El pueblo boliviano, por fin, tendrá su Asamblea Constituyente (AC) este año. Con la firma por el presidente Evo Morales del decreto correspondiente se inicia el camino hacia la concreción de lo que ha sido una vigorosa demanda en la ultima década de las organizaciones indígenas, del movimiento popular en general y un compromiso fundamental del Movimiento al Socialismo (MAS) con los electores. Como explicó Morales, es imposible gobernar para las mayorías sin una nueva constitución que conduzca a la refundación del Estado boliviano, librándolo de su carga colonial de origen y de la legislación neoliberal impuesta por los partidos de la oligarquía en los últimos veinte años. Debido a la tramposa ley electoral diseñada por la partidocracia y a los trucos del órgano electoral, que impidieron votar a cientos de miles de sus simpatizantes, el MAS no dispone de mayoría calificada en el parlamento, de modo que tuvo que hacer concesiones a la derecha para sacar adelante la ley convocando a la Asamblea Constituyente. Así, en lugar de que los tres representantes a ese órgano por cada circunscripción electoral pertenezcan al partido ganador, como proponía el MAS, habrá un representante para la primera minoría, un punto que permitirá ubicar más delegados a la desgastada derecha. Asimismo, además de los 210 delegados de circunscripciones previstos por el proyecto del MAS, se elegirá a cinco representantes por cada uno de los nueve departamentos del país. El partido de Morales también tuvo que aceptar la realización simultánea de un referéndum sobre las autonomías departamentales, exigencia de la ultrareaccionaria oligarquía de Santa Cruz y sus pares de los departamentos de Beni, Pando y Tarija, pero los entes autonómicos no controlarán -como pretendía la derecha- los recursos naturales de sus territorios, función que queda en manos del Estado. Además, las modalidades de la autonomía serán definidas por la constituyente, aunque en la ley que convoca el referéndum ya quedó asentado que los departamentos recibirán sus finanzas del gobierno central. Ahora viene una decisiva batalla política en que el partido de gobierno debe lograr una abrumadora mayoría en las elecciones para delegados a la Asamblea Constituyente a celebrarse el próximo 2 de julio. Este desafío fue deliberadamente aceptado por el MAS, consciente de la influencia que tendrá en el desenlace de la justa el extraordinario apoyo popular de que goza Evo Morales y confiado en el efecto político que tendrá para entonces su corta pero fecunda obra de gobierno. Considerando estos factores podría asumirse que el MAS puede alzarse con una gran victoria el 2 de julio, pero ello depende de que las fuerzas populares permanezcan estrechamente unidas y que sus destacamentos principales no se dejen tentar por el infantilismo de izquierda. Esa es la trampa en que Estados Unidos y la derecha tratarán de hacerlos caer para sembrar la división, único recurso que les queda para impedir que de la Asamblea Constituyente salga una carta magna que siente las bases jurídicas para transformar el Estado racista y excluyente heredado del liberalismo decimonónico en uno incluyente, verdaderamente democrático, donde ocupen un lugar preeminente los pueblos indios y de los sectores más desfavorecidos. Además del reto electoral, el gobierno de La Paz tiene importantes tareas que emprender, que seguramente llevarán a enfrentamientos con las transnacionales y con Washington. La primera de ellas es lograr el control del Estado sobre los hidrocarburos y otros sectores privatizados por las administraciones neoliberales, como el ferrocarrilero, eléctrico, telefónico y aéreo. En el plan del MAS el Estado debe hacerse con el 51 por ciento de las acciones de las empresas respectivas y ser quien determine sobre salarios, inversiones e impuestos. El gobierno está dispuesto a conseguirlo mediante un acuerdo amistoso con las empresas, pero el ministro de hidrocarburos Andrés Solís Rada ha advertido que de lo contrario se recurrirá a "otros procedimientos". Otra gran obra, cuyo inicio está fijado para el 20 de marzo, es una campaña de alfabetización con el probado método cubano "yo sí puedo", que se propone alfabetizar en castellano y lenguas indígenas a un millón 200 mil personas para el primer semestre de 2008. El primer presidente indígena de América del sur es notorio ya por su laboriosidad y talento, que le serán muy necesarias en las esperanzadoras pero difíciles jornadas por venir.