La privatización del agua está tomando auge en América Latina. A pesar de reveses y derrotas que han sufrido en lugares como Puerto Rico, Bolivia y Uruguay, las transnacionales del agua se disponen a apropiarse de los recursos hídricos de la región- ríos, acuíferos, pozos y sistemas de acueductos-, empleando en su hábil discurso los conceptos de "descentralización", "participación de la sociedad civil" y "desarrollo sustentable".

 Como veremos, la privatización de este recurso está estrechamente relacionada con la compraventa de "servicios ambientales", los mecanismos "flexibles" de mercado del Protocolo de Kyoto, los megaproyectos del Plan Puebla Panamá e IIRSA y la agenda hemisférica de libre comercio 1.

Las diversas modalidades y coartadas de la privatización

En abril de 2005 se realizó en la Ciudad México el Primer Taller Popular en Defensa del Agua, actividad convocada por el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de México (CASIFOP) y el Instituto Polaris de Canadá en la que participaron sobre 400 personas de todo México y varios países del hemisferio americano. Los participantes, que incluyeron campesinos, pueblos indios, sindicalistas, integrantes de movimientos urbanos, investigadores, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil, compararon notas y compartieron vivencias de sus luchas respectivas contra la privatización del agua y contemplaron posibles caminos hacia la consolidación y adelanto de la defensa del líquido como un derecho humano para todos, manejado de manera sustentable, democrática y responsable.

 En el Taller se identificaron las diversas modalidades de la privatización del agua en las Américas: -Privatización de los servicios municipales de agua en zonas urbanas. En esta modalidad, que es la más obvia pero no la única, corporaciones transnacionales se apropian de las redes de distribución y plantas purificadoras con el aval de nuevas legislaciones en torno al agua. -Privatización de los territorios y biorregiones. Para citar un documento de CASIFOP: "Las empresas que comercian y/o necesitan masas de agua para sus actividades, van por la privatización de territorios y biorregiones enteras para garantizarse el uso monopólico del recurso, protegidas por cambios en las legislaciones."

-Privatización por desviación de aguas.

Mediante canales que desvían ríos enteros fuera de su cauce natural y la construcción de megaproyectos de infraestructura como hidrovías y represas, se provee agua abundante para usuarios industriales y agronegocios a costa de las necesidades básicas de millones de indígenas y campesinos. -Privatización por contaminación. Cuando los grandes usuarios corporativos contaminan el recurso mediante su uso y abuso (por ejemplo industrias mineras, petroleras, papeleras, eléctricas y monocultivos agroindustriales intensivos en el uso de agrotóxicos), imposibilitan el que sectores menos pudientes puedan usarlo. -Privatización por el embotellamiento de agua. Cuatro transnacionales controlan gran parte de este próspero negocio (Coca-Cola, Pepsico, Nestlé y Danone). Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y favorables y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo que le costó conseguirla.

Monopolio de las tecnologías.

Y encima de que las grandes industrias despilfarran y contaminan el agua que es de todos, también controlan las tecnologías para su extracción y purificación. "A través de control monopólico de mercados y patentes de tecnología, los destructores del recurso se presentan como los salvadores, a los cuales todos tenemos que pagar", expresó Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, una de las participantes del Taller en Defensa del Agua.

 La ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se fundamenta en tres premisas cuestionables: Crecimiento poblacional- "Cada vez hay más y más gente que debe tener acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo cual provoca tensiones y conflictos sociales." Este argumento tiende a simplificar crasamente la compleja problemática social en torno a los recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas extremas, o que si existen no son de consecuencia alguna. Justo valor económico- "Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene gratuitamente o a precios artificialmente bajos.

Por lo tanto, si su precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente evitaría su abuso y uso excesivo." Dicen los ejecutivos de empresas privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el agua es un negocio costoso y riesgoso y sus empresas deben manterse rentables para poder competir. Pero Los precios altos que cobran estas firmas no están basados en racionalidad de mercado o criterios de sustentabilidad ecológica. Las compañías aparentemente independientes que operan acueductos municipales son casi todas subsidiarias de una media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus abonados no se invierte en mantenimiento y expansión de redes existentes sino en sus planes de expansión global y en jugosos dividendos y salarios ejecutivos.

El fracaso del estado

 "Como administrador del recurso, el estado ha fracasado, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de inversión en la infraestructura sino también mediante su promoción de una cultura paternalista de 'agua para todos a como dé lugar', que ha resultado en despilfarro y sobreexplotación." Sin embargo, en los países del Sur el aparente fracaso del estado se debe a una multiplicidad de factores externos, incluyendo el peso de la incosteable deuda externa y las políticas de ajuste estructural impuestas por la banca multilateral que requieren que prácticamente se desmantele el estado. "Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración", dice Silvia Ribeiro. "Por todo ello, es imprescindible construir nuestros propios mapas de la crisis y de los caminos para enfrentarla." 2. México México parece ser la cabeza de puente de la ofensiva privatizadora regional. Mientras que en otros países latinoamericanos se han librado grandes luchas populares en defensa del agua y hasta obtenido algunas victorias- como en la ciudad boliviana de Cochabamba-, en México, "la privatización del agua ocurre cotidianamente y cada vez en más puntos del país, mientras que la resistencia o las manifestaciones de rechazo de la misma se dan de manera dispersa y son percibidas en la mayor parte de los casos como problemáticas locales", según Karina Atayde y Thais Vega, investigadoras de CASIFOP.

En México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos en pro de la propiedad privada del agua para ablandar y fragmentar la oposición y para dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y los verdaderos desgnios de los privatizadores. El que las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina para exhibir al mundo las virtudes de la privatización se evidencia en la decisión de celebrar el próximo Foro Mundial del Agua en la capital del país en marzo de 2006. Este Foro, que se celebra cada tres años desde 1997, reúne los principales responsables de la toma de decisiones sobre el manejo de agua a nivel nacional del país anfitrión, representantes de dos tercios de los gobiernos del mundo, empresas que hacen negocio con el agua, entes no gubernamentales, miembros de la comunidad científica y agencias de la ONU. El FMA está dedicado a diagnosticar y adelantar los procesos de privatización del líquido a nivel mundial, y surge como iniciativa del Consejo Mundial del Agua, institución que fue fundada en 1996 junto con la Asociación Mundial del Agua (World Water Partnership). La misión de ambas agrupaciones es consolidar los procesos de privatización a nivel planetario. Una de sus principales estrategias es involucrar activamente a la sociedad civil en la gestión del manejo del agua, con el doble propósito de desplazar al estado y crear situaciones de crisis en las que la empresa privada figure como la única salvación.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983 cuando el presidente Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua. Estos cambios legales parecerían de primera intención una movida en pro de una genuina descentralización y un control local y democrático sobre el recurso. Pero según CASIFOP, "Al haber transferido responsabilidad del suministro a las autoridades municipales, el gobierno federal no sólo entregó las redes de infraestructura, sino además le heredó todos los problemas de la gestión, acumulados durante décadas: fugas, redes obsoletas y en malas condiciones, administración corrupta e irregular, entre otros, en un contexto de urbanización desenfrenada."

