Si uno creyera a pie juntillas el debate presidencial televisado el 7 de junio, sería difícil de entender lo que está en juego en las próximas elecciones presidenciales de México. El uso excesivo de discursos estereotipados y cosméticos sólo permitió a los espectadores leer entre líneas de lo que en realidad se dijo, para averiguar las ofertas políticas que están siendo vendidas a través de un medio que, efectivamente, se ha convertido en el mensaje. Lo principal de un debate televisado no es lo que los candidatos dicen, sino cómo lo hacen. Esto hace que el resultado final parezca más una audición para telenovelas que un foro público de ideas. Es de dudarse que el espectáculo de la noche del martes influyera mucho en el codiciado “voto indeciso”. En forma previsible, cada uno declaró a su propio candidato como “el ganador”, a excepción de las dos campañas de relleno encabezadas por Patricia Mercado y Roberto Campa, cuya aspiración principal pareció ser solamente sobrevivir esta dura prueba de dos horas. Todos los ojos estaban sobre los punteros: Felipe Calderón del derechista Partido de Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro-izquierda. La campaña del PAN se ha enfocado durante los últimos meses a enlodar a su opositor, por lo que la perspectiva de una reyerta pública despertó los intereses morbosos de la población. Pero aquellos que esperaban sangre fueron decepcionados. El debate fue educado hasta el punto del aburrimiento y, con excepción de algunas acusaciones puntuales y contra acusaciones, el duelo fue con la propia cámara. Los temas establecidos para este segundo debate fueron un paquete revuelto que incluyó la criminalidad, la corrupción, el federalismo y la política exterior. A pesar del enfoque mediático del evento, Calderón y López Obrador esbozaron dos “proyectos de nación”, acordes con preceptos bastante tradicionales de centro-izquierda y de derecha. A pesar de que ambos carecieron de detalles específicos y que falta mucho por ver en cuanto a cómo gobernaría cualquiera de los dos, las ofertas políticas presentadas revelan diferencias importantes entre los dos candidatos. López Obrador enfatizó sus intenciones de reformar la política económica y social de modo que los pobres se conviertan en prioridad para el apoyo y la intervención gubernamentales. Sobre este punto, él ha estudiado bien los acontecimientos recientes en América Latina. El mensaje de que la élite adinerada se ha beneficiado demasiado y por demasiado tiempo de la política económica ha venido derrocando a partidos conservadores gobernantes en toda América Latina. A pesar de los recursos provenientes del petróleo, a pesar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (y en gran parte debido a ello), éste es un mensaje para el que México—considerado como un incondicional de las políticas neoliberales en la región—, aparece listo. Tachada de “populista” por sus detractores, la propuesta de “primero los pobres” reafirma la obligación del Estado de asegurar condiciones mínimas de vida a todos sus ciudadanos. El concepto, que solía ser dado por sentado, se ha vuelto radical en el contexto de la globalización corporativa y contrasta claramente con el llamado de Calderón “a hacer de México un ganador”, en una competencia que hace mucho se ha revelado como injusta, desigual, y que tiene consecuencias terribles para los menos favorecidos. Mientras López Obrador insistió en el papel del Estado en la generación de empleos, en la recaudación de impuestos de los más ricos y en el suministro de pensiones a los más necesitados. Calderón promovió, como era previsible, la inversión privada y la capacidad de competir en el mercado como la solución a la pobreza y al desempleo permanentes en México. La división derecha-izquierda apareció claramente en la discusión sobre la seguridad. Calderón insistió varias veces en la necesidad de aplicar “mano firme” contra la delincuencia y atacó a López Obrador por los índices de criminalidad en la Ciudad de México. López Obrador respondió declarando que la única solución de largo plazo frente a la delincuencia era “un enfoque social” para “combatir la pobreza, la desintegración familiar y el desempleo”. La política del miedo, que ha sido aplicada tan exitosamente por la derecha en los Estados Unidos, apareció frecuentemente durante el debate. La manipulación del miedo ha sido una piedra angular de la campaña de la derecha mexicana, asesorada por consultores estadounidenses. Calderón calificó a las elecciones como una opción entre “la violencia o la paz” (aunque no explicó por qué) y repitió el lema de campaña, que ha sido declarado ilegal por parte del Instituto Federal Electoral, que dice que “López Obrador es un peligro para México”. Mientras salían chispas entre los dos candidatos punteros, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo, intentó delimitar el territorio de su coalición como el centro experimentado entre dos polos conflictivos: la “izquierda radical” y la “derecha intolerante y represiva”. Aun cuando trató de tomar distancia de “73 años de estabilidad” del gobierno de partido único, alegando que “el régimen se agota”, es difícil pasar por alto el hecho de que la “experiencia” del PRI fue precisamente la que condujo a la victoria del PAN en 2000, cuando votantes tanto de la izquierda como de la derecha decidieron que poner fin al monopolio del poder del partido gobernante. Sus pretensiones de representar un camino intermedio seguro sonaron falsas en el contexto de esta vasta historia de corrupción e impunidad, en la cual Madrazo ha jugado un papel central. Las repercusiones del debate se han centrado en la acusación de López Obrador en el sentido de que el cuñado de Calderón, Diego Zavala, se benefició de contratos del gobierno, varios de ellos concedidos por Calderón cuando era Secretario de Energía. Además, López Obrador ilustró el sistema de privilegios para los ricos afirmando que, a pesar de sus enormes ganancias, la empresa de Zavala no pagó impuestos. Una iniciativa de Mercado y Campa para que todos los candidatos acordaran respetar los resultados de la votación también ha causado controversia. El PRD teme que la administración de Fox—ya amonestada por las instancias electorales por violar reglas sobre el empleo del gobierno para fines partidistas—lance una campaña de gran magnitud a favor del candidato del PAN en los últimos días antes de las elecciones del 2 de julio. El partido está poco dispuesto a amarrarse las manos para protestar frente a cualquier medida ilegal que pudiera ocurrir. Quedan muchas preguntas ante los votantes. ¿Cómo puede la plataforma de “ley y orden” de Calderón ser compatible con la violencia inducida por la administración del PAN en Atenco, donde al día siguiente del debate otra víctima murió por las heridas infligidas el mes pasado por la represión policíaca federal y estatal? Y más en general, ¿cómo puede resolverse la contradicción entre el reconocimiento que hace Calderón de los problemas profundos que afronta la nación y su llamado a continuar con las políticas actuales? Para los partidarios de López Obrador, la pregunta es: ¿qué tan lejos está él dispuesto a llegar en el desafío a los poderes existentes? ¿Se trata de una propuesta para en realidad invertir un modelo que fue estructurado para favorecer a los ricos y convertirlo en un modelo que genere beneficios a las mayorías, a través de nuevos ciclos productivos que retribuyan a la sociedad? ¿O es una propuesta para lanzar una red de seguridad más amplia para los millones que caen a través de los hoyos del actual modelo? Si se pretende que sea el primero—la única alternativa sustentable posible—, ¿cómo puede ser puesto en práctica desde arriba hacia abajo? Ésta ha sido la gran debilidad de la campaña de López Obrador. En una coyuntura crítica en abril pasado—con una enorme cantidad de simpatizantes después del plan del gobierno para eliminarlo de la papeleta de votación, ejerciendo acción penal en un caso viejo de expropiación en la Ciudad de México—, López Obrador decidió diseñar una campaña centralizada, construida en torno a su propia persona, en lugar de una coalición con amplias bases para el cambio social que podría haber incorporado a sectores organizados de la sociedad. La decisión le dio un mayor margen de acción para definir su campaña y su futuro gobierno, pero, efectivamente, eliminó la oportunidad de desarrollar importantes mecanismos de rendimiento de cuentas y de participación pública. En este debate no había ninguna silla vacía sobre el escenario, como sí la hubo en el primer debate al que López Obrador no asistió. Quizás, también debería haber habido una esta vez. Habría sido la silla para la sociedad civil mexicana. Porque, otra vez, la sociedad—los trabajadores que sufren el desempleo y el deterioro salarial, los migrantes forzados a dejar sus hogares, los campesinos que “compiten” en condiciones imposibles—ha sido a menudo mencionada como el objeto de las plataformas políticas, pero no se le ha dado ninguna voz como el sujeto del cambio político. Hasta que ésta suba a escena, todo lo demás será principalmente espectáculo. (Versión original: "Urbane" Debate Reveals Contrasts in Mexican Candidates' Proposals. Traducción por: Priscila Pacheco) - Laura Carlsen es directora del IRC Programa de las Americas, www.americaspolicy.org. Fuente: Boletín Transfronterizo, Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). http://www.ircamericas.org/esp/3322