Este primero de marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana realizó una huelga general ilegal de 24 horas. Alrededor de 200 mil trabajadores pararon actividades y tomaron la calles de varias ciudades del país. La protesta obrera se realizó dos días después de que las autoridades laborales y los empresarios de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el estado de Coahuila, declararon muertos a 65 mineros atrapados en el socavón por un accidente. La dirección sindical acusó a los dueños de la empresa de homicidio industrial y de mentir a los deudos. El paro del primero de marzo es la segunda huelga general en la historia del sindicato, fundado en abril de 1934. Entre la primera suspensión de labores y la segunda pasaron casi 62 años. El organismo gremial colocó las banderas rojinegras por primera ocasión el 8 de agosto de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando su nombre era Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, para lograr un incremento salarial de 50 por ciento y obtener la contratación colectiva de los trabajadores de las compañías que no contaban con él. La huelga afectó a más de 105 minas y fundidoras y se extendió por casi 40 días por la necedad patronal. El movimiento culminó con triunfo. La huelga general minera comenzada ayer es sustancialmente distinta a la de 1944. Es una acción con fuertes connotaciones políticas. No busca obtener conquistas económicas, sino revertir la abierta intromisión del Ejecutivo en la vida sindical, al avalar el nombramiento gubernamental de un dirigente nacional del gremio en detrimento del existente. El enfrentamiento entre la organización de los trabajadores minerometalúrgicos y el gobierno mexicano es el más grave conflicto habido en el mundo laboral durante este sexenio. Ha entrado en crisis seria el modelo de relación entre el Estado y el movimiento sindical en el gobierno de Vicente Fox. La decisión gubernamental de reconocer como dirigente sindical minero a Elías Morales es una atroz injerencia en cuestiones que no le atañen. Con ello se reproduce un esquema de relación perversa entre Estado y movimiento laboral, iniciada con el charrazo al sindicato ferrocarrilero en 1948 y la imposición de líderes petroleros un año después. No es que el actual sindicato minero sea democrático y por eso el gobierno federal busque su desconocimiento. Nada de eso. Napoleón Gómez Urrutia fue reconocido como dirigente del gremio originalmente por los mismos funcionarios que hoy lo traicionan, gracias a una negociación de Carlos Abascal Carranza, después de vivir en el limbo jurídico durante años. El actual pleito viene de abril de 2000, último año de gobierno de Ernesto Zedillo. Dos facciones pelearon entonces la dirección obrera. Una estaba encabezada por Morales, entonces secretario del consejo general de justicia y vigilancia, y Benito Ortiz, secretario de trabajo del organismo; la otra, por el hijo del líder del gremio desde 1960, Napoleón Gómez Sada, doctorado en Oxford, gerente de empresas paraestatales y dueño del grupo Zeta Consultores, negocio que presta servicios a varias empresas cuyos trabajadores también pertenecen al sindicato minero. En esa fecha Gómez Urrutia fue nombrado secretario general suplente por su padre, con la clara intención de heredarle el puesto. El otro grupo impugnó la designación, argumentando que el júnior no era trabajador minero ni contaba con cinco años de afiliación sindical. La Secretaría de Trabajo negó dar la toma de nota. En represalia 10 de los objetores fueron expulsados del gremio, acusados de ser corruptos, traidores y vender contratos colectivos. Aparentemente limpio el camino, el grupo de Napoleón modificó los estatutos para facilitar la llegada del heredero a la dirección. Sin embargo, en agosto de 2000 la Dirección de Registro de Asociación de la secretaría le negó definitivamente el registro. La situación cambió drásticamente con el gobierno de Vicente Fox. Abascal, nuevo secretario de Trabajo, estaba entonces interesado en pactar una alianza con el Congreso del Trabajo, y Gómez Urrutia le servía a sus propósitos. Mágicamente apareció una antigua