 En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual numerosos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales como la francesa Vivendi, incluyendo Aguascalientes, Saltillo y la ciudad México. En su intervención inicial en el Foro en Defensa del Agua, el profesor Andrés Barreda, de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió la realidad del falso descentralismo de la política de agua del gobierno: "La vía de la compartimentalización distingue los tres grandes tipos del uso del agua (urbano, rural e industrial), pulveriza la privatización de los usos urbanos mediante una estrategia de municipalización de los manejos, los contratos y los mercados de agua… Atomiza la privatización de los usos rurales al localizarlos sea en los diversos sistemas de riego o en las montañas y las selvas de México.

El proceso de privatización del agua muestra entonces una variada estrategia de avance espacial. Una estrategia atomizante de los ámbitos de conflicto y negociación del agua, según el cual el manejo del agua urbana queda en manos de los municipios mientras el agua rural queda en manos de los dispersos sistemas de riego que existen en el país. Ello permite a los grandes capitales transnacionales del agua poder negociar con entidades políticas de pequeña escala territorial.

Como las empresas resultantes supuestamente son de pequeña escala municipal, la gente piensa que en sus municipios tratan con compañías locales de escala menor, sin darse cuenta que en realidad son una de las mil caras de alguna gigantesca empresa transnacional de multiservicios, empresa que usa con habilidad envidiable la subcontratación, para debidamente desentenderse al momento en que empiecen los problemas sociales por la habitual entrega de malos servicios." 3. La realidad Los casos de las urbes de Cancún, Saltillo y Aguascalientes son ilustrativos. En la ciudad de Cancún, paraíso turístico en la costa caribeña, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix, una subsidiaria de la famosa y desgraciada compañía estadounidense Enron. Después de su escandalosa quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, "Las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe.".

En Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema se le concesionó a una compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas subieron de 32 a 68 por ciento, en contra de los términos acordados, que establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo. En Aguascalientes, cuyo sistema de agua fue concesionado a una subsidiaria de la trasnacional francesa Vivendi, las tarifas están entre las más altas de México. Pero estas tarifas altas no han resultado en un manejo sustentable del recurso; el acuífero del que depende la ciudad está cerca del agotamiento. Aunque las autoridades no lo reconocen, sostiene Public Citizen, la región será de las primeras del país que sufrirá una crisis de abasto de agua que obligue a una drástica reducción de los planes de expansión económica.

Fuera de México el panorama no luce mucho mejor: *

De 1995 a 2001 la Compañía de Aguas, subsidiaria del gigante corporativo francés Vivendi, administró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) con resultados desastrosos. Al expirar el contrato, la Oficina del Contralor de PR encontró 3,181 deficiencias en administración, operación y mantenimiento en las plantas de agua potable y aguas sucias. Entre 1995 y 2000 la Agencia de Protección Ambiental de EEUU multó a la AAA por $6.2 millones por varias violaciones. Y encima de esto, la Autoridad acabó en 2001 con pérdidas de $695 millones. En 2001 el gobierno de Puerto Rico puso la AAA en manos de otra compañía francesa, Ondeo, subsidiaria de Suez. El desempeño de Ondeo fue igual de desastroso que el de su predecesora y el gobierno canceló el contrato, devolviendo la AAA al sector público en 2004.

 * En 1992 Suez obtuvo un contrato de 30 años para administrar los acueductos de Buenos Aires. Se tardó tanto en construir alcantarillados que las aguas sucias se desbordaron a las calles y sótanos, amenazando la salud pública. * Cuando Vivendi tomó control de los acueductos de la provincia argentina de Tucumán en 1995 con un contrato de 30 años, la tarifas aumentaron sobre 100%. Tras intensas protestas populares, la compañía se marchó en 1998. * Los acueductos de la ciudad brasileña de Limeira fueron privatizados en 1995 y vendidos a la compañía Aguas de Limeira, que es 50% propiedad del conglomerado francés Lyonnaise des Eaux. Lejos de proteger empleos y proveer agua a precios razonables, la empresa despidió a 40% de los trabajadores de los acueductos y subió drásticamente sus tarifas. Los ahorros resultantes no se usaron para mejorar la infraestructura sino que fueron a los accionistas y ejecutivos de Aguas de Limeira. * Cuando en los años 90 la ciudad colombiana de Cartagena vendió su sistema de acueductos a la corporación española Aguas de Barcelona, 500 trabajadores fueron automáticamente despedidos. El nuevo patrono español ni siquiera reconoció la existencia de su sindicato.

 * A fines de la década de los 90, el BM obligó a Bolivia a privatizar los acueductos de su ciudad de Cochabamba, y en 1999 la norteamericana Bechtel obtuvo el contrato en un proceso en que ésta era la única compañía licitadora. A las pocas semanas, Bechtel impuso drásticas alzas en las tarifas, provocando protestas masivas en las que sobre cien manifestantes fueron heridos y uno muerto por el ejército. Eventualmente el gobierno cedió ante el clamor popular y revocó la privatización. Ahora Bechtel está demandando a Bolivia por $25 millones. 4. Participación popular: Alternativas a la privatización Estos casos contrastan con el sistema de agua de la ciudad de Monterrey, que está controlado una agencia pública. "Como algunas otras en el norte del país, esta entidad pública ha tenido éxito en asegurar una amplia disponibilidad del servicio mientras reduce las pérdidas de agua a través de redes y colectores de sus clientes", según el diario La Jornada. Dice el discurso neoliberal que la única alternativa a la privatización es el control monopólico del estado, burocratizado y corrupto. Pero en Suramérica hay varias iniciativas populares prometedoras para manejar el agua en el interés del pueblo, y no para atender intereses capitalistas o politiqueros. El hilo común en estos ejemplos positivos es la participación del pueblo. Comencemos con la ciudad brasileña de Porto Alegre, urbe afamada por haber sido anfitriona de los Foros Sociales Mundiales. Los acueductos de esta ciudad de 1.4 millones de habitantes, capital del estado sureño de Rio Grande do Sul, están bajo el control del pueblo desde que el Partido de los Trabajadores (PT) ganó las elecciones municipales hace más de una década. La entidad que los maneja, el Departamento Municipal do Agua e Esgoto (DMAE), es del sector público pero financieramente independiente del gobierno estatal y se financia con las cuentas que pagan los abonados. Es una empresa sin fines de lucro que reinvierte sus ganancias en mejoras a su infraestructura. Las operaciones del DMAE se distinguen por su nivel avanzado de participación pública y control democrático sobre sus operaciones e inversiones. Está gobernado por un consejo de representantes de la sociedad civil local y las decisiones operacionales y de inversión deben pasar el cedazo de un proceso presupuestario participativo. Y no es con el agua solamente.

