En la noche del 15 de mayo, el Ministro de Energía y Minas, Iván Rodríguez, dio a conocer un falló largamente esperado: Declaró la caducidad del contrato con la empresa transnacional Occidental Petroleum Corporation (OXY por sus siglas en inglés) que opera en el bloque 15 del Oriente ecuatoriano, extrayendo más de 100.000 barriles de petróleo por día, una tercera parte de lo que explotan las empresas transnacionales.

La resolución ministerial se basó en el incumplimiento del contrato por parte de la OXY al haber transferido el 1 de noviembre del año 2000, el 40% de los derechos y obligaciones del Contrato de participación del bloque 15 a favor de la canadiense ENCANA sin autorización del Ministerio de Energía, conforme lo manda el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos.

La resolución del gobierno ecuatoriano implicará la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas, además de la entrega, sin costo y en buen estado, de equipos, maquinarias y otros elementos utilizados en la producción petrolera, instalaciones industriales o de transporte a la empresa estatal Petroecuador.

La decisión del ministro de Energía se sustenta en la petición presentada contra la OXY por Petroecuador y por el Procurador del Estado en agosto de 2004.

En un momento en que el petróleo alcanza precios nunca antes registrados y se ha convertido en un recurso estratégico muy codiciado, la decisión ecuatoriana de declarar la caducidad del contrato con la OXY constituye un golpe a los intereses de Estados Unidos y de sus transnacionales. Aunque la Embajada de EE.UU. todavía no se ha pronunciado oficialmente, en anteriores oportunidades ha declarado que la caducidad del contrato con la OXY sería considerada como una expropiación. De su lado, la empresa, no descarta recurrir a tribunales internacionales, según su vicepresidente en el Ecuador, Daniel Almaguer.

El analista petrolero Henry Llánez Suárez dijo que, en este caso, no procede las figuras de la expropiación o de la confiscación de bienes pues lo que se ha hecho es aplicar la sanción denominada "caducidad del contrato" prevista en la Ley de Hidrocarburos y en los contratos que la propia empresa suscribió con el Estado. "Además de rescatar la dignidad y de que el Ecuador se va a beneficiar con más de 100.000 barriles por día, el mensaje que debemos enviar es que está vigente un marco legal que deber ser respetado por todos", expresó a Llánez a ALAI.

La historia de la OXY en el Ecuador es una historia de inequidad. Durante el período 1999-2004 la transnacional se llevó el 85% de la producción petrolera mientras el Estado percibió un 15%, según sostiene Llánez en su libro "OXY, contratos petroleros, Inequidad en la distribución de la producción", recientemente publicado. Es más, Llánez afirma que en este mismo período, la compañía OXY explotó 92 millones 824 mil 317 barriles, que han generado 2 .472 millones, cantidad que duplica la inversiones realizadas por la contratista, que según sus propios datos, fue de 1.100 millones de dólares.

El caso de la OXY forma parte de la lucha por la defensa y el rescate de los recursos naturales, y en particular el petróleo, que se ha extendido en América Latina y que también toma fuerza en el Ecuador. El movimiento indígena encabezado por la CONAIE, así como los sindicatos, los pueblos amazónicos, organizaciones estudiantiles y ecologistas, artistas y ciudadanos se han movilizado en varias ocasiones para lograr que el dubitativo gobierno de Alfredo Palacio se decida por aplicar la ley a la transnacional.

Humberto Cholango, dirigente indígena de ECUARUNARI, la mayor organización filial de la CONAIE, dijo que esto es un triunfo del movimiento indígena y de los movimientos sociales para frenar a las empresas transnacionales que no cumplan la ley. El siguiente paso es luchar por la nacionalización del petróleo en el Ecuador y por la inmediata entrega de todas las instalaciones de la OXY a la estatal Petroecuador, si no se cumple esto nuevamente nos movilizaremos, agregó.

El caso OXY afectará directamente a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio del Ecuador con Estados Unidos, cuyas conversaciones debían reiniciarse a mediados de este mes. Cabe recordar que los delegados de Estados Unidos suspendieron las mismas en el momento en que el Congreso del Ecuador aprobó una ley que obliga a las transnacionales a compartir con el Estado el 50% de las ganancias de la producción petrolera. Ahora, la caducidad del contrato con la OXY complicará las negociaciones del TLC, según se lamentan las élites empresariales ecuatorianas alineadas con Washington, pero al mismo tiempo causa satisfacción en amplios sectores de ecuatorianos que se han venido manifestándose contra el TLC.

Un currículo oscuro

La hoja de vida de esta poderosa transnacional, fundada en 1920 en California y con presencia directa en 9 países e indirecta en 18 más, nos remite a un historial de contaminación ambiental, extracción de petróleo en reservas biológicas, división y humillación de las comunidades indígenas, utilización de trabajo infantil, tratos dudosos con funcionarios locales.

Su presencia en el Ecuador se remonta a 1985, cuando era presidente el derechista León Febres Cordero. En ese año, se firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa estatal Petroecuador (en ese entonces llamada Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE). El petróleo que extraía del bloque 15 (en donde se encuentran los ricos pozos de Edén Yuturi y Limoncocha) era en un ciento por ciento del Estado, y éste último le pagaba por la prestación de servicios.

Sucesivamente se fueron modificando el contrato con esta empresa hasta que en 1999, durante el gobierno de Jamil Mahuad, se dio un golpe bajo a la soberanía nacional. Se cambió el contrato de prestación de servicios por el de participación, con lo cual, a la Compañía se le entregó el 80% de la producción y el 20% se quedó el Estado. El responsable de esta transacción perjudicial para el país fue el Dr. René Ortiz, quien fue ministro de Energía de Mahuad, y que ahora funge como representante de una asociación de empresas transnacionales.

Antes de que se vaya del Ecuador, la OXY debe ser investigada por los daños ambientales causados en las regiones donde actuó, especialmente en las áreas protegidas como la Reserva Biológica de Limoncocha, una parte del Parque NacionalYasuní, la Reserva Faunística de Cuyabeno y el Bosque Protector Pañacocha, expresó Esperanza Martínez de Acción Ecológica. Varios pueblos indígenas como los quichuas secoyas, shuar y achuar han sido impactados por las actividades de esta petrolera, pudiendo mencionarse la pérdida y tráfico de especies, venta ilegal de madera, abusos y divisiones, aculturación e introducción de enfermedades, según Acción Ecológica.