El Estado Mexicano ante la Ciudad de México
01/07/2014
- Opinión
La primera impresión que da la Ciudad de México es su enorme tamaño; todo es inmenso. Sin embargo, la infraestructura es anticuada y queda pequeña ante la demanda. Lo segundo es que cada individuo se apropia de un trozo del espacio público sin regulación alguna; cada individuo establece las normas públicas, las que cada uno cree válidas. La policía a su vez establece acuerdos particulares y no reconoce la ley general. Los ciudadanos quedan inermes ante los problemas que aquejan a la urbe y saben que no existen instituciones que les protejan, cada individuo se procura a sí mismo como puede. Dado que la mitad de la población urbana no vive en el D. F., las autoridades tienen la coartada perfecta para desatender los males urbanos.
Deberíamos felicitarnos de que el caos no sea peor. El Estado ha renunciado a gobernar, por ello no proporciona la infraestructura que la vida urbana requiere y ha abandonado también su papel de garante del contrato social. Estas son dos tareas fundamentales del Estado. Desde el Siglo XIX los municipios y los estados proporcionan servicios de gobierno a su población, al margen de las tareas de la federación. El gobierno del Distrito Federal sencillamente no cumple con su encargo.
El Estado mexicano se refundó en el Siglo XX a partir de la premisa de que México sería un país de instituciones; no habría espacio para la arbitrariedad de los gobernantes. Probablemente esa premisa no rebasó el espacio del discurso, pero el país adquirió una pátina de legalidad burguesa. El Estado se encargaba de organizar el espacio público, además de la economía burguesa misma y creaba incluso a la burguesía nacional. Sobre el tema se ha derramado mucha tinta.
La teoría económica en auge recetó hace décadas que los Estados deberían ceder su espacio y sus funciones a los privados. El Estado mexicano ha cumplido con el mandato. La Ciudad de México quedó sin autoridades dispuestas a organizarla. Las autoridades pactan con grupos particulares y defienden sus intereses.
Desde luego ellos son los ganadores en la situación actual; por ejemplo, el comercio informal, aquellos que se apropian del espacio público para beneficio privado o los proveedores de servicios urbanos desregulados y abandonados por el Estado. Quizá ello es evidencia de la voluntad empresarial, pero los usuarios de esos servicios son víctimas de la privatización.
Un ejemplo de los costes del desgobierno es la enorme cantidad de horas perdidas por la mala calidad de la infraestructura -ello redunda en la productividad de la economía y en el nivel de ingresos de la población. El coste de la corrupción de la policía y del sistema jurídico es gigantesco y no se compensa con las ganancias de los beneficiarios. La calidad de las instituciones es una variable para juzgar las perspectivas que tiene una sociedad para asegurar el bienestar de la población en su conjunto. La sociedad es una sola y cada individuo pierde con la ineficacia de los gobernantes; incluso los beneficiarios del caos.
Las instituciones se han definido de diversas maneras; desde la economía se espera que sirvan para simplificar la vida económica y abatir sus costes. Ello implica la existencia de instituciones formales que siguen reglas escritas con nula incertidumbre. Ese es el tipo de institucionalidad al que han renunciado los gobernantes del D. F. Las instituciones existentes no aseguran la convivencia ordenada entre los miembros de la sociedad ni garantizan la propiedad privada o la integridad de los individuos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) gobierna al D. F. desde 1997; este partido se ostenta como de “izquierdas” y en principio debería estar en desacuerdo con la revolución liberal, la que Carlos Tello ha llamado la revolución de los ricos. Cuando los partidos de izquierdas han gobernado en diversos lugares del mundo, han cuidado la reconstrucción de las instituciones. El gobierno de la ley es beneficioso para los votantes de los partidos de izquierdas, si la arbitrariedad es el patrimonio de los poderosos.
El PRD por el contrario, ha sido cuidadoso de aliarse con quienes se apropian de los espacios públicos y de los servicios privatizados, de los beneficiarios de la inoperancia de la infraestructura y el desgobierno. Es inútil esperar que las autoridades amenacen con la regulación de las actividades informales, que tomen los pasos necesarios para proporcionar a la ciudad la infraestructura que requiere o que planifiquen el futuro de la Ciudad.
Una de las pocas variables que crece saludablemente en México es la población y con ella, sus necesidades. Es notable que no exista una discusión pública sobre la urgencia de que el Estado cumpla con su tarea, esa que incluso la teoría liberal concede como necesaria para la buena marcha de la vida civilizada. El PRD gobierna a la ciudad en los mismos términos que los partidos que gobiernan a la Federación, en beneficio de pocos, negándose a ver las necesidades de la población silenciosa, la que sufre la cotidianamente ante la desatención de los problemas urbanos.
- Fidel Aroche fidel.aroche@gmail.com
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