“Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos en una Irlanda libre”, rezaba un graffiti rayado por desconocidos en los muros de Maze a pocos días de finalizada la trágica huelga de los prisioneros políticos del IRA. Roguemos porque en el País Mapuche la única sonrisa que veamos en los próximos días sea aquella de nuestros cuatro hermanos huelguistas, dando la bienvenida a sus primeros días de anhelada justicia y libertad. El 1 de marzo de 1981, 10 presos políticos irlandeses iniciaron una huelga de hambre en el Bloque H de la cárcel de Maze, Inglaterra. El Bloque H, más que una sección, era un centro de torturas y vejámenes. Allí eran trasladados desnudos, todos los presos políticos del Ejército Republicano Irlandés (IRA) que se negaban a usar el uniforme de “delincuentes comunes”. Encabezados por Bobby Sands, los presos exigieron su derecho a usar su propia ropa, no ser obligados a realizar trabajos serviles, el derecho a vincularse entre ellos, el derecho a recibir una visita semanal, a recibir y enviar correspondencia, y finalmente poder estudiar. Derecho a usar su propia ropa, recibir visitar, estudiar. Con la distancia que dan los años, podría decirse que se trataba de peticiones abordables para cualquier gobierno "democrático". No lo fue así para ellos. Luego de 66 días de huelga de hambre, ciego por completo y en los huesos, Sands murió. Tenía 27 años. Días más tarde lo siguieron Francis Hugues, Fraymond McCreesh, Ptsy O’Hara, Joe Mc Donnel, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas Mc Elwee y Michael Devine. Durante la huelga, Margaret Thatcher, la polémica dama de hierro, no cedió ni un ápice. "Mr. Robert Sands, un recluso de Maze, murió a las 1:17 de esta madrugada. Él se quitó la vida rehusando alimentos y asistencia médica". Así informó su muerte un frío comunicado del gobierno inglés emitido a pocas horas de confirmado el primer deceso. Y es que a pesar de la tragedia en la cárcel de Maze, la primera ministra Thatcher no cedió un milímetro a los justos reclamos de los presos, respaldados incluso por un enviado especial del Vaticano, atendiendo la arraigada fe católica de gran parte de la población norirlandesa. Solamente en octubre de 1980, tras abandonar estos las constantes huelgas de hambre que se multiplicaban en diversos penales de Irlanda e Inglaterra, el gobierno metropolitano concedió un punto de los cinco demandados por los huelguistas de Maze: que los presos irlandeses pudieran vestir sus ropas. Hablamos de fines de 1981, a las puertas del siglo XXI, en el epicentro de lo que más tarde sería la Unión Europea. Y la gran concesión del gobierno fue ¡que los presos no estuvieran desnudos en la cárcel! En Chile, desde el pasado 13 de marzo, cuatro presos políticos mapuches, condenados a 10 años de cárcel por delitos “terroristas”, mantienen una huelga de hambre que –según detallan informes médicos- comienza a poner en grave peligro sus vidas. La comenzaron en la cárcel de Algol y la continúan por estos días en la enfermería de la cárcel de Temuco, capital de La Araucanía, bajo fuertes medidas de seguridad y monitoreados por especialistas médicos que en vano logran convencerlos de deponer su movilización. Ignorados durante semanas por la prensa chilena y el gobierno, solo la inquebrantable voluntad de su sacrificio ha logrado captar la atención de la ciudadanía y las autoridades. Todos ellos pertenecen a empobrecidas comunidades de la zona de Ercilla y fueron condenados por incendiar un predio forestal, propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte Larrain, cabeza de uno de los principales grupos económicos del país y poseedor de una fortuna evaluada en 4.100 millones de dólares según el ranking Forbes de este año. Los cuatro huelguistas niegan los cargos en su contra, denuncian persecución política, la aplicación injusta y condenable de una legislación antiterrorista heredada de los tiempos de Pinochet y solicitan a las autoridades la revisión de sus drásticas condenas, atendiendo que en un reciente juicio, otros dos mapuches imputados por la misma causa fueron absueltos del cargo de “terrorismo”. El mismo juicio, mismas pruebas, mismos testimonios y un fallo favorable a los imputados. No están solos en su reclamo. Organismo de derechos humanos, organizaciones indígenas, agrupaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales, se han sumado a una larga cadena de voluntades con el único objetivo a estas alturas de salvarles la vida. Desde Ginebra, el propio Relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, instó al Gobierno chileno "a desarrollar todos los esfuerzos que estén a su alcance para llegar a acuerdos que permitan dar una salida a la situación planteada por los presos", sin provocar lamentablemente en las autoridades el menor asomo de preocupación. Un mito popular dice que los chilenos son “los ingleses de Latinoamérica”. Si del tratamiento que el Estado otorga a las nacionalidades oprimidas que habitamos al interior de sus fronteras se trata –como lo es en definitiva el caso del pueblo mapuche-, nada tendría Michelle Bachelet que envidiar a la otrora