En Porto Alegre y Rio Grande do Sul los ciudadanos deciden directamente las prioridades presupuestarias en muchas otras áreas del quehacer público. Los resultados de esta política de participación son muy concretos: en Porto Alegre 99.5% de la población tiene acceso a agua potable limpia, más que en ninguna otra localidad en Brasil. Debido al sentido de pertenencia y responsabilidad que los residentes/abonados tienen para con el DMAE, hay un alto nivel de conciencia entre la población con respecto a la conservación del agua. La gente también acepta de buena gana las alzas ocasionales en las tarifas porque entienden que el dinero que pagan se usa de manera prudente y responsable. De cualquier modo, las tarifas del DMAE son de las más bajas en todo el país. Pero a la misma vez el consumo de agua en Porto Alegre es bajo debido a campañas educativas y una estructura tarifaria progresista que favorece a los pobres. También en Rio Grande do Sul está la Companhia Riograndese do Saneamento (CORSAN), que da agua a 6.5 millones de personas.

 Tras el PT ganar las elecciones estatales en 1998, la CORSAN fue reorganizada y puesta bajo el control de unas 80 asambleas de pueblo que fiscalizan el presupuesto. Se le considera ahora una de las cinco compañías de agua más eficientes y eficaces de Brasil, según la organización no gubernamental Corporate Europe Observatory (CEO). Sin embargo el futuro de la CORSAN es incierto desde que el partido centrista PMDB derrotó al PT en los últimos comicios estatales. Fuera de Rio Grande do Sul tenemos el ejemplo de la ciudad norteña de Recife, donde la comunidad luchó exitosamente contra la privatización de la compañía de agua estatal, una empresa pública que era un verdadero desastre. Tras un extenso proceso de consulta democrática, se creó un consejo municipal para mejorar los servicios de agua potable. Este consejo gestionó una reestructuración de la compañía de agua que en unos pocos años resultó en una dramática mejora en el servicio. Otra alternativa a la privatización son las cooperativas de abonados. Desde 1979 la empresa que da agua a la ciudad boliviana de Santa Cruz está manejada por la Cooperativa de Servicios Publicos Santa Cruz (SAGUAPAC) y es hoy una de las mejor manejadas compañías de agua de toda América Latina. Todos los abonados son miembros de la cooperativa y tienen derecho a votar en su asamblea general de delegados, la cual elige parte de las juntas administrativa y supervisora de la compañía de agua. SAGUAPAC es financieramente independiente y tiene una escala tarifaria que favorece a quienes usan menos agua.

 Entre 1988 y 1999 lograron aumentar la tasa de servicio de 70% de la población a 94%. Tras estudiar el modelo de Santa Cruz hasta el Banco Mundial ha admitido que “las soluciones cooperativistas pueden ser superiores a los enfoques públicos o privados al manejo de utilities (corporaciones de servicios públicos)”. En un estudio, el Banco elogia a Santa Cruz por su “eficiente y transparente administración que por lo visto ha virtualmente eliminado la corrupción”. Dice también que “la experiencia boliviana confirma que la privatización no es panacea”. Otro esfuerzo en Bolivia que apunta hacia el control popular se está dando en Cochabamba. Después de devolver los acueductos al control público las organizaciones populares crearon la Coordinadora del Agua para proporcionar el líquido de manera democrática e igualitaria.

 La Coordinadora reescribió los estatutos de SEMAPA, la compañía de agua local, para facilitar la participación popular directa en su junta directiva. En mayo de 2002 tres de los siete miembros de la junta fueron electos por los residentes de Cochabamba. El mayor problema que enfrenta la Coordinadora es la enorme deuda de SEMAPA, la cual la pone bajo la bota de instituciones financieras internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero el BID, al igual que el Banco Mundial, es ideológicamente hostil a cualquier cosa que contradiga el evangelio neoliberal. Además, las elites bolivianas están haciendo todo lo posible para que la Coordinadora fracase, informa CEO en un reciente informe sobre alternativas a la privatización de las aguas. 5. Privatización a como dé lugar Pese a estos casos de gestión positiva, el gobierno de Estados Unidos y las corporaciones transnacionales insisten en la privatzación y la ortodoxia neoliberal en el manejo del agua.

El arma principal para impulsar la agenda privatizadora es el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que Estados Unidos desea implantar en todo el hemisferio. Bajo los términos del ALCA, los inversionistas extranjeros podrán demandar y exigir compensación a los gobiernos por cualquier ley o reglamento que afecte sus ganancias. Esto podría significar costosas sanciones económicas al país que revoque privatizaciones de acueductos o intente limitar o impedir el comercio internacional de agua, aunque tales intentos sean motivados por razones ambientales o de salud pública. Tales "protecciones para inversionistas" ya existen en Norteamérica por virtud del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC), que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, y define el agua como bien comerciable. El Tratado obliga a los gobiernos, municipios y comunidades- desde Puerto Rico hasta Hawaii y desde Chiapas hasta Alaska- a vender sus recursos de agua al mejor postor, so pena de ser demandados por empresas privadas. Tenemos el caso en 1998 cuando la compañía estadounidense Sun Belt demandó al gobierno canadiense por $10 mil millones por violación al TLC. ¿Cuál era el agravio? Que el gobierno de la provincia de Columbia Británica prohibía la exportación masiva de su agua potable y Sun Belt quería exportarla a la sedienta California. Vemos además el caso de la firma estadounidense Metalclad, que demandó al gobierno mexicano por $17 millones. Las autoridades mexicanas habían ordenado el cierre de la planta de tratamiento y disposición de desperdicios tóxicos peligrosos de Metalclad en San Luis Potosí, y la compañía llamó eso una expropiación injusta. Invocó las protecciones del TLC y ganó su caso contra México. Todo esto es un presagio de lo que Centro y Suramérica pueden esperar del ALCA. Las "protecciones para inversionistas" que provee el TLC y el propuesto ALCA ni siquiera existen en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Actualmente sólo los estados pueden presentar querellas en la OMC, pero eso cambiará si se aprueba el Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI en inglés) que los países industrializados desean implantar. Con el MAI las corporaciones transnacionales podrán usar la OMC para demandar a cualquier país miembro que limite sus actividades y ganancias de modo alguno.

