Para Tony Clarke, del Instituto Polaris, por una red estratégica de grupos de presión, vinculados a políticos nacionales, la industria mundial del agua se orienta hacia su privatización. “Esta red incluye la ‘Global Water Partnership -GWP-…’ inicialmente dirigida por un vicepresidente del Banco Mundial, asociado a gobiernos y agencias de cooperación de países industrializados y otras instituciones financieras internacionales. Acción evidente desde que GWP jugó un papel fundamental en la organización del Foro Mundial del Agua celebrado en La Haya en el 2000, “qué puso un fuerte énfasis en la promoción de asociaciones con participación público-privada -PPP- como la solución a la crisis mundial del agua.” Otras prestigiosas publicaciones reafirman que GWP, junto al FMI y el Banco Mundial, impulsan conjuntamente la actividad de compañías privadas dedicadas al negocio del agua, restringiendo la inversión estatal en el sector de abastecimiento de agua potable, al tiempo que lo abren (“apertura”, le dicen) a la inversión extranjera, para de esta manera, enfrentar la “incapacidad estatal” para tratar el problema. En un estudio sobre el movimiento social alrededor de la gestión del agua en Nicaragua, gestado a partir de las iniciativas gubernamentales dirigidas a otorgar “en concesión” la administración de la empresa estatal encargada del abastecimiento de agua potable, se lee: “GWP se describe así misma como un red encaminada a la acción de organismos interesados en cuestiones relativas al agua y cuya misión consiste en encontrar las herramientas necesarias para resolver los problemas del agua, sobre todo en los países del Tercer Mundo. Sin embargo, el MS la percibe como un organismo carente de base social, integrada por consultores contratados –por las empresas transnacionales involucradas en el negocio del agua-, cuya tarea es preparar el camino de las privatizaciones, a través del establecimiento de relaciones con el Estado y con otras organizaciones civiles”. Los ciudadanos nicaragüenses reaccionaron así ante el hecho de que GWP apoya a organismos financieros internacionales que “promueven la creación de empresas municipales con Participación Pública-Privada (PPP)”. Al poner como ejemplo la administración de agua potable en Puerto Cortés, Honduras, concluyen que “ese es un modelo que quiere reproducirse en los municipios de Nicaragua y en todos los países de la región.” Lo grave es que (como sucede en otros sectores privatizados) el mensaje del Banco Mundial plantea que “el país que se niegue a ello verá recortados los créditos para otras inversiones en el sector público”, según mensaje emitido sin ambages por uno de los “héroes” de la invasión a Irak, Paúl Wolfowitz, presidente del Banco Mundial, durante el Foro Mundial del Agua celebrado en México, donde también habló uno de los “interesados”, el millonario Carlos Slim. Ahora bien, si se tratara solo de un asunto ideológico útil para una discusión académica, el asunto sería intrascendente. Pero como más bien se trata del derecho humano al acceso al agua potable, habría que ver cómo podrían pagar -cubriendo los costos del servicio- los pobres del mundo… y de Costa Rica. Por otro lado, no es difícil prever lo que hubiera sucedido, de haber tenido éxito en el 2002, el proyecto del expresidente Miguel Rodríguez de dar en concesión el agua de nuestro país, para lo cual se contrató a la consultora de finanzas corporativas creada por ex socios de Morgan Stanley Dean Witter, la española “N más 1”, cuya ejecución hubiera provocado un aumento brutal de las tarifas para pagar una inversión de $300 millones. Suez y Thames, transnacionales gigantes del negocio del agua, habían mostrado su interés, junto a Bechtel. Obviamente la “motivación” se ilustra en los ingresos anuales de $160.000 millones de dólares (al 2002) obtenidos por las francesas Suez y Vivendi, y la alemana RWE-Thames, y en los beneficios “especiales” que obtendrían algunos por sus “gestiones de éxito”. ¡Ojo al anunciado TLC con la Unión Europea que por ahí podría andar parte del negocio! Como el pueblo costarricense no podría soportar ataque de tal magnitud a su bienestar, llamamos la atención al respecto, con la esperanza de que el mismo pueblo sabrá denunciar a los promotores de tal crimen, para así evitar la sed que se vislumbra. Recordemos además, que con el TLC no se podría evitar la extracción y exportación indiscriminada del agua envasada, que ya forma parte del negocio de corporaciones instaladas en suelo costarricense. - Freddy Pacheco es catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica.