Ante la Fiscalía Seccional de Apartadó, un grupo de colonos del corregimiento Nueva Colonia, de Turbo que esperan desde hace 22 años un título de propiedad, formularon denuncia penal tras recibir amenazas en los últimas semanas por parte de presuntos miembros de las autodefensas que aún operan en esta región del Urabá antioqueño. Las intimidaciones contra las 21 familias que habitan el predio La Niña, en la vereda La California, se vienen repitiendo con insistencia desde hace 20 días y según Gerardo Vega, apoderado de esta comunidad, “lo que buscan es que estas familias desalojen el predio para apropiarse de él y evitar la titulación de tierras, que por trámite con el Incoder, deberá hacerse el 31 de julio próximo”. De acuerdo con el certificado de la denuncia penal expedida por la Fiscalía General de la Nación y fechada el 16 de junio, “la señora Ludis del Carmen Palencia Cabrales formuló denuncia penal por la posible conducta de amenaza con fines terroristas, por hechos que están sucediendo en contra de la comunidad de la vereda La California, comunal San Jorge, corregimiento Nueva Colonia, del municipio de Turbo”. Según Vega, hasta el momento la comunidad ha sido visitada tres veces en las últimas semanas por hombres que insisten en presionar a los colonos para que desalojen el predio de 107 hectáreas dedicado al cultivo de plátano. “La gente está intimidada, pero se resiste a abandonar las tierras, que habitan y explotan desde hace 22 años”, advierte el abogado, a quien le preocupa que las amenazas contra estas familias se concreten. Una vieja rencilla Las recientes amenazas contra los colonos de La Niña añaden un nuevo capítulo a una historia que involucra a colonos, jefes del Bloque Bananeros de las autodefensas, la empresa privada y a presuntos testaferros de los paramilitares. En agosto de 1984, 43 familias invadieron el predio La Niña y parcelaron 107 hectáreas. En esa época, las tierras eran de propiedad de Emilio Hasbun, quien según la revista Cambio sería un paramilitar de confianza de Carlos Castaño Gil, cabeza visible de las Autodefensas Unidas de Colombia, desaparecido en el 2004. En junio de 1999, el Estado, a través del desaparecido Incora, decretó la extinción de dominio y el predio pasó a manos de la Nación. No obstante esta decisión administrativa estatal, en septiembre de 2000, seis representantes de las 21 familias que aún quedaban en La Niña fueron citados a la vereda La Teca por una persona que se identificó como vocero de los propietarios de las tierras, quien los recibió acompañado de conocidos jefes paramilitares del Bloque Bananeros. En una tienda rural y rodeados de guardaespaldas de los “jefes paras”, se definió que, en total, los colonos debían pagar 470 millones de pesos, los cuales serían descontados por Banacol de las cuotas de exportación del plátano. Los labriegos, intimidados, firmaron el acuerdo de pago con el compromiso de recibir títulos de propiedad. A finales del 2004 saldaron la deuda, pero no recibieron titulación alguna. En el lugar también estuvo presente Felipe Echeverri, hoy miembro de la junta directiva de Augura y en aquella reunión negociador de los predios y quien, en última instancia, fijó el precio de las tierras y cerró la negociación. Pero dado que no hubo títulos de propiedad, los campesinos instauraron en julio del año pasado una demanda penal ante la Fiscalía 54 con la pretensión de recuperar los 470 millones de pesos, hecho que los afectados consideran una estafa y por el cual fue vinculado el empresario Felipe Echeverri a un proceso por extorsión y concierto para delinquir. “En julio del año pasado fue llamado a indagatoria y este es el momento que aún no le han resuelto su situación jurídica”, explica Gerardo Vega. Intervienen comisionadas El proceso ha sido tan complejo que la comunidad buscó la intervención de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación. Ana Teresa Bernal y Patricia Buriticá, integrantes de la Comisión, participaron en la búsqueda de salidas al asunto. En principio, lograron que el Incoder definiera el 31 de julio como la fecha de titulación de las tierras, lo que significa un alivio para los labriegos afectados. Pero lo que al parecer es un logro y despeja el camino a los problemas de los pobladores de La Niña, se está convirtiendo en un tema preocupante, porque ante la inminencia de la titulación y la insistencia en la reclamación por vías judiciales de los dineros pagados quienes se oponen y reclaman los terrenos intentan evitarla por medios intimidatorios. “La gente sabe que la amenazas y las presiones surgieron en las últimas semanas para que abandonen los procesos judiciales, pero aún no contemplan ni eso ni el desplazamiento”, afirma Vega, quien dijo que este es uno de los tantos casos que se vienen presentando, especialmente en Urabá, por parte de grupos armados ilegales que quieren apoderarse de las tierras, lo que afecta, en últimas, cualquier proceso de reparación a las víctimas. Los labriegos de la vereda La California esperan que las autoridades y los organismos de derechos humanos estén atentos a estas intimidaciones e impidan a toda costa que posibles acciones armadas de los ilegales afecten la vida de 21 familias que lo único que esperan es que las dejen trabajar la tierra. Fuente: Agencia de Noticias IPC Medellín, Colombia www.ipc.org.co