A esto hay que añadir que con la globalización neoliberal se preve un aumento masivo en actividades que requieren de grandes cantidades de agua fresca, como la manufactura, la agroindustria de monocultivo y el desparramo urbano. Según el Banco Mundial la próxima guerra mundial no será por petróleo sino por agua. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia de EEUU dice que para 2015 el agua será una de las mayores causas de conflicto internacional. Y la Organización de Naciones Unidas pronostica que de continuar las tendencias actuales, en 2025 la demanda del líquido superará el suministro por 56%. Volviendo a México, en 2001 se creó el Programa para la Modernización de Prestadores de Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua) para darle financiamiento a los municipios para mantener sus sistemas de agua. Pero la ayuda de Promagua, que fue financiado con un préstamo del Banco Mundial, está condicionada a que los municipios faciliten la participación del capital privado. El sector privado entonces impone sus propias condiciones. Según CASIFOP: "Las empresas privadas se rehúsan a establecer cualquier tipo de convenio con autoridades municipales si éstas no se comprometen a resolver rezagos en la infraestructura por medio de inversión estatal (es decir, deuda pública), a incrementar las tarifas antes de que ingrese el capital privado, a absorber los costos para 'eliminar la incertidumbre' respecto de los derechos de propiedad, a garantizar la continuidad de la concesión y a asumir la responsabilidad de ampliar la red de infraestructura, nuevamente por medio de más endeudamiento externo." Según el comentarista mexicano Luis Hernández Navarro, muchos de los préstamos del Banco Mundial a México han tenido como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. "En su lenguaje la 'recuperación del costo' se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio. Esto significa que las empresas operadoras encargadas de proveer de agua potable deben cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento mediante los cobros a los consumidores, sin recibir subvenciones gubernamentales."


La más reciente Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso mexicano en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el Banco Mundial el "nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de reforma" del sector. "La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas", plantea Hernández Navarro. 6.

Servicios ambientales

Otra modalidad de la privatización del agua es mediante el pago por servicios ambientales, actividad promovida en México por entes gubernamentales como la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y financiada por el Banco Mundial. A comunidades rurales en zonas ecológicamente sensitivas se les ofrece un contrato con el gobierno o con una entidad privada bajo el cual se les paga por proteger sus bosques, biodiversidad y recursos hídricos. De primera intención suena magnífico, una reconciliación entre la protección ambiental y la necesidad económica, pero los críticos de la privatización perciben una emboscada. "La propuesta del pago por servicios ambientales es seductora donde existe pobreza", advierte CASIFOP. "La tendencia es clara. La expansión de esta política es hacer más extensiva la participación de las comunidades en estos programas, haciéndoles creer que recibir beneficios económicos a cambio de sus territorios es la única forma de subsistencia. No se les informa debidamente que vender sus recursos naturales significa privatizar sus bienes comunales." "De lo que no se habla es el costo social, del contexto económico ni de la desigualdad ya existentes y de su progresiva agudización dentro del proceso de privatización".