credencial del líder, notariada, que lo acreditó como trabajador minero con más de cinco años de antigüedad. El Ejecutivo lo aceptó entonces como representante nacional sindical. Los charrazos y el charrismo han sido una constante en el sindicato desde su fundación, en abril de 1934 en Pachuca, Hidalgo. Núcleos obreros nacionalistas, anarcosindicalistas y marxistas convergieron con un amplio grupo de dirigentes colaboracionistas. En 1938, en la plenitud del gobierno cardenista, el organismo se integró al Partido de la Revolución Mexicana. Momento culminante de la domesticación sindical fue la sexta convención nacional del sindicato, realizada en 1950, en la que el gobierno federal impuso un liderazgo dócil y obediente. Desde entonces, pese a las recurrentes revueltas de la base obrera, el charrismo condujo los destinos del gremio, primero mediante lo que se conoció como el ruvalcabismo y, a partir de 1960, con el eterno Napoleón Gómez Sada. Pese a que en su conducción el sindicato perdió afiliados, secciones, posiciones dentro del PRI y capacidad de negociación, el edificio gremial fue bautizado con su nombre en "homenaje perenne" a la memoria del "gran líder". El sindicalismo practicado por Gómez Urrutia dista de ser democrático o eficaz para defender los intereses de los trabajadores. Promotor de la antigüedad como criterio de ascenso, preocupado por pactar con el Ejecutivo negoció el riesgo laboral, la salud y la estabilidad en el empleo a cambio de dinero. Durante su gestión la subcontratación salvaje ha crecido de manera desproporcionada. Sin embargo, ha logrado consolidar una relación funcional asimétrica con una parte de sus representados, en la que él aparece como proveedor de empleo, plazas, prestaciones y defensor del nivel de vida de las regiones mineras. A cambio, sus afiliados le ofrecen lealtad, servicios personales y participación en los tradicionales acarreos. Por lo demás, el sindicato minero se opuso a una reforma laboral regresiva impulsada por el actual gobierno. El reconocimiento del Ejecutivo a Elías Morales muestra que parte de los empresarios mineros consideran que aun la tibia resistencia gremial en sus empresas a la explotación salvaje impulsada por Napoleón es inadmisible. Quieren más flexibilidad, más desregulación laboral. La huelga general minera muestra que los trabajadores no están dispuestos a permitirla. Dos tragedias Dos tragedias, una misma historia. El 31 de marzo de 1969 un estallido en las minas de Barroterán, Coahuila, mató a 153 mineros. Casi 37 años después, el pasado 19 de febrero, una explosión en el yacimiento de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, provocó la de-saparición de 65 trabajadores. En ambos casos el origen de la desgracia es similar: la negligencia y la irresponsabilidad patronales, la carencia de medidas de seguridad con tal de optimizar ganancias, el contubernio entre empresarios y autoridades laborales, la corrupción sindical, hicieron del socavón una trampa mortal para los obreros. Otras 65 viudas, según lo declarado por las autoridades, se han sumado a la lista de las oficialmente reconocidas mil 552 mujeres a las que una fatalidad en la mina lanzó al desamparo. Para ellas, además del dolor de la pérdida de sus hombres, comienza un largo peregrinar para que les entreguen los cuerpos y el pago de las indemnizaciones. Un amargo luto que crecerá tan pronto la indignación pública ante la catástrofe se ahogue en las aguas del olvido. La calamidad de San Juan de Sabinas es tan vieja como el trabajo minero. En ella se resume un relato ancestral de explotación salvaje y desamparo laboral. Para los dueños del negocio, quienes laboran arrancando a las profundidades de la tierra sus riquezas son hoy, como han sido siempre, piezas prescindibles e intercambiables del proceso de trabajo. La salud, la seguridad, el bienestar de los trabajadores son un lujo del que los empresarios no han debido hacerse cargo nunca. Pero la tragedia de San Juan de Sabinas es también una prefiguración del futuro laboral de este país. En la mina se está poniendo a funcionar un modelo de relaciones laborales cada vez más extendido en los