Honduras

Marcha campesina: más tierra más vida

Javier Suazo

19/05/2014

Opinión

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El gobierno de la República y sus asesores neoliberales sigue sin aceptar que la reforma agraria está de vuelta. No se trata de la reforma agraria en el sentido tradicional, de expropiaciones y adjudicaciones de tierras no planificadas, modelos de organización campesina impuestos y excluyentes al no reconocer derechos de propiedad a la mujer campesina. Se trata de una reforma agraria integral cuyo objetivo fundamental es garantizar el acceso a tierra productiva por campesinos (as) sin tierra o precaristas rurales como un instrumento para aumentar la producción de alimentos, lograr la seguridad y soberanía alimentaria, disminuir la pobreza y desigualdad y proteger los recursos naturales.

En el gobierno pasado (2010-2013), la vía de la “reforma agraria” utilizada fue la compra de tierra con fondos públicos a los terratenientes y agroindustriales, que debería ser pagada por los campesinos de la zona del Bajo Aguán. Esta modalidad ha resultado cara, incompleta y riesgosa en tanto sigue latente la recuperación de la tierra por los terratenientes en caso que los campesinos incumplan con los compromisos de pago. Más de 4,700 Has de tierra fueron compradas para beneficio de parte de los afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y el Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA), pero el plan de negocios formulado para pagar la tierra a los bancos que prestaron la plata, no es una garantía que el negocio de sembrar y cosechar la fruta de palma africana sea el mejor negocio del mundo.

Frente al problema de la alta concentración de la propiedad e inmovilismo de la política agraria por parte del gobierno, donde no hay señales que la reforma agraria tendrá algún espacio dentro de la estrategia de desarrollo agroalimentario sustentada en el apoyo al monocultivo de la palma africana, azúcar y ganadería bobina; los campesinos y campesinas aglutinados en la Alianza Campesina (AC) que conforma más de 30 organizaciones y federaciones campesinas han vuelto a marchar exigiendo la aprobación de una Ley de Reforma Agraria Integral y Soberanía Alimentaria engavetada en la Secretaria del Congreso de la República.

Los campesinos exigen que se cumpla con el mandato de la Constitución de la Republica de ejecutar la reforma agraria como un programa del Estado, orientado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad que garantice la justicia social en el campo; sin embargo, esta exigencia pasa por la derogación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) de marzo de 1992, que elimina las causales de afectación de tierras y debilita el accionar el Instituto Nacional Agrario (INA) en materia agraria. Exigen apoyo directo y efectivo del Estado para producir alimentos y lograr la seguridad alimentaria, disminuir la presión sobre las divisas del gobierno por la creciente importación de alimentos, generar empleo, disminuir la pobreza extrema y parar las violaciones de los derechos humanos.

No es una tarea fácil. Por un lado, una parte de las organizaciones campesinas creadas al amparo de la Ley de Reforma Agraria no apoyan esta marcha, ya que se sienten conformes con los convenios de asistencia técnica y financiera que suscriben cada año con el gobierno, donde se estipula el traslado de fondos públicos para ser manejados por sus dirigentes, por el otro, la oposición política luce fragmentada y no tiene todavía claridad de lo que sería una agenda legislativa con el tema agrario como prioritario. Incluso, contrario al pasado, la academia no se ha involucrado con propuestas y asesorías a los caminantes agrarios.

La lucha por la tierra pasa por recomponer la triada agraria: movimiento campesino, oposición política y la academia. El punto de partido y encuentro de esta lucha es el Congreso Nacional de la República, en tanto el gobierno demostró que no le interesa el tema y le apuesta a la militarización de las zonas de conflicto agrario y represión para los campesinos y campesinas. El involucramiento de la academia puede se motivado a través de la colaboración de agencias cooperantes para la celebración de foros, seminarios, talleres y jornadas de capacitación y reflexión para acompañar los esfuerzos por aprobar una nueva legislación agraria, con la elaboración, socialización y presentación de un plan de desarrollo agrario del largo plazo.

El Plan de más tierra para la vida debe partir del hecho que al ser la reforma agraria un programa integral y prioridad nacional, todas las demás políticas deben acoplarse y complementarse, en especial las políticas agrícolas (crédito, asistencia técnica, precios, comercialización, transferencia de tecnología, etc.), ordenamiento territorial y boque, industria y competitividad del sector. Los caminantes por más tierra y más vida están demostrando que si se puede avanzar en la construcción de un modelo que combata la desigualdad económica, exclusión social y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Aquello de que la reforma agraria es cosa del pasado y no es viable en la coyuntura actual de mayor concentración de la propiedad y represión, es sólo un cuento chino.

Tegucigalpa, DC, 19 de mayo de 2014

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