¿Qué hará el futuro Presidente con el saqueo de los fondos públicos perpetrado desde 1990? A través de la dirección estatal de la economía, en Nicaragua desde 1990 se transfiere una parte importante de los fondos públicos a los grupos de poder económico privado y se han congelado las obligaciones del Estado con los sectores populares a los mínimos niveles posibles. Los procedimientos para hacer estas transferencias discriminatorias de fondos públicos son ilegítimas, moralmente inaceptables, y han sido ejecutadas a veces por medios francamente ilegales y corruptos, aunque a veces de forma legal. 1.- En 1990 se posibilitó la creación de bancos privados, determinando que había que privatizar lo más posible los bancos estatales existentes al terminar el Gobierno Revolucionario. Para incentivar a nuevos banqueros, además de exigir niveles mínimos de capital fundacional muy atractivos para los inversionistas, desde 1990 hasta 2002 los bancos privados estuvieron exentos del pago del impuesto sobre la renta. Se discute si esta medida fue plenamente legal, o permitida por la Constitución, pero es indudable que fue perniciosa para el Erario Público. Los economistas estiman que los impuestos que el Estado dejó de percibir por esa operación fueron de hasta 5,000 millones de córdobas (al valor actual de la moneda). Si la operación no fue legal, ¿no habría que revertirla? 2.- Durante el Gobierno de Violeta de Chamorro se concedieron préstamos privados por bancos que todavía eran estatales a funcionarios de Gobierno (ejemplo, el Ministro Rondón) y a aliados políticos del Gobierno (ejemplo, Ramiro Guardián) que terminaron sin pagar esos préstamos y fueron la base inicial para la quiebra posterior de esos bancos (BANIC, Banco Nacional de Desarrollo). ¿No es esto tampoco recuperable? 3.- Durante el Gobierno de Alemán, la Superintendencia de Bancos bajo el Dr. Noel Sacasa, por presión del Presidente Alemán, toleró operaciones de créditos de diversos bancos privados que llevaron a la quiebra de cinco de esos bancos sin que los culpables de las quiebras fueran acusados ni obligados a restituir el dinero mal habido. Una vez quebrados los bancos la Superintendencia actuó con dolo, bajo la orden de Alemán, para el manejo jurídico de las quiebras (ni siquiera ha habido informes completos de las juntas liquidadoras de ninguno de esos bancos). 4.- A finales de los 90 y comienzos de siglo el Estado asumió la deuda por las quiebras bancarias a través de la emisión de bonos CENI a favor de tres bancos privados (BANPRO, BANCENTRO y BDF). Por esa operación: 1. - los tres bancos (y más el BANPRO que los otros dos) obtuvieron los activos más sólidos de los bancos quebrados, dejando los activos inseguros en poder del Estado; 2. - se reconoció deuda del Estado con todos los depositantes, al 5 por ciento de los cuales les correspondía el 50 por ciento de los montos (hasta llegar a muchos millones de dólares), y el otro 50 por ciento de la deuda correspondía a la mayoría de los depositantes (95 por ciento), a quienes se debían depósitos individuales inferiores a US$20,000, que era la categoría de ahorrantes con los que se podía justificar éticamente una intervención del Estado para protección de sus ahorros, puesto que los ahorrantes mayores debían asumir las pérdidas por el riesgo que habían asumido en una operación especulativa sin que se justificara una intervención del Estado a su favor; 3. - se concedió a los tres bancos que compraron los CENI tasas de 18.5 por ciento en promedio de intereses anuales (cuando la tasa vigente en el mercado, que era la tasa a la que legalmente el Estado podía asumir deudas, era de 3 o 4 por ciento) y plazos de pago de uno a tres años, obviamente leonina en favor de los bancos; 4--se permitió a los bancos adquirentes que corrigieran a su favor la clasificación de la cartera de préstamos (activos) de los bancos quebrados, clasificando préstamos de primera calidad como préstamos de los que no se esperaban pagos completos, pero que terminaron siendo pagados a los bancos en su totalidad, de forma que, de acuerdo a la Contraloría General de la República, las deuda asumida por el Estado con los tres bancos mencionados (5 mil millones de córdobas) terminó siendo tres veces superior a su valor inicial. Como resultado de todas estas irregularidades, el Estado ha asumido una deuda que ahora representa en el Presupuesto Nacional el 3 por ciento de los gastos del Estado (por pago de intereses y amortización) pero ha llegado a constituir en años anteriores hasta el 9 por ciento de los mismos. Se puede calibrar lo que esto significa, si se considera que actualmente el Ministerio de Educación ejecuta tan solo el 11% de los gastos del Estado, y que la deuda de los CENI, de haberse llegado a adquirir en términos éticamente aceptables, no debería llevarse actualmente más del 1 por ciento de los gastos del Presupuesto Nacional. 