El pago por servicios ambientales "sólo asegura el encarecimiento del agua y por ende la desigualdad aún mayor de acceso a ella." "Los pagos de servicios ambientales convierten el manejo del territorio en mercancía, lo someten a las reglas del mercado", dijo Silvia Ribeiro en La Jornada en julio de 2005. "¿Qué pasaría si una comunidad decide que ya no quiere participar en el programa y desea volver a decidir sobre el manejo de su bosque? Según los contratos, además de suspender los pagos programados, serán multados y podrían perder más de lo que recibieron. Pero al estar en 'áreas prioritarias de servicios ambientales', será el gobierno el que decidirá qué se puede hacer allí o no. Las comunidades no podrán alegar ni su derecho a consulta, porque ya firmaron al gobierno que 'solicitaban' ese 'reconocimiento'." "Si como aspira la Conafor, quien toma el contrato es una empresa -muy probablemente extranjera, porque quienes entran en esos negocios son las multinacionales más contaminantes, que así justifican la destrucción que hacen del ambiente-, ésta podría demandar indemnización al Estado por incumplimiento de contrato. Si son industrias como Mitsubishi y otras que se dedican al 'mercado secundario' de esos servicios -compran contratos de 'pagos de servicios ambientales' en países donde salen baratos y los venden a otras empresas en naciones donde se pagan más caros-, hasta pueden alegar 'pérdida de ganancias' y aplicar reglas similares a las del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte." "El concepto de 'servicios ambientales' redituables cumple la función de crear un marco económico amplio dentro del cual se pueda transitar de la propiedad colectiva fragmentada y de la pequeña propiedad de estos servicios a la privatización de las Áreas Naturales Protegidas, las cabezas de cuenca, los cauces de los ríos y los mantos freáticos, los conocimientos, los códigos genéticos, etc., por parte de mega empresas", advierte el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, con sede en Montevideo. "La propuesta de los servicios ambientales engloba también la bioprospección --para preservar in situ especies que pueden ser privatizadas o comercializadas por medio de las patentes--, y el ecoturismo.” 7. Sumideros de carbono El creciente mercado de servicios ambientales no solamente abarca recursos vitales como el agua sino también los llamados sumideros de carbono. Un sumidero de carbono es cualquier cosa que mantenga gases contaminantes (que causan calentamiento global) fuera de la atmósfera al prevenir su escape o al secuestrarlos. Los bosques y plantaciones de árboles son los sumideros preferidos ya que los árboles remueven carbono de la atmósfera y lo secuestran en su madera. Con el aval del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto y financiamiento del Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial se ha creado todo un comercio internacional de sumideros de carbono, cuyos participantes incluyen grandes empresas, universidades, institutos de investigación, eco-consultores, industrias forestales, agencias de la ONU, y algunos grupos ambientalistas. Los partidarios del comercio de carbono dicen que es una solución en la que todo el mundo gana, ya que compensa las emisiones contaminantes y a la vez provee unos muy necesitados fondos para el desarrollo sustentable y conservación de bosques en el Sur. "Las compañías pueden complementar sus compromisos domésticos con la adquisición de reducciones de emisiones de costo potencialmente menor en países en desarrollo", dice el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial (FPC) en su página web. "Como resultado, proyectos en esos países conseguirán una nueva fuente de financiamiento para desarrollo sustentable en los sectores de energía, industria y manejo de desperdicios, al igual que en la introducción de tecnologías limpias y renovables… El FPC ha desempeñado un rol pionero en desarrollar el mercado de reducciones de emisiones de gases de invernadero, a la vez promoviendo el desarrollo sustentable y ofreciendo a sectores interesados una oportunidad de aprender al hacer." "El reto es crear una nueva oportunidad para campesinos y comunidades rurales de bajos ingresos para recibir paga de países industrializados sembrando árboles que absorberán carbono de la atmósfera", dice el Grupo Katoomba, organización empresarial que promueve los mercados de carbono. "Estos nuevos mercados para sumideros de carbono pueden financiar inversiones de desarrollo rural que ayudarán a reducir la pobreza y conservar la biodiversidad. Los pobres del mundo tienen mucho que ganar mediante su participación en proyectos forestales de carbono que mejoren la producción agrícola y forestal, protejan importantes cuencas hidrográficas o restauren tierras y bosques degradados." "El secuestro de carbono atmosférico mediante la aforestación y la reforestación se puede lograr por una amplia gama de cambios de usos de tierra, incluyendo muchos cambios que pueden mejorar significativamente las vidas rurales y restaurar ecosistemas degradados", dice una carta abierta dirigida a los delegados de la Convención de Cambio Climático de la ONU firmada por sobre una docena de personalidades como el ex-presidente costarricense y director del Foro Económico Mundial José M Figueres, y Pedro Sánchez y M.S. Swaminathan, ambos galardonados con el Premio Mundial de Alimentos. "Proyectos de carbono bien diseñados pueden ayudar pueblos locales a invertir en sistemas de de manejo de tierras y bosques más sustentables y rentables, restaurar ecosistemas degradados, construir activos naturales y fortalecer organizaciones comunitarias." Sin embargo, algunos ecologistas y pueblos indígenas advierten que este comercio presagia una nueva ola de confinamiento y privatización de recursos naturales. Sostienen que tiene mucho que ver con ganar dinero y nada que ver con salvar el ambiente. Heidi Bachram, portavoz del grupo Carbon Trade Watch, declaró en 2004 que "nos preocupa que estas compañías (de corretaje de carbono) están indirectamente obstruyendo la verdadera solución al calentamiento global, la cual es reducir y finalmente detener la quema de combustibles fósiles... La idea de que la gente puede quemar combustibles fósiles y entonces sembrar árboles para limpiar el dióxido de carbono resultante es simplemente equivocada. Esta falsa 'solución' meramente mantendrá la gente excavando petróleo y carbón en lugar de intentar cambiar a energías limpias." "Pretender que una tonelada de carbono almacenada en árboles es lo mismo que una tonelada de carbono fósil ignora los conceptos más elementales del ciclo natural de carbono", comentó Jutta Kill, quien dirige Sinkswatch, organización que fiscaliza proyectos que alegan neutralizar contaminantes de combustible fósil. "Hay gran controversia científica en torno a cuánto dióxido de carbono una siembra de árboles pueda sacar del aire, y por cuánto tiempo." "Hay una diferencia entre sembrar árboles, lo cual beneficia al clima, y sembrar árboles como parte de un programa que sanciona la continuación de la quema de combustibles fósiles, lo cual no beneficia al clima", planteó Mandy Haggith, de la organización Worldforests. Plantea Barreda que con los sumideros de carbono “se introducen directamente empresas transnacionales en los procesos comunitarios de gestión de los bosques. Se involucra a las comunidades dentro de una gran manipulación a escala mundial según la cual son las mismas empresas transnacionales que contaminan y que más amenazan con seguirlo haciendo, sin resolver ninguna de las causas reales del calentamiento atmosférico, las que justamente se visten de hadas madrinas para el apoyo de las depauperadas comunidades campesinas.” "El comerciar carbono no aportará a la protección del clima de la Tierra", dice la Declaración de Durban sobre el Comercio de Carbono. "Es una falsa solución que atrinchera y amplifica las inequidades sociales en muchas maneras." La declaración fue publicada en octubre de 2004 por representates de movimientos populares y entes no gubernamentales que se reunieron en Durban, Suráfrica. Los firmantes incluyen organizaciones de Samoa, India y Brasil, la Red Ambiental Indígena, el grupo inglés Sinkswatch, y de Estados Unidos el Global Justice Ecology Project. El documento señala que entre los jugadores del comercio de carbono figuran los culpables del calentamiento global, y denuncia que estas mismas instituciones están usando la crisis ambiental que ellas mismas causaron como justificación para apropiarse de más recursos naturales. "Gobiernos, agencias que subvencionan créditos para exportadores, corporaciones e instituciones financieras internacionales continúan apoyando y financiando la exploración y extracción de combustible fósil y otras actividades que empeoran el calentamiento global, como la degradación y destrucción de bosques en una escala masiva, mientras que solamente dedican sumas irrisorias a la energía renovable." "La historia ha sido testigo de intentos de convertir tierra, alimentos, labor, bosques, agua, genes e ideas en mercancía. El comercio de carbono sigue en los pasos de esa historia y convierte la capacidad de reciclaje de carbono de la Tierra en propiedad a ser comprada y vendida en el mercado global. A través de este proceso de crear un nuevo bien mercadeable, el carbono, la capacidad de la Tierra para sostener un clima conducente a la vida y sociedades humanas ahora pasa a las mismas manos corporativas que están destruyendo el clima." Varios grupos ecologistas en América Latina están comenzando a tomar nota del comercio de carbono y a advertir de sus consecuencias. “Los proyectos de sumideros de carbono y forestales propuestos para ser incluidos dentro del MDL son una forma de que los países industrializados, responsables del 75% de las emisiones de gases con efecto invernadero, accedan a formas baratas de comprar derechos de emitir sin que asuman realmente su compromiso de reducir sus emisiones actuales", declaró el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo. La organización añadió que los proyectos de secuestro tienen serias implicaciones para la soberanía nacional sobre las áreas as ser separadas para servir de sumideros de carbono, ya que los requerimientos para los sumideros imponen programas externos de manejo de bosques. 8.

 Monocultivos forestales

Muchos proyectos de secuestro de carbono implican no solamente la apropiación de vastas áreas boscosas altas en biodiversidad y agua sino también la siembra de vastas plantaciones de monocultivo forestal. Estas se añaden a los crecientes monocultivos de árboles para proveer pulpa de papel. En el Foro Social de las Américas de 2004, la Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles declaró que las plantaciones de monocultivo forestal "nos arrebatan nuestras tierras y hacen de nuestro territorio un desierto donde ya los pájaros no cantan; siembran árboles para un consumo abusivo que termina llenando de papel los basureros; ocupan nuestras tierras que ya no se destinan para resolver el hambre amenazante; desecan nuestras ríos y nuestros manantiales; engañan cuando prometen empleos que nunca llegan; expulsan a nuestras comunidades y desplazan la flora nativa dejando sin alimento a la fauna. Estas plantaciones de árboles, estos desiertos de verde monocromático, destruyen el arco iris de la diversidad biológica y homogeneizan y erosionan nuestras culturas." "Este sacrificio nos lo imponen a los pueblos de América para que se produzca la celulosa con la que se fabrican las servilletas, los diarios vacíos de información, los empaques de productos carentes de sentido; estas plantaciones se hacen con el pretexto de acumular el carbono que ha inundado la atmósfera por el desaforado consumo de petróleo, sin que se haga nada para que ese consumo se detenga" Los integrantes de la Red incluyen organizaciones populares de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua. Según el profesor Barreda las plantaciones forestales industriales “en realidad no son los complejos ecosistemas que nombramos genéricamente como bosques sino monocultivos estrictos emplazados sobre gigantescas áreas productivas (de varias decenas de miles de hectáreas) que vienen asociadas a la necesaria expulsión de la población rural, al desempleo que se refuerza con la mecanización de la producción forestal, al empleo intensivo de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc., al desarrollo de plagas, al agotamiento y contaminación de mantos freáticos, a la destrucción de la biodiversidad.” 9. Ecuador: privatizando los páramos En Ecuador entidades como la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID), CARE y organizaciones no gubernamentales (oenegés) están presionando ávidamente a los gobiernos municipales y comunidades rurales e indígenas para que entren a la compraventa de servicios ambientales. Según la agrupación ecuatoriana Acción Ecológica, el premio mayor que codician los comerciantes de servicios ambientales son los páramos, ecosistemas de gran altura cerca de los glaciares, en donde pueblos indígenas practican el pastoreo comunitario.

