo causados por una represión que nunca existió, aun cuando el monopolio de la fuerza debiera estar en manos del Estado.