Después de debatir por varias semanas sobre el espinoso tema de reforma a la ley de inmigración, el Senado de los Estados Unidos aprobó el día jueves 25 de mayo, 2006, la Acta de Reforma Comprensiva a la Inmigración del 2006 (S. 2611). Dicha propuesta se aprobó con 62 votos a favor (32 Demócratas, 23 Republicanos y 1 Independiente) y 36 en contra (32 Republicanos y 4 Demócratas). En esencia, la propuesta S. 2611 propone: una ampliación significativa del poder de discreción del Departamento de Seguridad Nacional en temas relacionados a inmigrantes, un programa de legalización que divide a la población de extranjeros no autorizados en tres categorías y que contiene una serie de condiciones que efectivamente reduciría sustantivamente el número de personas que calificarían bajo tal programa; la construcción de casi 400 millas de muralla en la frontera sur de los E.U.; y un sistema electrónico de verificación de empleo a extranjeros. Además, incrementaría el número de visas para trabajadores temporales a ser admitidos cada año y reforzaría los presupuestos para la aplicación rigurosa de la ley tanto en las zonas fronterizas, como en el interior del país. Como previsto por muchos activistas pro-derechos de inmigrantes, esta propuesta está muy por debajo de las expectativas de las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos, y de convertirse en ley, fracasaría en resolver las más graves fallas de la ley de inmigración actual. Ante la oposición a esta propuesta de múltiples sectores, incluyendo los líderes Republicanos de la Casa de Representantes, al igual que de los múltiples factores políticos en juego, el futuro de la propuesta es muy incierto. El 16 de diciembre de 2005 la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó con 239 votos a favor y 186 en contra, la propuesta de ley H.R. 4437. El principal patrocinador de dicha propuesta fue James Sensenbrenner, representante republicano del estado de Wisconsin. El lenguaje de la H.R. 4437 es muy complejo. Sin embargo, dicho lenguaje parte de un principio extremista muy simple: Los extranjeros de hoy son indeseables y representan una amenaza para el bienestar de la sociedad estadounidense, como también para los Estados Unidos. La amenaza de que el Congreso de los E.U. pudiera aprobar algo tan retrogrado como esta propuesta ha tenido un impacto detonante de una nueva era de movilización comunitaria donde las comunidades inmigrantes, principalmente las de origen latinoamericano, han decidido no quedarse más de brazos cruzados. Las demostraciones de participación ciudadana de las últimas 12 semanas anuncian el inicio del renacimiento en la lucha por los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de amplios segmentos de la sociedad estadounidense, proceso en el cual las comunidades inmigrantes van a jugar un papel muy activo. Entre las más retrógradas cláusulas contenidas en la propuesta H.R. 4437 se incluye la criminalización de todas las personas extranjeras que viven, trabajan y pagan impuestos en los E.U., pero a quienes la obsoleta, inhumana y disfuncional ley de inmigración actual les ha negado el estatus de residentes permanentes. Además, volverían criminales también a toda persona que brinde apoyo alguno a los extranjeros antes descritos. Al combinar estas dos medidas, dicha propuesta conllevaría al potencial encarcelamiento de cerca de 50 millones de personas. La misma propuesta de ley propone la construcción de un muro de cerca de 700 millas a lo largo de buena parte de la frontera entre los E.U. y México. La lógica de dicho muro es que por medio de tal contención física se pararan los flujos de personas tratando de ingresar sin autorización alguna a los E.U. Aunque la H.R. 4437 no dice nada en cuanto a quienes serían los principales afectados por estas medidas, no hay duda que los principales afectados serían las comunidades inmigrantes mexicanas y demás grupos nacionales de América Latina y el Caribe; pues son estos grupos quienes representan el más alto porcentaje de la población extranjera actualmente residiendo en los E.U. La aprobación de tal propuesta significó un importante triunfo político para el ala más xenófoba y racista dentro de las esferas de poder político en los E.U. La propuesta H.R. 4437 fue aprobada por 239 votos, 36 de los cuales fueron votos del partido demócrata. Además, de los 189 votos en contra de dicha propuesta, 17 fueron votos republicanos. La naturaleza del voto en la Cámara Baja del Congreso sobre la propuesta H.R. 4437 puso también de manifiesto que en cuanto a inmigrantes y política de inmigración se refiere, el país no cuenta con posiciones sólidas de oposición que puedan evidenciarse en el debate legislativo actual. Otro aspecto que el triunfo de las fuerzas anti-inmigrantes dejó evidenciado fue la necesidad de revisar profundamente las estrategias de trabajo y los actores dominantes dentro del espectro de fuerzas pro-derechos de inmigrantes y pro-reforma migratoria justa. La victoria plasmada por medio de la aprobación de la H.R. 4437 mostró el fracaso de las estrategias dominantes hasta entonces. La aprobación de la H.R. 4437 señaló también la necesidad imperativa de un ejercicio de readecuación nacional en cuanto a estrategias y tácticas, incluyendo el enfoque de los mensajes de comunicación pública y de prensa en torno a inmigrantes y política de inmigración. Algunos antecedentes Los sectores políticos detrás de la corriente de opinión que ha venido construyendo sistemáticamente una imagen de los inmigrantes de hoy como un grupo social indeseable y amenazante de “nuestro” modo de vida no comenzó su labor recientemente. Como ha sido documentado por varios analistas, las fuerzas políticas anti-inmigrantes han venido trabajando desde al menos finales de los años 70. La labor política de estos sectores tiene buena parte de su orígen en el estado de California, donde la transformación demográfica ahora evidente a lo largo y ancho del país, era ya muy obvia desde finales de la década de los 70. Contrario a lo que mucha gente piensa, la reforma migratoria de 1986 no fue únicamente un programa de legalización para acomodar a personas que vivían y trabajaban en los E.U., pero que carecían del estatus de residencia permanente. Dicha ley significó también un cambio trascendental en la manera en que la población de extranjeros carentes de autorización migratoria aseguraría un empleo a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley (La Acta para la Reforma y el Control de la Inmigración, o IRCA por sus siglas en inglés). En teoría, los empleadores que de manera intencional decidieran emplear a trabajadores extranjeros no autorizados, serían multados. Sin embargo, el efecto real de dicho componente de la reforma migratoria de 1986 fue la creación de una industria multimillonaria de documentación fraudulenta. Parte de los escasos ingresos de la población extranjera carente de autorización migratoria ha ido a parar, desde 1987, a los círculos criminales dedicados a la producción de documentación fraudulenta. Los cientos de miles de empleadores que han venido empleando a trabajadores extranjeros que no cuentan con la autorización migratoria necesaria, han venido aceptando gustosamente dicha documentación. En 1994, las fuerzas anti-inmigrantes arremetieron en contra de los inmigrantes por medio del exitoso referéndum en el estado de California conocido como la Proposición 187. Si bien la mayoría de las medidas contempladas por la Proposición 187 fueron invalidadas por la rama judicial del gobierno, por considerarlas anti-constitucionales, los patrocinadores de dicha iniciativa lograron constatar la viabilidad política de un ataque sistemático a los nuevos inmigrantes. Las fuerzas anti-inmigrantes no perdieron tiempo lamentando la invalidación por las cortes de buena parte de lo contenido en la Proposición 187 en California y empezaron inmediatamente a organizar la extensión de sus esfuerzos al ámbito nacional . Para finales de 1996, las cúpulas dirigentes de la corriente anti-inmigrante y anti-reforma migratoria justa, habían cambiado el panorama federal de una manera drástica. En el curso de ese año el Congreso de los E.U. aprobó tres leyes aparentemente no vinculadas la una con la otra: la ley anti-terrorista, la ley de asistencia pública, y la ley de inmigración. El común denominador de estas leyes era el mismo: los extranjeros de hoy son indeseables y representan una amenaza para el bienestar de la sociedad estadounidense, como también para los Estados Unidos de América. Si bien el ataque sistemático en contra de los extranjeros de hoy ha tenido motivaciones xenófobas y racistas, es importante notar que durante los últimos años se ha venido configurando una nueva línea de argumentos que buscan fortalecer las posiciones anti-inmigrantes en la sociedad estadounidense. Los extranjeros de hoy son culpados por el patrón de deterioro socio-económico que se ha venido configurando en la sociedad estadounidense desde al menos principios de los años 80. En otras palabras, los extranjeros de hoy son frecuentemente identificados como la causa de problemas sociales tales