 Los páramos son zonas de alta biodiversidad que también sirven de colchones para absorber las masivas cantidades de lluvia que reciben. Esta precipitación es responsable de los miles de riachuelos e hilos de agua que alimentan la cuenca Amazónica al igual que los principales ríos que desembocan al oceano Pacífico. Uno de los más antiguos proyectos de servicios ambientales en Ecuador es el de PROFAFOR, empresa local dedicada a sembrar árboles para secuestrar carbono. El financiamiento de esta compañía viene de la fundación FACE (Forests Absorbing Carbon Emissions), la cual fue formada por compañías de generación eléctrica holandesas para buscar sumideros de carbono que compensen por las emisiones contaminantes de sus complejos termoeléctricos.

En la década de los 1990 PROFAFOR logró hacer que una comunidad en los páramos firmara un contrato de 90 años para permitir el establecimiento de un monocultivo de pinos para secuestrar carbono. El contrato estipula que cualquier cosa que le ocurra a los pinos será responsabilidad de la comunidad. Según Acción Ecológica los pinos requieren tanta atención y trabajo para mantenerlos saludable que la comunidad está prácticamente esclavizada, y lo seguirá estando por las próximas ocho décadas de la duración del contrato. Además hay un impacto ambiental negativo porque cuando la vegetación natural del páramo es reemplazada se afecta negativamente su capacidad para regular los flujos de agua. En adición, los pinos acidifican excesivamente los terrenos. "Especuladores y estafadores están metidos en esto de la venta de servicios ambientales", dijo Chérrez en entrevista con Americas Program. "De hecho, en los páramos hay todo un ejército de técnicos, consultores y oenegés haciendo inventarios de la biodiversidad y recursos de agua. Es una tendencia escandalosa ya que se le está engañando a las comunidades, las cuales en realidad no tienen garantía alguna de que recibirán algún dinero." "Conocemos el caso de un individuo que embaucó (estafó) al pueblo Huaorani y puso sus líderes a firmar un papel que le da a él el derecho exclusivo para negociar los derechos a los servicios ambientales de las 600 mil hectáreas de ese pueblo indígena. Pero ese papel no tiene ninguna validez legal pues contradice acuerdos internacionales que ha firmado Ecuador en materia de derechos humanos y colectivos." Chérrez llamó atención a la Bioreserva Cóndor, una gran área natural protegida, administrada por el grupo conservacionista estadounidense The Nature Conservancy (TNC), ubicada entre la ciudad de Quito y los glaciares andinos.

La Bioreserva incluye un emprendimiento de servicios ambientales a gran escala orientado hacia la conservación del agua de los páramos que alimentan los ríos que abastecen a la ciudad. Según Chérrez, gran parte de los residentes de Quito ignoran que en su planilla (factura) de agua se les está cobrando una suma por concepto de servicios ambientales de los páramos. Pero esta conservación va en función de la zona franca de maquiladoras que se está planeando construir en las proximidades del aeropuerto y otros proyectos intensivos en uso de agua propuestos en el área como monocultivos de flores para exportación y urbanizaciones para familias pudientes.

El establecimiento de áreas naturales protegidas, administradas por organizaciones privadas y utilizadas en el mercado de servicios ambientales está íntimamente ligado a la apropiación de la biodiversidad mediante la bioprospección (denunciada por los indígrnas como 'biopiratería) y es parte del proyecto de Estados Unidos de establecer un régimen neoliberal de libre comercio en el hemisferio. Wáshington está procurando lograr un tratado bilateral del libre comercio con Ecuador y la embajadora Kristy Kenney ha expresado que para que esto se logre es necesario que Ecuador apruebe una Ley de Biodiversidad que ponga las áreas naturales protegidas bajo la custodia de organizaciones de conservación privadas.

 El 10 de noviembre de 2004 sobre un centenar de indígenas integrantes de las organizaciones Ecuarunari y CONAIE protestaron pacíficamente en un lujoso hotel de Quito, donde se reunían varias organizaciones privadas ambientalistas nacionales e internacionales, con representantes del Ministerio del Ambiente y la Embajada de los Estados Unidos, para discutir un Decreto Ejecutivo para regular el acceso a la biodiversidad de Ecuador y su uso. Los líderes de la protesta expresaron su desacuerdo con lo que se proponía en la reunión, especialmente sus "falsos talleres de validación y consenso, totalmente alejados de las prácticas comunitarias, y cumpliendo con objetivos totalmente ajenos a la soberanía y la vida de los pueblos e intereses públicos de los ecuatorianos." "Ahora quieren llamar concesión a las privatizaciones, quieren llevarse nuestra biodiversidad y apropiarse de nuestros paramos", dijo Leonides Iza, presidente de CONAIE. "No estamos participando en la realización de estos eventos que se realizan entre cuatro paredes, que desde sus escritorios profesionales, ajenos a nuestros paramos y a nuestra realidad, quieren hacer políticas y normas para nuestros paramos… Los profesionales que se reúnen encerrados, lo que hacen es cumplir con sus contratitos, con sus consultorías pagadas por las transnacionales que persiguen sus propios intereses". "los indios no estamos en venta, ni estamos para adornar museos", declaró Iza. "Los paramos son nuestros territorios, somos hijos del páramo". Agregó además que se oponen frontalmente a este tipo de eventos y preguntó: "¿Quiénes son los dueños de los páramos? ¿Quiénes son los dueños de la tierra?". El mismo se respondió diciendo: "Nosotros, no, todos somos los dueños. Hemos vivido y conservado paramos y fuentes de agua durante cientos de años.