5- -El Estado, presionado por el Gobierno norteamericano, ha asumido una deuda con los indemnizados (por los bonos BPI) cuyo servicio al momento representa el 13% del Presupuesto Nacional, lo cual es un monto de gastos superior al del Ministerio de Educación y es el 60 por ciento de los presupuestos combinados de Educación y Salud. 6.-Para pagar las obligaciones de deuda pública, el Gobierno ha estado usando desde finales de los 90 sólo una parte mínima el 60 por ciento de los fondos perdonados por la Iniciativa HIPC en programas de lucha contra la pobreza. Sin embargo, en Colonia, cuando se hizo la decisión por los países donantes, de perdonarnos la deuda, se determinó que ese perdón, en su totalidad, debía ser destinado a combatir la pobreza (educación, salud, vivienda, caminos rurales). De esos pagos, sólo una tercera parte eran para pago de deuda externa (antes del último perdón total de la deuda), siendo el pago de sólo la deuda interna (CENI y BPI) equivalente al 14 por ciento de todo el Presupuesto. 7.- Lo más ominoso es que todos esos pagos y transferencia ilícitos a los sectores económicos de poder privado se hacen sobre todo con el dinero pagado en impuestos por todo el pueblo de Nicaragua. El 60 por ciento de los impuestos corresponden tanto al IVA (impuesto indirecto, no relacionado con los ingresos de los contribuyentes) como al Impuesto sobre la Renta, el cual no es cobrado al capital (ganancias, utilidades de las empresas) y es pagado en su parte más sustancial por los asalariados (de los cuales, la inmensa mayoría no son miembros de los estratos máximos del poder económico). Adicionalmente, el Director General de Ingresos ha revelado que en los últimos 8 años el 60 por ciento de las empresas del país han reportado pérdidas netas, un pretexto fraudulento gracias al cual han sido eximidas del pago de Impuesto sobre la Renta. Como consecuencia de todo ello, los impuestos con los cuales se cubren los gastos del Presupuesto, y con los cuales se paga la deuda interna, en un 80 por ciento son pagados por la gente que gana menos de 2 dólares diarios per cápita. 8.- El Gobierno hasta ahora ha hecho oídos sordos a la propuesta de la Coordinadora Civil de renegociar la deuda de los CENI con los tres bancos a 30 años plazo y 4 por ciento de interés. Eso no sólo es de justicia, sino también una salida para atenuar el grave déficit fiscal. 9. - Es hora de terminar con los megasalarios. El salario de Bolaños es mayor que el del Premier inglés. Gana más que cualquier presidente latinoamericano o centroamericano, igual que sus ministros y asesores. Las secretarias, asistentes, choferes de todo el sector ejecutivo ganan más que muchos profesionales, sobre todo del ramo médico. Asimismo, se debe terminar con los megasalarios en todo el resto del sector estatal. 10.- Éstos son los compromisos firmados por el Gobierno y los partidos de la Asamblea (incluido el FSLN) con el FMI para los siguientes 5 años: - Congelar los salarios del sector público - Congelar los gastos sociales del Presupuesto a los niveles que hay al momento. - Neutralizar las transferencias de presupuesto a los municipios cargándolos con más obligaciones de las cuales se libera al Gobierno Central. - Elevar las tarifas de energía. Con los abusos anteriores más estos últimos compromisos, el próximo gobierno está completamente atado al Fondo Monetario Internacional, y no tiene ninguna capacidad de maniobra para enfrentar el problema de la pobreza en que está sumida la población ni para, siquiera, cumplir los compromisos asumidos hacia las Metas del Milenio para el año 2015.Cualquier presidente que sea electo en los próximos comicios debe hacer algo al respecto: ¿aceptarlo como hecho cumplido que no debe tocarse?, ¿tomar acciones inmediatas para remediar estos abusos?, ¿seguir una estrategia para revertirlos a mediano plazo (durante su período quinquenal)?, ¿o callarse para no provocar una reacción de los Estados Unidos, garante infalible del Fondo Monetario Internacional?