como la existencia de al menos 50 millones de personas que carecen de seguridad medico, la reducción severa o el desvanecimiento de los fondos de jubilación de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses, la perdida de millones de empleos bien remunerados y con excelentes prestaciones laborales que se han ido al extranjero, la sustitución de un sistema de cuidado médico relativamente simple y eficaz para millones de personas jubiladas por uno que ha traído confusión, más costo y peores patrones de servicio a los usuarios, etc. Las comunidades inmigrantes de hoy no tienen ninguna responsabilidad por la existencia de estas condiciones. La causa real de estos cambios es el modelo económico global articulado, promovido y apoyado por sectores económicos vinculados a las grandes corporaciones transnacionales que buscan márgenes cada vez más grandes de ganancias para sus accionistas, por encima de cualquier otra consideración. Sin embargo, ante la carencia de un entendimiento adecuado acerca de la naturaleza del modelo económico hoy vigente, amplios sectores de la población estadounidense tienden a aceptar la noción de que todos estos cambios han sido causados por los extranjeros de hoy. Los sucesos del 11 de septiembre de 2001, los cuales parecían confirmar la tesis elemental de los sectores anti-inmigrantes en cuanto a que los extranjeros de hoy son un amenaza para la sociedad y la nación entera, vino a consolidar la supremacía de esta corriente de opinión. Lamentablemente, la ausencia de una verdadera corriente de opinión capaz de articular alternativas de oposición genuinas y responsables ha conllevado a una condición generalizado de incapacidad en cuanto a cambiar el rumbo general del futuro de la nación y del entorno de derechos de inmigrantes y la posibilidad de una verdadera alternativa en cuanto a política de inmigración. La aprobación en diciembre pasado de la H.R. 4437 no es por tanto un suceso aislado. Se trata de la continuidad de una tendencia que tiene al menos 25 años de venirse configurando. Surgimiento de nuevos actores organizados en el movimiento pro-derechos de inmigrantes La característica dominante en la política pública hacia inmigrantes y ley de inmigración ha sido una que busca coartar cada vez más los derechos de la población extranjera. La retórica anti-inmigrante ha sido con frecuencia alarmante, especialmente después del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, el día 7 de enero de 2004 fue el presidente de los E.U. quien pronunciara un discurso acerca de inmigrantes y ley de inmigración, cuyo tono disonaba con los discursos dominantes hasta ese momento. El presidente Bush hizo un buen diagnóstico acerca de las múltiples contribuciones que los extranjeros hacen al bienestar y progreso de los E.U. Además, habló con elocuencia acerca de la naturaleza injusta y disfuncional de la ley de inmigración vigente. Lamentablemente, el presidente limitó su propuesta de solución a estos desafíos a la creación de un masivo programa de empleo temporal para trabajadores extranjeros. El presidente Bush no actuó de manera errática al pronunciar dicho discurso. Desde al menos finales de los años 90 la importancia de los inmigrantes de América Latina en los E.U. había comenzado a ponerse en evidencia. El censo del 2000 dejó claramente establecido que la comunidad de origen Latinoamericana/Hispanoamericana se había convertido en el segundo grupo más numeroso después de la población de origen europea. Un dato que pasó mayormente desapercibido fue que el segmento inmigrante de la población hispana/latina se había aproximado ya a casi el 50% del total de dicha población. Para al menos un segmento del partido republicano, atraer al votante de origen hispanoamericano/latinoamericano ha venido siendo una meta de creciente importancia. Pero de igual manera, tanto republicanos como demócratas han venido tomando conciencia del crecimiento en el sentimiento anti-inmigrante dentro de amplios sectores de votantes en general. El discurso del presidente fue un esfuerzo por congraciarse con la población de origen hispana, sin ignorar las percepciones del resto del espectro de votantes en cuanto a inmigrantes y política de inmigración. Un aspecto del crecimiento de las comunidades inmigrantes latinoamericanas en los Estados Unidos ha sido su continuo proceso organizativo. Dicho proceso ha venido siendo muy diverso en cuanto a formas específicas de organización, plural en cuanto a orientación política, geográficamente disperso y orgánicamente descentralizado. Es un proceso