Frente a los intereses de las grandes transnacionales queremos que sepan que los indios no vamos a dejar que el agua y los paramos los privatice nadie". "Frecuentemente las organizaciones de conservación expresan interés por la defensa de la naturaleza, financiando proyectos y creando estratégicas alianzas con comunidades campesinas y pueblos indígenas. Sin embargo las agendas de unos y otros evidencian diferencias cada vez más distantes", dice Acción Ecológica. "Por un lado los Pueblos indígenas mantienen en sus reivindicaciones la protección y defensa de sus territorios que constituyen las fuentes de sustento de su vida. Las agendas de los conservacionistas, por el contrario mantienen las propuestas de establecer Áreas Protegidas en las que las personas deben estar fuera de esos límites para 'garantizar la conservación' y desarrollar sus 'planes'. Si toman en cuenta a las poblaciones locales es en calidad de administradores, guardianes forestales, bajo convenios, planes de manejo ambiental con una serie de condicionamientos establecidos `por ellos'. Rara vez las organizaciones conservacionistas apoyan el fortalecimiento organizativo de las comunidades indígenas o campesinas o los conflictos por la tenencia de la tierras." "Poniéndolos en el contexto de la privatización de los ecosistemas y la conversión de cada elemento de la naturaleza en mercancía, quienes controlen la biodiversidad, los territorios dentro de las áreas protegidas, es decir ONGs o empresas que han comprado estos servicios ambientales, adquieren la capacidad de decidir sobre el uso de los ecosistema", dice Chérrez. "Esto puede conducir a la enajenación de las poblaciones que viven dentro de las áreas protegidas… Las comunidades se desestructurarán al perder posibilidades de mantener sus formas tradicionales de uso de los ecosistemas." 10.

Los corredores verdes

Acción Ecológica y otras organizaciones suramericanas han notado que las áreas naturales protegidas que impulsan grupos como TNC tienden a estar organizadas en masivos corredores que rebasan fronteras nacionales y parecen responder a las agendas de privatización de la biodiversidad, el agua y los territorios. "Se han desarrollado nuevas concepciones sobre el manejo del territorios como son los 'Hotspots', 'ecorregiones', 'ecosistemas', 'paisajes vivientes'. 'corredores biológicos', 'redes de conservación', que son manejados por organizaciones de conservación internacionales que significa la creación de grades espacios de conservación que a veces rebasan limites nacionales", advierte Acción Ecológica. "Para llevar a acabo estos planes de gran escala se necesitan también financiamientos de gran escala, allí intervienen fundaciones, agencias bilaterales y multilaterales con un despliegue de medios tecnológicos impresionantes. A veces financian estas iniciativas, empresas transnacionales." "Muchos proyectos propuestos actualmente como de conservación son en realidad iniciativas de privatización de la biodiversidad, que ya no se limitan a las fronteras nacionales sino que cubren inmensas áreas a lo largo de varios países", dice Chérrez sobre estos corredores. "Además se asientan en formas de manejo descentralizado del ambiente, es decir que serán autoridades locales generalmente débiles y en algunos casos muy vulnerables a la presión externa quienes deberán tomar decisiones sobre fracciones de lo que realmente es un corredor biológico, sin que nadie más que las instituciones internacionales que los promueven tengan la visión completa del manejo del corredor."

Estos ambiciosos corredores multinacionales forman parte de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) un plan de infraestructura de proporción sin precedente, que abarca todo el continente e incluye numerosos proyectos como autopistas, puertos, hidrovías y represas. El IIRSA está siendo coordinado por los doce gobiernos suramericanos, cuenta con la colaboración de instituciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, y cabe perfectamente con el Area de Libre Comercio de Las Américas que Estados Unidos anhela establecer. "Los megaproyectos (oleoductos / gaseoductos, presas hidroeléctricas, tendido eléctrico, carreteras, etc) ahora aparecen potenciados e integrados a una nueva visión que se muestra como propia, pero que parecería ser fuertemente funcional a los intereses gravemente extractivos de recursos naturales, determinando una facilitación aguda de los procesos de alienación y dependencia del poder económico concentrado y liderado por grupos nacionales y de transnacionales que nada tienen que ver con los intereses de los pueblos y de una integración real, participativa y realmente integral y sentida por los latinoamericanos y la diversidad de sus pueblos originarios." (1) 11. El Corredor Biológico Mesoamericano En Mesoamérica estamos viendo el mismo cuadro pero en una escala menor. En esa región los gobiernos están impulsando el Plan Puebla Panamá (PPP), un proyecto multinacional similar al IIRSA que comprende obras de infraestructura (mayormente de transportación, como autopistas y puertos) a lo largo de un eje que comienza en Puebla, México y termina en Panamá. El PPP está ligado al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) que la administración Bush desea implantar, de la misma manera que el IIRSA está vinculado al ALCA. El PPP tiene su componente verde, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), el cual abarca 768,000 km2 de tierras y paisajes considerados una de las regiones del planeta con mayor biodiversidad. Advierte el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) que el Corredor se da en una Mesoamérica cuyo contexto es el de un avance feroz de los intereses empresariales hacia la captación de áreas que hasta ahora habían estado fuera del mercado --como los recursos genéticos y el agua--, de una gran desigualdad, del despojo cada vez mayor a las comunidades que fueron las que permitieron que perdurara toda la rica biodiversidad de la región, surgen serias dudas. En un informe reciente sobre el CBM, el WRM plantea que “El Corredor surge en un momento en que el mundo empieza a reconocer en la biodiversidad un valor planetario. Pero también, ese reconocimiento se inserta en un contexto en el que todo es rápidamente convertido en mercancía. La captura de carbono y agua, la retención de suelos, la conservación de la biodiversidad, el filtrado de las aguas, todo eso es presentado como un 'servicio ambiental' que puede ser rentable." Concluye el WRM que "La discusión en torno a las bondades o maldades del CBM debe darse entonces en el marco del tipo de desarrollo que se implemente en la región. De triunfar el modelo del PPP, el Corredor será simplemente parte del paquete de saqueo y degradación de los recursos de la región. De predominar una visión socialmente justa y ambientalmente respetuosa, resultado de la participación informada, real y libre de las poblaciones locales, la idea de un sistema de áreas protegidas que haga las veces de corredor biológico en la región podría ser un paso importante en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y en el uso adecuado de los recursos naturales.” Los pueblos indígenas mesoamericanos ventilaron sus preocupaciones sobre las implicaciones del CBM para su soberanía en el Primer Congreso Mesoamericano de Areas Protegidas, celebrado en 2003 en Managua. En su declaración ante el congreso, expresaron que: “Los pueblos indígenas hemos analizado y concluido que los decretos de Areas Protegidas emitidos por los Estados han sido instrumentos legales que lesionan y violan de manera reiterada y sistemática los procesos propios de ordenamiento territorial de los pueblos indígenas, además de ser instrumentos que han servido para continuar con el despojo de nuestros territorios, y prohibir el acceso y uso de espacios que para nosotros son sagrados.” Señalan que a nombre de la protección ambiental se han privatizado recursos naturales para el beneficio de intereses particulares. La Declaración denuncia también que la toma de decisiones en torno a las áreas protegidas se hacen sin la consulta o consentimiento pleno de los indígenas, y que las investigaciones, planes, programas y proyectos en estas áreas se ejecutan de manera unilateral, excluyendo a los moradores precolombinos “a pesar de que hemos sido los principales actores garantes en la conservación de nuestros espacios territoriales con o sin decretos de los Estados”. En torno al concepto de co-manejo de áreas protegidas, sostiene que “es incompatible con la visión y cosmovisión de los pueblos indígenas, dado que nuestravisión de territorialidad y conservación de labiodiversidad no se limita a la acumulación decapitales, en tanto que para nosotros las llamadas áreas protegidas son parte de nuestra casa, pues se encuentran en nuestros territorios ancestrales.” La Declaración también acusó al Congreso de manifestar “una práctica racista y discriminatoria en relación de los Pueblos Indígenas”. Los reclamos de los indígenas incluyeron la plena participación de sus pueblos en la conservación de las áreas protegidas; recursos financieros, técnicos y administrativos para el manejo de estas áreas; y que se observen y acaten los derechos indígenas establecidos en la Convención sobre Biodiversidad y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 12. Alternativas de la sociedad civil Nadie mejor que las organizaciones de la sociedad civil para articular alternativas al modelo imperante de privatización. "Como alternativa a las tendencias privatizadoras, por un lado, y centralistas, por otro, en cuanto a la gestión del agua, proponemos un modelo de gestión local y participativo en el que las comunidades elaboren y ejecuten, en coordinación con las instancias públicas competentes, las políticas relacionadas con la protección, conservación y uso equitativo sostenible y sustentable del recurso" declararon los participantes del Foro del Agua de la Sociedad Civil Centroamericana, celebrado en el verano de 2005. Continúa la declaración: "Exigimos que se abran espacios y se faciliten los recursos necesarios a las organizaciones sociales para participar en la elaboración e implementación de dichas políticas, las cuales deberán estar plasmadas en leyes y demás cuerpos normativos que hagan efectivo este modelo de gestión, como única forma de garantizar el respeto al derecho humano de acceso al agua."

