Regreso de Chiapas cargada de sentimientos encontrados. Llena de dolor y preocupaciones, pero trayendo en el corazón la esperanza de que será posible encontrarle una salida negociada al conflicto para bien de los chiapanecos y todos los mexicanos, y en particular para los pueblos indígenas. Me duele en lo mas hondo del alma la situación de mis hermanos indígenas, principalmente las viudas, los huérfanos y los miles de desplazados de sus comunidades. Me preocupa profundamente el empantanamiento en el que se encuentra el proceso de diálogo y la sensación cada vez más generalizada de frustración y pesimismo. Sin embargo, la convivencia con las comunidades y sobre todo con los sobrevivientes de Acteal fortaleció en mí la confianza en que se puede y se debe explorar nuevos caminos para reiniciar el diálogo. Tal como lo expresé desde el inicio de esta visita, he llegado llena de respeto y sentido de la responsabilidad. He venido a escuchar con atención a todos los actores en el conflicto de Chiapas y en los esfuerzos e iniciativas que puedan conducir hacia la paz. No vine a pretender mediar ni simplemente a observar. Mi mayor aspiración es contribuir con propuestas e iniciativas, por sencillas que sean, para hacer realidad el acompañamiento moral del que he hablado. Estoy aquí porque la condición de Premio Nobel de la Paz me compromete con la búsqueda de soluciones negociadas a los conflictos; estoy aquí porque la misión de Embajadora de Buena Voluntad de UNESCO me involucra activamente en la promoción y construcción de una Cultura de Paz. Pero por encima de cualquier título o cargo, estoy aquí como mujer indígena, como madre indígena identificada y comprometida con mis hermanas y hermanos Mayas del Estado de Chiapas. A lo largo de nueve días me reuní con el Presidente de la COCOPA y tres de sus integrantes, con el Coordinador para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, con el Presidente de la CONAI y la mayoría de sus integrantes, con organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal y en Chiapas, con organismos de Derechos Humanos y con el Gobernador del Estado de Chiapas. También me reuní -y eso fue de la mayor importancia - con comunidades y sus representantes en Acteal, Polhó, Ocosingo y los desplazados en San Cristóbal. Lamentablemente no fue posible la reunión con el EZLN. Además recogí abundante documentación que necesito analizar para complementar la información y las impresiones que obtuve en todas esas reuniones. Necesito algún tiempo para meditar sobre cualquier iniciativa o propuesta que pueda ayudar a superar la crisis profunda que vive el proceso de diálogo y negociación; cualquier precipitación sería irresponsable y de ninguna manera me puedo quedar simplemente en la denuncia y condena de las injusticias o en las expresiones de solidaridad. No obstante, siento la obligación de adelantar algunas consideraciones iniciales que valoro importantes y que expresaré de manera sencilla y concreta. 1. Las condiciones de marginación y pobreza, extrema en su mayoría, que viven y sufren las comunidades indígenas en Chiapas, continúan siendo una realidad que nos debe doler y sensibilizar a todos. Esa situación se ha agravado en los últimos cuatro años, principalmente para quienes han sido desplazados de sus comunidades de origen. 2. Todos los interlocutores a los que escuché y todos los escritos que he leído, expresan la disposición al diálogo y la negociación. Nadie se manifiesta por la guerra o las soluciones de fuerza. Sin embargo la incomunicación es total entre los actores principales y no se flexibilizan posturas ni se sacrifican intereses en función de facilitar nuevos espacios para la negociación. Con todo respeto opino que algunos de los actores olvidan que el diálogo es un medio, un instrumento y no un fin por el que no se puede dar ni un paso atrás. En su carácter de herramienta, el diálogo y las negociaciones pueden y deben adoptar formas creativas y flexibles en busca del anhelo profundo de alcanzar la justicia, la paz y la reconciliación. 3. La mayoría de los actores advierten el riesgo de que al cerrarse completamente los caminos para la solución negociada, crecerían peligrosamente las condiciones para la profundización y prolongación del conflicto. El mismo temor existe sobre las consecuencias de acciones unilaterales o impositivas. Cada quien imagina diferentes escenarios, pero todos coinciden en vislumbrar mayores niveles de violencia y confrontación. En muchos lugares se respira una tensión extrema y se percibe el peligro de que en cualquier momento y bajo el menor pretexto salte la chispa que incendie los ánimos y desencadene tragedias inimaginables. La fuerte y extendida presencia militar, forma parte de esa tensión y hace aumentar la preocupación de que se produzcan hechos violentos por cualquier causa, incluso por errores humanos. La solo presencia de tantos soldados en los poblados, altera la vida comunitaria. 