que ha venido desarrollándose a lo largo y ancho del país. En los grandes centros urbanos, en los múltiples lugares urbanos, semi-urbanos y rurales de asentamiento de población inmigrante a lo largo de los últimos veinte años, y en las zonas fronterizas. Las comunidades inmigrantes de origen latinoamericano tienden a organizarse en torno a su más básica identidad. En muchos casos, la identidad nacional representa la dimensión más elemental en torno a lo cual organizarse. En otros casos, como el de los inmigrantes de México, la experiencia es más variada y con frecuencia, la identidad local y/o regional asume el rol de identidad más elemental. En la mayoría de los casos, los inmigrantes de América Latina desarrollan modelos de organización transnacional. Se organizan en su lugar geográfico de residencia, pero en torno a situaciones que acontecen en sus lugares y/o países de origen. Aspectos de cultura e identidad han tenido un peso importante en esta manera de organizarse. Una vez organizadas, las comunidades inmigrantes van ampliando su abanico programático y poco a poco van haciendo la transición hacia un enfoque más rigurosamente transnacional. Como parte de este proceso, el tema de política de inmigración y las políticas de integración de comunidades inmigrantes van ganando cada vez más interés dentro de las organizaciones dirigidas por inmigrantes, independientemente del hecho que muchas de ellas hayan surgido en torno a un tema relacionado al lugar y/o país de origen. Precisamente la existencia de muchas organizaciones de inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, dominicanos, colombianos, salvadoreños, etc., y los vínculos que entre muchas de esas organizaciones existían previo al discurso que el presidente Bush pronunció en enero de 2004, hizo posible la organización de una reunión de emergencia entre organizaciones dirigidas por inmigrantes de América Latina y el Caribe los primeros días de febrero de 2004 en el capital. Durante esa reunión, las organizaciones asistentes decidieron darle continuidad a ese primer encuentro y después de varios meses de coordinación decidieron conformar una alianza nacional en la cual confluir tantas organizaciones de inmigrantes latinoamericanos y caribeños como fuese posible. La Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas, o NALACC por sus siglas en inglés, ha sido uno de los procesos organizativos nacionales genuinamente gestados por comunidades inmigrantes organizadas, que previeron la necesidad de ir poco a poco reconfigurando el movimiento pro-derechos de inmigrantes y la capacidad del mismo de avanzar de una manera innovadora la lucha por políticas publicas nacionales e internacionales que respondan a los intereses de estas comunidades. Sin embargo, es importante notar que esfuerzos como NALACC no nacieron dentro de una condición ideal de acceso a recursos financieros y materiales. Por lo tanto, su desarrollo se ha visto grandemente limitado. Procesos organizativos como el iniciado por las organizaciones parte de NALACC, reconocían claramente la naturaleza del entorno político ante el cual las comunidades inmigrantes, especialmente las comunidades de origen latinoamericano, han venido funcionando a lo largo de las últimas décadas. Reconocían también, desde un primer momento, la naturaleza tan diversa de las comunidades inmigrantes. Precisamente a partir de estos entendimientos se identificó la modalidad de una alianza como el esquema nacional donde la identidad de todos es afirmada y celebrada, pero donde al mismo tiempo pudieran gradualmente desarrollar la capacidad de actuar conjuntamente como una sola fuerza. Desde un primer momento, se adoptaron principios y valores que le han permitido a NALACC irse constituyendo como un espacio participativo y democrático, donde la asamblea nacional de miembros constituye la máxima autoridad en cuanto a toma de decisiones y donde una vez definido el programa de trabajo, la membresía elige por medio de una elección a las personas en quienes se deposita la confianza de dirigir la ejecución de dicho programa. Ataques anti-inmigrantes y el rol de liderazgo de las comunidades inmigrantes organizadas Aunque la reacción ante la aprobación de la H.R. 4437 de las comunidades inmigrantes organizadas, especialmente dentro de las comunidades inmigrantes Latinoamericanas, no fue inmediata, a partir del mes de enero se comenzaron a gestar los procesos organizativos que conllevarían a la jornada sin precedentes de movilizaciones comunitarias acontecidas desde mediados de febrero y que