temida dama de hierro británica. Los estados de herencia colonial aprenden de sus pares para golpear mejor y también para ignorar a su oponente. Thatcher y Bachelet. El mismo silencio cómplice, la misma soberbia enquistada como política de estado, la misma arrogancia-masculina (vaya paradoja) a la hora de dar cuenta del ejercicio del poder frente a quienes, por cuna, riqueza o posición, nos gobiernan a fin de cuentas desde las sombras. Algunos podrán decir que exagero. Se dirá que el historial de víctima de violación a los derechos humanos de la primera mandataria chilena obliga a una lectura menos crítica de sus acciones. Nada más equivocado. Aquel historial y aquella sensibilidad especial de la que tanto nos hablaron (y nos vendieron) cuando era candidata, solo agrava sus faltas como presidenta. Su pasado la obliga más que nadie a no apartar la vista, a no hacer vista gorda, allí donde mandan las razones de estado y la sinrazón judicial, las mismas de las cuales fue víctima en otros tiempos tanto ella como su familia. ¿Cómo entender que transcurridos 54 días de huelga, la única concesión a los presos mapuches emanada desde La Moneda sea la voluntad del ejecutivo de “no invocar la Ley Antiterrorista en juicios vinculados a demandas de tierras, cuando sean delitos comunes”? Lo señaló textual el Ministro del Interior, Andrés Zaldivar, y sin siquiera sonrojarse frente a los noticieros. ¿Es que acaso, señor Zaldivar, se estaban aplicando los artículos de la draconiana Ley 18.314 para perseguir delitos comunes al interior del País Mapuche, violando dicho sea de paso el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales básicas de los ciudadanos mapuches hoy encarcelados? A confesión de partes, relevo de pruebas, reza el aforismo jurídico. En cualquier sociedad medianamente democrática, las declaraciones del vocero de gobierno hubieran causado un escándalo de proporciones y llenado de editoriales los periódicos. Las garantías constitucionales, señor ministro, la famosa primera enmienda de la que tanto nos hablan los norteamericanos en sus películas y que en la vida real pisotean a diario fuera de sus fronteras. La misma de la que nos habla aquella superproducción local, plagada de efectos especiales y persecuciones, titulada Reforma Procesal Penal. Todo un homenaje al western norteamericano. Si en la conservadora Inglaterra de los ochenta, la única concesión de las autoridades fue permitir que los presos irlandeses vistieran sus ropas en prisión, en Chile la respuesta del gobierno de Bachelet resulta mucho más irónica y cruel. “No aplicar la ley antiterrorista para perseguir delitos comunes”. Un lector desprevenido podría pensar que se trata de una broma de mal gusto. Y es que resulta obvio que en cualquier estado de derecho que se precie de tal, ningún ciudadano puede ser perseguido como terrorista si lo que se investiga es en definitiva un delito común. Obvio, pero no suficiente para el caso chileno. A la fecha, ya suman más de una docena las querellas por dicha legislación interpuestas por el gobierno en contra de mapuches. Los delitos investigados: incendio, amenaza, asociación ilícita, robo y hurto de madera, usurpación de tierras, lesiones leves y graves, más un largo etcétera. Ningún atentado con bombas, asesinato selectivo, ataque suicida, formación de grupo armado o cualquiera de aquellos delitos que atentan contra la vida, generan terror en la población y que la doctrina gusta identificar como “terrorista”. Y es que Temuco no es Moscú ni los comuneros mapuches rebeldes chechenos, por más que las autoridades y los fiscales intenten convencernos a diario de nuestro error. Los presos políticos de la cárcel de Maze no podían esperar menos indiferencia de la señora Thatcher que la demostrada por ella en aquellos 66 trágicos días de ayuno forzado. Estaban frente a la más enconada y acérrima enemiga de la causa republicana irlandesa y ellos lo sabían. De cierta forma, la buscaron hasta encontrarla. Con su intransigencia y mano dura, Thatcher pretendió enviar un mensaje a toda la rebelde población de Irlanda. Nunca sospechó que los presos también buscaban lo mismo. Enviar un mensaje. Y vaya si lo lograron. "Me vuelvo a enrollar en mi manta mientras el frío muerde mi carne una vez más. Ellos no tienen nada en todo su arsenal imperial, capaz de quebrar el espíritu de un solo prisionero político republicano que se rehúsa a ser quebrado", escribiría Bobby Sands en su diario, publicado tras su muerte y transformado en best sellers. “Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos en una Irlanda libre”, rezaba un graffiti rayado por desconocidos en los muros de Maze a pocos días de finalizada la trágica huelga del IRA. Roguemos porque en el País Mapuche la única sonrisa que veamos en los próximos días sea aquella de nuestros cuatro hermanos huelguistas, dando la bienvenida a sus primeros días de anhelada justicia y libertad. Y es que a fin de cuentas Michelle Bachelet no es Margaret Thatcher, por más que los porfiados hechos nos digan exactamente lo contrario. - Fuente: Periódico Azkintuwe http://www.nodo50.org/azkintuwe/may5_1.htm