En su Declaración de Quito (julio 2004), la Red Latinoamericana Contra los Monocultivos de Árboles afirmó estar "a favor de que nuestras tierras, mares, praderas, selvas y bosques estén en manos de los pueblos y se dediquen, en primer lugar, a asegurar su soberanía alimentaria. Estamos a favor de que la gente conserve su territorio y su cultura y no se vea forzada al destierro; queremos que los pueblos sigan teniendo relaciones de solidaridad y no de competencia, que se tengan relaciones de armonía y respeto con el entorno; queremos que las relaciones entre las naciones no estén mediadas por tratados con reglas unilaterales y alevosas que facilitan el saqueo y la sumisión de nuestros países; queremos que el agua, los bosques y la fauna sigan existiendo. Estamos en contra de los monocultivos de árboles porque estamos a favor de la vida."


Notas al calce: 1) Texto tomado de http://www.iirsa.8m.com/, una página web de autoría anónima. En su presentación sus creadores dicen lo siguiente: "Esta plataforma es una iniciativa popular virtual que surge de la necesidad de crear un espacio horizontal de información e intercambio sobre los efectos e impactos ambientales, económicos, sociales, políticos y culturales en el marco de realización de la iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana - IIRSA. La falta de transparencia sobre la forma en que se identifican, evalúan y financian los proyectos de IIRSA, así como la escasez de información práctica sobre los mismos preocupa seriamente a los grupos de la sociedad civil, tanto en la región como en el exterior; y la falta de un marco establecido para la participación de la sociedad civil en el debate sistemático y plural en cada país sobre qué es y qué integración pretende IIRSA, ha causado mucha ansiedad y escepticismo respecto de la iniciativa. A esto cabe sumarle la gran duda sobre la contribución de los megaproyectos al alivio de la pobreza y el gran impacto socioambiental generado por los mismos."

 Bibliografía

Acción Ecológica. "Los Nuevos Conquistadores". aquí Andrés Barreda. "Los peligros del Plan Puebla Panamá".

José Luis Bedón. "Indígenas de Ecuarunari y CONAIE se tomaron pacíficamente reunión de ambientalistas en el Sheraton." aquí Carbon Trade Watch. aquí Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular de México.

Carpeta informativa del Primer Taller Popular en Defensa del Agua, abril de 2005. Cecilia Chérrez. "Globalización, Amazonia y Ambiente"

 Declaración de Durban sobre el Comercio de Carbono, aquí Angélica Enciso L. "El Foro Mundial del Agua, premio a México por sus políticas privatizadoras" La Jornada, México, 15 de junio 2005, aquí Angélica Enciso L

"Endosan a las sociedades la problemática del agua" La Jornada, México, 28 de abril 2005

Angelica Enciso L. "Ofensiva de trasnacionales para apropiarse del agua, denuncian ONG" La jornada, México, 26 de abril 2005,

aquí Fondo Prototipo de Carbono, aquí Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, aquí Fundación FACE aquí Roberto González Amador. "El gobierno federal lleva al país hacia la privatización del agua" La Jornada, México, 4 de julio 2005, aquí Katoomba Group, aquí Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). "Mesoamérica: la opinión de los pueblos indígenas sobre áreas protegidas " Boletín Nº 73 del WRM, agosto de 2003 Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM). "El Corredor Biológico Mesoamericano: ¿conservación o apropiación?", aquí Red latinoamericana contra los monocultivos de árboles. Declaración de Quito. aquí REDES-AT. "De Ciudad de México a El Alto: construyendo la resistencia a la privatización del agua en Latinoamérica", aquí Silvia Ribeiro "Las caras de la privatización del agua", aquí Silvia Ribeiro. "La trampa de los servicios ambientales". aquí Silvia Ribeiro. "Servicios ambientales y pueblos indios". aquí Carmelo Ruiz Marrero. "¿Comercio de carbono o justicia climatica?" aquí Carmelo Ruiz Marrero "El Lado Mojado del ALCA", aquí Sinkswatch aquí - Carmelo Ruiz Marrero es periodista y educador ambiental. Opera la página cibernética "haciendo punto en otro blog" (http://carmeloruiz.blogspot.com/), dirige el Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico (http://bioseguridad.blogspot.com/) y es jefe de redacción del periódico cooperativista "Agrocooperando". Es también autor del libro "Balada transgénica: biotecnología, globalización y el choque de paradigmas".