todavía tiene muchos capítulos por escribir. En la medida en que las comunidades inmigrantes tomaban conciencia de lo profundamente nocivo y ultrajante del contenido de la propuesta aprobada por la Casa de Representantes el 16 de diciembre pasado, los ánimos por responder iban creciendo. Los medios de comunicación en español comenzaron también a reportar con mayor intensidad sobre las devastadoras consecuencias que tendría dentro de nuestras comunidades, si la propuesta H.R. 4437 llegara a ser adoptada como la ley de los E.U. El espectro de la amenaza que se ha cernido sobre nuestras comunidades, conllevó a la creación de una condición generalizada de querer responder de la manera más activa posible. Al deseo de querer reaccionar se añadió también el deseo de conceder a todos los inmigrantes indocumentados la oportunidad de solicitar residencia permanente como la mejor manera de superar la condición de ilegalidad en la cual la ley injusta, obsoleta e inoperante de hoy les ha mantenido. En esencia, estas son las dos grandes demandas que más adelante quedarían plasmadas en las multitudinarias movilizaciones comunitarias que han venido aconteciendo por todo el país. La jornada de movilizaciones comunitarias se inició poco a poco a partir de principios del mes de febrero. Cada acción de movilización comunitaria fue sirviendo como combustible motivador para otras ciudades, pequeñas y grandes, a sumarse a la gran jornada de participación cívica y de demanda de respeto a nuestros derechos y nuestra dignidad. Entre principios de febrero y principios de mayo, en un espacio de apenas tres meses, se movilizaron al menos 3 millones de personas . Dos demandas centrales permearon la jornada de movilizaciones: NO a la H.R. 4437 y SI a la residencia para todos los inmigrantes indocumentados. No hay duda que ha habido cientos de otras demandas. Pero las ya señaladas han sido las demandas dominantes por amplio margen. Dada las características de los procesos organizativos de las comunidades inmigrantes, especialmente las comunidades de inmigrantes de América Latina y el Caribe, la organización de los centenares de acciones de movilización comunitaria fue muy espontánea y con frecuencia no fueron iniciadas por las organizaciones tradicionalmente asociadas con la agenda pro-derechos de inmigrantes. No hay duda que lo que ha venido pasando desde principios de febrero es un momento muy exitoso y sin precedentes en la historia reciente de la participación cívica y democrática en los E.U. Sin embargo, es muy importante entender que ninguna organización, en ninguna parte del país, puede tomar el crédito de haber sido el artífice del éxito alcanzado. Sin embargo, como dice el dicho popular, a todo niño prodigioso lo reclama más de una madre y un padre. El desafió que esto nos presenta es como administrar maduramente una maternidad/paternidad compartida del recién fortalecido movimiento pro-derechos de inmigrante. Visto desde otro ángulo, la jornada de movilización comunitaria que ha venido sucediendo desde al menos principios de febrero es una demostración de que ya no estamos tratando con niños. Se trata de un sujeto social que cuando menos ha entrado a una fase entre la adolescencia y la joven adultez. El rol de las organizaciones comunitarias es por sobre todo facilitar un mayor grado de organización y apoyar procesos que resulten en una mayor eficacia en el ejercicio de los derechos humanos, democráticos y políticos de nuestras comunidades—que en ultima instancia conlleven a una mejor condición de vida para todos los que somos parte de la sociedad en la que vivimos—como también en nuestros países de origen. Movimiento pro-derechos de inmigrantes ante el proceso legislativo actual El movimiento pro-derechos de inmigrante que comenzó a surgir potentemente en los últimos años y que ha alcanzado una fase de fecundación plena en los últimos meses es un proceso que no ha tenido que ver con los factores políticos que han configurado la actual sesión legislativa en el Congreso de los E.U. El debate legislativo actual, dominado en ambas cámaras por el partido Republicano, está muy influido por la visión dominante de las ultimas décadas en cuanto al significado de los extranjeros en la sociedad estadounidense. Consecuentemente, las opciones legislativas que dominan el debate se podrían categorizar en un rango que va desde insuficientes hasta deplorables. Este contexto tan hostil para la población extranjera que vive en los Estados Unidos, especialmente para el segmento de esta población a quienes la obsoleta e injusta