A propósito de la propuesta del candidato-presidente de un impuesto adicional de los más ricos para la seguridad y la defensa, no hay duda que esto suena a una actividad electoral y no es bueno ni para la Fuerza Pública ni para la seriedad de la política pública de seguridad y defensa. La Fuerza Pública es una institución que no puede tener la más mínima sospecha de tomar partido a propósito de una propuesta partidista de un candidato, cualquiera que sea -claro, con la reelección se presenta la paradoja, poco saludable, que el comandante supremo que es el Presidente, está también en campaña electoral-, porque debe ser una institución no sólo profesional sino, además, apartidista, pues es la encargada, en cualquier Estado, de encarnar el monopolio legítimo de las armas y es uno de los instrumentos fundamentales del Estado para hacer realidad los demás monopolios que son de su esencia: el control territorial, la justicia, la tributación. Por ello, es la institución estatal que no sólo debe ser imparcial frente a todas las propuestas partidistas, sino además parecerlo. Por otra parte, la política pública de seguridad y defensa es estratégica para un Estado, por cuanto tiene que ver con su propia supervivencia y la de sus ciudadanos, que son la base y razón de ser de ese Estado. Por ello, esta política pública debe tener un carácter y una esencia nacional. No se puede dar la más mínima sensación de que la Fuerza Pública simpatiza con la propuesta de un determinado candidato porque ella ofrece más beneficios o recursos. Por esto es de absoluta urgencia que se haga un proceso serio y democrático de elaborar el Libro Blanco de la Seguridad y la Defensa, que definitivamente haga que esta política pública sea de carácter estatal-nacional y de ninguna manera ni gubernamental y menos partidista, por la buena salud y la legitimidad de la Fuerza Pública y de la estabilidad institucional en su conjunto. Los libros blancos de la seguridad y la defensa son una metodología democrática y participativa para elaborar la política pública de seguridad y defensa, en la cual se convoca a las diversas fuerzas políticas -no solamente a las amigas del Gobierno, sino y sobre todo a las de la oposición-, a los diversos sectores sociales relevantes -académicos, empresarios, sindicalismo, iglesias, organizaciones indígenas, campesinas-, y por supuesto con la importante presencia de especialistas militares, para que en un proceso deliberativo y de búsqueda de consensos se definan los ejes estratégicos de la seguridad y la defensa -amenazas y riesgos, tanto externos como internos y la manera como se pueden y se deberían enfrentar los mismos- y por supuesto de allí se derivarían los objetivos y requerimientos de la política pública, que debe ser de mediano y largo plazo en cuanto a sus grandes lineamientos. En ese contexto es donde se definen las necesidades presupuestales para la seguridad y la defensa y qué porcentaje del presupuesto nacional se debe destinar a este rubro y no con propuestas de coyuntura, sino con destinaciones de carácter permanente. Esto a su vez permite que la sociedad tenga claridad acerca de los objetivos de la política pública y pueda hacer el necesario control de la misma y a su vez la Fuerza Pública pueda hacer una rendición de cuentas, más allá de los llamados 'positivos' que suelen dar los comandantes operativos. Otra es la discusión de qué tanto deben tributar de manera permanente los sectores de mayores ingresos, los riquitos, como le gusta decir al candidato-presidente. De esta manera, la Fuerza Pública dispondría de unos lineamientos de política pública para guiar su acción y de unos recursos para ello, más allá de propuestas de coyuntura que tienden a ser de no buen recibo. - Alejo Vargas Velásquez es profesor de la Universidad Nacional (Colombia).