negocios. En la hora de la deslocalización, cuando las fábricas cruzan fronteras, como lo hace la fuerza de trabajo, la precariedad es la ley de facto no escrita que se sobrepone a la legislación vigente. Dos tercios de los mineros en Pasta de Conchos fueron contratados al margen de la protección de la relación laboral. A pesar de tener todos los elementos constitutivos de una relación laboral (dependencia económica, lugar de trabajo, horario, sistema de trabajo), su actividad no era considerada tal. Fueron reclutados y metidos a laborar al margen de cualquier contratación colectiva. San Juan de Sabinas no es sólo una rémora del pasado, sino una evidencia del futuro como devastación. El modelo laboral del que fueron víctimas es la propuesta empresarial para el siglo XXI. Un modelo en el que por arriba se contrata personal de confianza, por abajo se subcontrata con otras empresas o con trabajadores "libres", y por los lados se emplea a trabajadores por honorarios. No, no se trata de una excepción, sino de una regla creciente en las empresas. Ese es el modelo que el Grupo México, dueño de Pasta de Conchos, ha extendido a lo largo y ancho de su monopolio. Su "pesar" por la desgracia fue tan grande, que tuvieron que transcurrir 60 horas para que girara un comunicado a la Bolsa sobre la "prioridad absoluta" que representan los mineros en el accidente. Mientras los accionistas del grupo acaban de recibir dividendos por mil 500 millones de dólares, los mineros perciben 547 pesos por seis días de salario. En tanto los inspectores de la Secretaría del Trabajo informan que no hay anomalías en la seguridad de las minas que supervisan, los trabajadores arriesgan su vida y su salud día tras día. El mismo Grupo México es ejemplo de "modernidad empresarial". Es el productor más grande de cobre en México y el tercero del mundo, con ingresos de 48 mil millones de dólares. Es un holding con operaciones de minado y transportación; realiza operaciones mineras en México, Perú, Estados Unidos, Chile, Canadá, Australia e Irlanda. El Grupo México ha sido uno de los grandes beneficiados con las privatizaciones de empresas estatales. En 1988 obtuvo 95 por ciento de Mexicana de Cobre. En 1990 adquirió 100 por ciento de la mina de Cananea. En 1997, en asociación con Union Pacific e ICA, logró la concesión de las líneas de ferrocarril del Pacífico Norte, del Chihuahua Pacífico y la línea corta Nogales-Cananea. Curiosamente, Juan Rebolledo Gout, vicepresidente de la compañía, fungió como subsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Ernesto Zedillo. Aunque ahora se desgarre las vestiduras, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana no hizo apenas nada para evitar la desgracia. Ciertamente Napoleón Gómez Urrutia hizo fuertes declaraciones condenando el accidente, pero su verdadero interés no es (no ha sido nunca) la vida de los mineros, sino el poder. En esos días estaba muy ocupado peleando a golpes la presidencia del Congreso del Trabajo. La súbita indignación del líder tiene una pequeña historia detrás. En los tiempos en que Napoleón prefería la vida de tecnócrata, él y Germán Larrea, cabeza del Grupo México, fueron alegres compadres. Pero el compadrazgo se rompió cuando Napoleón fue designado secretario general del sindicato minero, a pesar de que nunca fue trabajador. La amistad devino en pleito. La calamidad de los mineros en Pasta de Conchos y el drama de sus deudos ha puesto al descubierto, de la misma manera en que lo han hecho las revelaciones sobre las condiciones de trabajo en la industria maquiladora, la naturaleza de las relaciones laborales y del sindicalismo realmente existentes en el país. La intervención gubernamental en la vida interna del sindicato minero tratando de imponer un liderazgo amaestrado muestra que las ofertas del gobierno de Vicente Fox de democratizar el país y respetar la autonomía sindical son una quimera. Ante el dramatismo de estos hechos, la lección es clara: para que haya justicia en México, la democracia electoral no basta. Hacer evidente esta realidad , es precisamente, uno de los objetivos que el zapatismo se ha trazado al impulsar la otra campaña.