4. Posiblemente el peligro más grande, a juzgar por lo que escuché y pude ver, está en la existencia y actuación impune de grupos armados vinculados a caciques y políticos locales que amenazan a las comunidades, abusan de ellas y siembran la incertidumbre y el miedo mediante la implantación del terror. Veo con enorme preocupación el riesgo de que aumente el número de este tipo de grupos y crezca su poder, pues la historia ha demostrado en muchos lugares que esas bandas terminan siendo incontrolables y que generan una espiral de violencia que es muy difícil detener. Cualquiera que crea que la actividad y la presión de esos grupos puede servir para contrarrestar y neutralizar la acción y la influencia del adversario, es porque no quiere ver y entender las lecciones terribles que esas experiencias han dejado en otros países. 5. He escuchado varias voces y leído muchos comentarios de prensa que descalifican la actuación y cuestionan el futuro de la COCOPA y la CONAI. Con el mismo respeto que he opinado sobre otros aspectos, expreso mi profunda valoración respecto al papel que han jugado y deben jugar en el futuro dichos organismos. Hay que valorar y cuidar la experiencia acumulada en la búsqueda de puntos de encuentro y coincidencia, por pequeños que parezcan. Hay que proteger los pocos puentes existentes, por frágiles que sean, porque sin ellos los obstáculos pueden volverse insalvables. La "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", vigente desde el 11 de marzo de 1995, constituye un instrumento muy valioso y avanzado que debe ser defendido por lo que ha significado para evitar el agravamiento del conflicto y abrir espacios para el diálogo y la negociación. 6. Unos de los mensajes más esperanzadores que recibí es el de las comunidades y grupos que se expresan por la no violencia, por el valor inmenso de la reconciliación entre familiares, vecinos y paisanos. Es la manifestación del sentimiento de quienes se niegan a heredarle a sus hijos la división y la confrontación, y el destino trágico de la venganza y la violencia. Se trata de una postura valiente que debería ser apoyada por todos, pues allí reside la semilla para ir construyendo verdaderas comunidades de reconciliación donde se detenga la dinámica de enfrentamiento entre hermanos que hoy existe y se creen las condiciones para el retorno de los desplazados, con seguridad y dignidad. Hay que permitirle a las comunidades indígenas que busquen y encuentren en su propia cosmovisión los mecanismos ancestrales para la resolución de los conflictos; que puedan escuchar el consejo de los abuelos, sin paternalismos ni manipulaciones de ningún tipo. Se debe valorar y respetar el papel que pueden jugar las mujeres, con la fuerza que tiene su convicción y la profundidad del amor a su cultura. Para que pueda fructificar cualquier esfuerzo de reconciliación, es indispensable la desarticulación de los grupos llamados paramilitares y el procesamiento legal de los cabecillas responsables de todo tipo de crímenes. Solo de esa manera se podrá ir restaurando el tejido social que hoy se encuentra desgarrado por el enfrentamiento entre hermanos, como consecuencia de siglos de injusticia y desprecio contra los Pueblos Indígenas. 7. Pude constatar también la profundidad y la extensión que tiene la desconfianza y el escepticismo en las comunidades indígenas. Resulta natural que después de siglos de engaño, mentira y burla, los indígenas dudemos y desconfiemos de las intenciones de lo que se declare sobre asuntos que nos atañen. Por eso mismo resulta tan importante que se consulte a las comunidades indígenas, con respeto y mediante procedimientos aceptados por ellas, sobre toda iniciativa política y legal que las afecta. Expreso mi preocupación al observar la exclusión de los indígenas del debate sobre leyes y reformas de enorme trascendencia para el futuro de sus pueblos. Una vez más son otros quienes discuten lo que es bueno o es malo para los pueblos indígenas, cuando deben ser ellos mismos los principales constructores de su destino. 8. El mensaje de esperanza y amor a la vida que recibí de parte de las viudas, los huérfanos y en general los sobrevivientes de la matanza de Acteal, es el mayor estímulo para creer que el diálogo puede y debe tener nuevas oportunidades y que la paz y la reconciliación son posibles en Chiapas. Al reiterar la condena a ese crimen absurdo y bestial y exigir juicio y castigo para quienes lo planificaron y los que lo ejecutaron, es necesario demandar el esfuerzo de todos los actores en el conflicto para que nunca más se repitan esas brutales violaciones contra el derecho a la vida. Por eso mismo es urgente e indispensable flexibilizar las condiciones para la reanudación del diálogo y, con creatividad y buena voluntad, encontrar nuevos caminos para la solución negociada. De lo contrario la tragedia de Acteal podría convertirse en el inicio de una espiral de barbarie en la que los pueblos indígenas pagarían con su sangre la intransigencia de quienes no hubieran agotado los esfuerzos por el diálogo para la paz. Finalmente, con profunda gratitud, expreso mi agradecimiento por la confianza mostrada por cada uno de los actores con quienes hemos podido conversar y que nos están permitiendo conocer de cerca la realidad de Chiapas. México, D.F., 25 de marzo de 1998.