¿Al servicio de quién?

Política Agrícola en Brasil

18/01/2001
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Transcurrido un año más, es hora de los balances. El gobierno de Fernando Henrique Cardoso tuvo el desplante de presentar en la prensa el balance de los subsidios que concedió a algunos sectores de la economía. El Balance es trágico, por no decir cómico. El valor total concedido alcanzó 42 mil millones de reales, lo que significa 4% del PIB o 26% de toda la renta federal. Ese valor es mayor del que suman los gastos en educación, salud, reforma agraria, vivienda popular, canasta básica, en fin los gastos sociales. Eso por sí solo demuestra a qué intereses este gobierno defiende. ¿Pero quién se benefició de los subsidios? El apoyo a las exportaciones recibió la mayor parte: 14 mil millones de reales. Y aquella minoría de privilegiados que viajan al exterior tuvieron un subsidio en las tiendas de los aeropuertos de 707 millones de reales. ?Para comprar productos importados! La mitad de los subsidios ofrecidos a las empresas exportadoras se refiere a las operaciones de importación de materia prima con el compromiso de re- exportar. Eso beneficia tan solo a las empresas multinacionales que transformaron nuestros puertos en meros interpuertos para obtener subsidios. Esa política fue la responsable, por ejemplo, de la destrucción del cultivo de la semilla del ricino que abastecía 18 fábricas de aceites y derivados. Con el subsidio para la importación quebraron 15 de las 18 industrias existentes y las tres que restan prefieren importar la semilla de ricino de la India, para después re-exportar. ¿Pero cuál es el verdadero resultado de esa política ciega de tan solo beneficiar las exportaciones? Reventó a muchos sectores nacionales, no generó empleo, y todavía más, produjo un déficit en la balanza comercial. Los subsidios para la agricultura siguieron la misma lógica perversa de la política económica en general. El volumen total de subsidios a la agricultura brasileña en el año 2000, fue de apenas 350 millones de reales. Sumados alrededor de 200 millones para igualar la tasa de interés en el Pronaf a los pequeños agricultores y asentados. Y lo restante como subsidio para las cooperativas que realizaron compra anticipada de producción. O sea en rigor no hubo ningún subsidio a la producción agrícola nacional, ni para los medianos y grandes productores y mucho menos para los 4 millones de agricultores familiares. Pero del otro lado de la moneda, para los latifundistas, el gobierno encontró otras formas para garantizarles privilegios. Entre los 700 mil agricultores que tenían una deuda acumulada de 24 mil millones de reales, de crédito rural con el Banco del Brasil, la mayoría aún esta envuelta en negociaciones interminables con los gerentes locales. Pero los 14 mil mayores deudores, que debían 15 mil millones (60% de la deuda total) articulados por la bancada parlamentaria ruralista, rápidamente pudieron renegociar sus deudas, que costó al tesoro nacional, apenas en ese año, cerca de 2,2 mil millones de reales. ¿Es acertado dar subsidio a los pequeños agricultores? La agricultura es una actividad productiva sui generis, que depende de muchos factores naturales, que no dependen ni del hombre, ni del capital. Más allá de que es responsable de la alimentación de la sociedad. Por eso todos los gobiernos de los países desarrollados adoptan políticas de subsidio directo a los agricultores. El objetivo principal es mantenerlos en actividad, evitar el éxodo rural, estimular la producción y dar más competitividad en el comercio exterior. El subsidio total en esos países en 1999, fue de 361 mil millones de dólares. Dividido para el número de familias de agricultores de aquellos países, la media anual recibida por familia fue de 11 mil dólares! Ya el gobierno de FHC prefiere que sigamos importando leche, queso, alpiste, arroz, frijol, agua mineral, etc... y gastemos 5 mil millones de dólares por año, en productos agrícolas. En lugar de producir aquí, generar empleo y renta para millares de familias de agricultores. El gobierno no se preocupa de mantener las mismas reglas del comercio internacional. Hay un proyecto de ley acordado entre todos los líderes de los partidos, durmiendo en los cajones del congreso ya varios años, que establece la equivalencia de tarifas de los productos agrícolas. O sea, si un país tiene una tarifa para importar determinado producto, el Brasil debería aplicar la misma tarifa, en caso que de aquel país resuelva exportar hacia nosotros. Está enmoheciéndose en el congreso por presión directa del ministro Pedro Malan. Las multinacionales de Europa y Estados Unidos agradecen a su ministro, ahora radicado en Brasilia. Como dice la profesora Maria da Conceição Tavares que tuvo a Malan como alumno, el gobierno de FHC es un mero pro- cónsul de los intereses norteamericanos en nuestro país. * João Pedro Stedile es miembro de la Dirección Nacional del MST.
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