ley actual les ha sistemáticamente negado el status de residencia permanente, hace extremadamente difícil que se pueda producir un cambio legislativo justo, acorde con el rol de las migraciones en el mundo de hoy, funcional y duradero. Lo que hemos visto hasta ahora es que aún propuestas con frecuencia promovidas como adecuadas, pero en realidad insuficientes, tales como la presentada por los Senadores Kennedy (D-MA) y McCain (R-AZ); han sido rechazadas como premisas del debate sobre política de inmigración. Lamentablemente, la aprobación en la Cámara Baja de la propuesta H.R. 4437 refleja la corriente dominante de pensamiento. Esta situación genera una desconexión difícil de resolver en el corto plazo entre las expectativas que tiene la población inmigrante que ha salido a las calles en las últimas semanas, y lo que se perfila como posibles desenlaces a partir de las propuestas actualmente bajo consideración por el Congreso de los E.U. Un elemento que complica aun más la desconexión ya mencionada es que hay un conjunto de organizaciones que han venido abogando a favor de lo que se denomina “reforma migratoria comprensiva” ó integral. Las organizaciones que han venido empujando ese esquema por los últimos tres años son organizaciones guiadas en última instancia por el deseo de producir una solución viable, a pesar del tan envenenado entorno legislativo y de una corriente fuerte de opinión publica en cuanto a extranjeros y política de inmigración hoy prevaleciente. Ellas no lograron prever la fortaleza y la generalización que tendrían las movilizaciones de base que han venido sucediendo desde mediados de febrero. Por lo tanto, las organizaciones que giran en torno al concepto de reforma migratoria comprensiva, no tienen una relación natural de fiscalización mutua con el fortalecido y reconfigurado movimiento pro-derechos de inmigrantes cuyas bases se han venido sentando durante los últimos años y el cual se ha visto enormemente fortalecido durante los últimos dos meses. La tendencia de los grupos de incidencia basados en la ciudad de Washington es a aceptar cambios legislativos que otorguen espacios de legalización a cuando menos un segmento de la población extranjera no autorizada, aún cuando estos cambios signifiquen concesiones peligrosas dentro del concepto de aplicación más rigurosa de la ley. Dicho en otras palabras, ni las movilizaciones comunitarias se pueden traducir en un impacto legislativo positivo de corto plazo, ni quienes se dedican primordialmente a incidir el proceso legislativo saben como mejor aprovechar el capital político generado por las movilizaciones. Esta situación parecería sugerir que el resultado más deseado sería que no se aprobaran más cambios negativos, ni aparentemente positivos en la sesión legislativa actual, en función de llegar a la próxima sesión legislativa con una estrategia más integrada y verdaderamente nacional de trabajo de incidencia que asegure un resultado verdaderamente justo y adecuado a la realidad de hoy. Un elemento que añade complejidad a la situación actual es el grado de desconocimiento que existe dentro de las comunidades inmigrantes en cuanto a como funciona el proceso legislativo. Más allá de la explicación formal en cuanto a como se llega a la aprobación de leyes en los E.U., el proceso legislativo esta sujeto a una amplia gama de maniobras parlamentarias que a menudo hace muy difícil entender la manera en que realmente funcionan las cosas. Además, el proceso legislativo esta muy influido por otras dinámicas políticas, incluyendo la dimensión electoral. Todo lo anterior contribuye a que la desconexión antes mencionada se agudice aún más. En el corto plazo, el impacto más contundente de las movilizaciones comunitarias ha sido el haber alterado el debate legislativo en el senado de los Estados Unidos. Específicamente, las movilizaciones comunitarias le dieron viabilidad a la consideración de una propuesta que al menos conceptualmente incluyó el tema de legalización para un segmento de la población inmigrante que carece de autorización migratoria (ver cuadro acerca del resultado del debate legislativo en el Senado). El resultado del debate legislativo en el Senado, aún después de las masivas movilizaciones, está muy distante de las expectativas que tienen las comunidades inmigrantes. Independientemente de lo que aprobó el Senado, dicha versión de la ley tendrá que ser reconciliada con la H.R. 4437. _________________________________________________ Plataforma pro-reforma migratoria de NALACC: 1. Reunificación de las familias y hacer que el sistema funcione de manera más eficiente. Urge responder a las necesidades de las millones de personas que han estado esperando por muchos años para traer a sus seres queridos a los Estados Unidos. El proceso administrativo para cualquier solicitud no debe de tardar más de seis meses. 