El 16 de febrero de 1996 el gobierno mexicano firmó con el EZLN los Acuerdos de San Andrés, donde se comprometía a reconocer los derechos y la cultura indígenas. Nunca los cumplió, y peor aún, varios años después aprobó una ley contraria a éstos. El expediente sigue abierto. Como festejo de conmemoración del décimo aniversario de esa farsa del gobierno, exactamente el 16 de febrero de 2006, culmina otra farsa de enorme impacto para los derechos y las culturas indígenas de México: ese día se cierra lo que el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) llama una "consulta pública" sobre la liberación de maíz transgénico en México, centro de origen del cultivo. Esta vez la traición va mucho más allá de los pueblos indios: además es una traición a todos los campesinos y todos los que trabajan, consumen, y viven con el maíz. Esta mal llamada "consulta pública" se refiere a las solicitudes que presentan tres empresas multinacionales, Monsanto, Pioneer-Dupont y Dow, para experimentar con siete tipos de maíz transgénico, para colmo, en campos de dos instituciones públicas: el Cinvestav y el Inifap. Las solicitudes son la punta del iceberg del Proyecto Maestro del Maíz, plan diseñado por las mismas empresas multinacionales junto a investigadores mexicanos elegidos selectivamente, en discretas reuniones realizadas desde octubre de 2004, a convocatoria formal de Luis Herrera Estrella, director del Cinvestav en colaboración con otros investigadores y operadores políticos con estrechas relaciones, incluso económicas, con las multinacionales. Ese proyecto, como dijeran los indígenas y campesinos de la Red en Defensa del Maíz en diciembre pasado, no tiene nada de "maestro" ya que no hay nada que les pueda enseñar a los que tienen 10 mil años de experiencia con el maíz. Más adecuadamente, agregan, se le podría llamar "Proyecto de Muerte del Maíz", ya que es una coartada para permitir que las empresas multinacionales legalicen la contaminación transgénica del maíz nativo con sus semillas patentadas que han provocado deformaciones en las plantas y conllevan riesgos de salud para todos. Cada día surgen nuevas evidencias de que los transgénicos tampoco cumplen ni con las promesas propagandísticas de las propias empresas, ya que rinden menos que las variedades convencionales, usan más agrotóxicos y son más caros. Peor aún: no son inocuos a la salud y por presión de las empresas en las agencias reguladoras, tampoco se hacen las pruebas necesarias para averiguarlo. En noviembre del año pasado, la institución de investigación científica más importante de Australia cerró un proyecto de 10 años y más de 2 millones de dólares, luego de comprobar que un transgénico que estaban desarrollando creaba alergias, hipersensibilidad cutánea y hasta daños pulmonares en ratas de laboratorio. La conclusión más alarmante fue que el tipo de pruebas que habían realizado para tomar la decisión de cerrar ese proyecto no se han aplicado a ninguno de los cultivos transgénicos que las empresas tienen en circulación. Repitiendo casi exactamente lo que hicieron con la introducción subrepticia del algodón transgénico en México, las empresas quieren comenzar con cultivos experimentales disimulados en estudios de instituciones públicas, para que luego las empresas puedan solicitar directamente la liberación y comercialización en el resto del país. En su atropello para garantizar sus inversiones en detrimento de los intereses de campesinos, indígenas y la soberanía alimentaria del país, ni siquiera han guardado las formas que generosamente les permite la Ley Monsanto (mal llamada de bioseguridad). Por eso luego de aprobar las siete solicitudes el año pasado, gracias a un recurso legal de Greenpeace, la Sagarpa tuvo que retirar estos permisos y llamar a esta farsa de "consulta pública". Como bien lo demostró Alejandro Nadal, tampoco esta consulta es legal, ya que no tiene sustento en dicha ley, sino en una norma anterior que no está vigente (La Jornada, 8/2/2006). Pero aún si estuviera dentro del marco legal aprobado en favor de las empresas, definitivamente es ilegítima. ¿Cómo podría considerarse legítima una "consulta pública" de la cual virtualmente nadie del "público" mexicano está enterado y que para saberlo tiene que ir al sitio Internet de la Senasica/Sagarpa, en los míseros 20 días que está abierta tal "consulta" y además elaborar una carta "sustentada técnica y científicamente"? ¿Será que los campesinos e indígenas de México, principales interesados y afectados, tienen una computadora conectada en sus milpas, visitando diariamente el sitio de Senasica para poder enviar sus preocupaciones? ¿Será que para los funcionarios tendría algún valor, que quienes han creado el maíz y es sustento de sus vidas y culturas resuman su vastísimo conocimiento expresando, como el pueblo huichol que "el maíz es nuestra madre, el maíz es nuestro alimento, el maíz es sagrado. No sabemos hablar bien el español, pero sí sabemos hablar con el maíz", y que por eso se nieguen rotundamente a que ese maíz sea violado con transgénicos? Existen innumerables testimonios de campesinos, indígenas, ambientalistas, intelectuales, artistas, académicos y otros que ya han expresado mucho más públicamente que esta consulta que México no quiere ni necesita maíz transgénico. Si usted quiere recordárselo a los receptores de esta "consulta", puede enviarle su opinión a amada.velez@sagarpa.gob.mx, y al director de Senasica, Javier Trujillo, trujillo@senasica.sagarpa.gob.mx - Silvia Ribeiro es investigadora de Grupo ETC Senasica: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.