2. Sacar de la sombra de la sociedad a quienes nuestras leyes obsoletas les tienen allí. En paralelo al punto anterior se debe de crear un programa de ajuste migratorio que permita a los inmigrantes que viven y trabajan en los Estados Unidos, sin la documentación debida, obtener la residencia legal permanente. Dicho programa debe abrir también la opción de solicitar eventualmente la ciudadanía estadounidense. 3. Integrar de lleno a inmigrantes nuevos a la sociedad estadounidense. Crear una iniciativa nacional para facilitar la más amplia integración y participación de inmigrantes nuevos al tejido político, económico y social de la nación. 4. Manejar de manera humanitaria y ordenada los flujos migratorios futuros. Crear programas de trabajadores temporales que incluyan garantías y protecciones de derechos laborales, incluyendo el derecho de participar en gremios sindicales. La administración efectiva de un programa de este tipo debería permitir una conciliación justa y digna entre trabajadores deseosos de trabajar temporalmente en los Estados Unidos de América, y empleadores con necesidad de emplear trabajadores extranjeros. 5. Una nueva política de desarrollo económico internacional, como piedra angular de un nuevo esquema de integración regional entre los E.U. y sus vecinos del sur y el Caribe. Únicamente a partir del elevamiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población de América Latina y el Caribe, será posible ir atenuando los flujos migratorios hacia el norte de una manera justa y consistente con el pleno respeto a los derechos humanos. _________________________________________________ El Representante James Sensenbrenner, uno de los principales autores de la propuesta H.R. 4437 ha sido categórico en señalar que el resultado del debate sobre reforma a la política de inmigración en el Senado es inaceptable. Para el Rep. Sensenbrenner, al igual que para el resto del liderazgo anti-inmigrante en la Casa de Representante, lo único aceptable sería una ley enfocada exclusivamente en la premisa de una ley más restrictiva, acompañada de una práctica mucho más rigurosa de aplicación de la ley. Para el Presidente Bush, y para el partido Republicano el general, este tema sigue presentando un gran dilema. Si se apoya una solución que incluye lo que personas como James Sensenbrenner y Tom Tancredo califican como una amnistía, se corre el riesgo inmediato de enojar al segmento más conservador de votantes que responden al mensaje anti-inmigrante. Si por el contrario, el partido republicano le brinda apoyo a la posición encabezada por Tancredo y Sensenbrenner, se corre el riesgo de alienar el tan codiciado voto hispano, especialmente en vista a la próxima elección presidencial en el 2008. Cambiar las premisas del debate público y legislativo en cuanto a inmigrantes y la política de inmigración, va a requerir de un trabajo de relaciones comunitarias y relaciones institucionales muy intenso de mediano y largo plazo . Se trata de una batalla por tantos corazones y mentes como sea posible. Las comunidades inmigrantes organizadas, especialmente las organizaciones de las comunidades de origen Latinoamericano, deberán organizarse de una manera en que fortalezcan su capacidad de educar, organizar y movilizar a sus respectivas bases, al mismo tiempo que desarrollan la capacidad de construir tantas alianzas como sea posible en función de sus intereses. El desafió frente a nosotros significa también desarrollar una mayor capacidad propia de incidencia legislativa federal, al mismo tiempo que se fortalece la relación con el conjunto de organizaciones de incidencia basadas en la ciudad capital. La meta más importante de mediano plazo será sumar tantos aliados como sea posible al servicio de una agenda amplia de reformas a la ley de inmigración, más allá de lo que sea que se llegase a aprobar en la sesión legislativa actual. - Oscar A. Chacón es Director de Enlaces América, un proyecto de “Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights” de Chicago, IL, y miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC). Es analista sobre temas migratorios para el IRC Programa de las Américas (www.americaspolicy.org). Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center (IRC): www.ircamericas.org