México DF La marcha por las calles citadinas y su culminación en el enorme espacio de la Plaza de la Constitución dieron ayer domingo al candidato Andrés Manuel López Obrador un impulso para muchos inusitado en sus acciones para exigir el recuento voto por voto y esclarecer así quién fue el ganador en las elecciones del pasado 2 de julio. Más de un millón de personas -millón y medio, afirman los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- colmaron el Zócalo de la capital del país y las calles adyacentes, en la concentración más numerosa de que se tenga memoria; tan nutrida asistencia sorprendió a quienes pronosticaban un debilitamiento de las demostraciones en favor de la revisión del sufragio ante la sospecha de un fraude manual o cibernético en el proceso comicial y la distorsión que en él haya causado la campaña previa a la elección en la que participaron desde la presidencia de la República hasta poderosas fuerzas económicas cuyo objetivo fue la descalificación de López Obrador y el apoyo al aspirante del derechista Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa. Paradojas de la democracia o del sistema electoral en que se sustenta: el veredicto sobre la legalidad de una elección en la que fueron depositados más de 40 millones de votos está en las manos de sólo siete personas -integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE)-a quienes se atribuye la capacidad jurídica y moral para valorar las impugnaciones del PRD. La decisión de esos magistrados estará entre cuatro posibilidades: confirmar el resultado anunciado por el Instituto Federal Electoral (IFE) en sus conteos preliminares que arrojan una precaria ventaja para Calderón de menos de 250 mil votos; aceptar como válidas y suficientes para modificar el resultado las quejas del PRD que involucran, según lo afirman sus dirigentes, a unas 50 mil de las 132 mil casillas instaladas en el país; de encontrarse ciertas las irregularidades señaladas, el anunciado triunfo de Felipe Calderón podría no ser reconocido para proclamarlo presidente electo en un plazo hasta el 6 de septiembre próximo, o bien ordenar el recuento voto por voto, recurso no previsto específicamente pero tampoco prohibido por la Constitución General de la República ni por la ley y los ordenamientos que rigen los procesos electorales; una última posibilidad es la anulación de las elecciones, a la que seguiría el nombramiento de un presidente interino por parte del Congreso o de su Comisión Permanente en caso de receso, para un período en el cual se debería convocar a nuevos comicios. Esta opción, a partir de la Revolución y la promulgación de la actual Constitución en febrero de 1917, sólo tiene como antecedente la designación de Emilio Portes Gil, en 1928, como interino por la muerte del presidente electo, Álvaro Obregón, quien fue asesinado por un fanático religioso antes de asumir la presidencia. En cualesquiera de esas determinaciones, los siete magistrados del TRIFE no deberán dejar de considerar, además de los elementos jurídicos y de procedimiento en la jornada electoral, la percepción de millones de ciudadanos respecto a la invalidez de las elecciones demostrada en las movilizaciones ciudadanas como la de ayer, que reunió a cientos de miles de personas provenientes de todo el país. Si bien en los círculos empresariales y en una parte de los medios de comunicación ha comenzado una campaña en la que se sostiene la improcedencia de estas movilizaciones como instrumento para impugnar una elección, es un hecho que esta forma de expresión pone de manifiesto la gravedad de la decisión respecto a las elecciones en las que el triunfador tendría un ínfimo margen de ventaja sobre su oponente y sobre la que pesa la incertidumbre en cuanto a su limpieza, lo cual necesariamente obliga a un esclarecimiento total por la vía del recuento voto por voto. De lo contrario, el riesgo es provocar una mayor división en el electorado que podría conducir a procesos incontrolables de violencia. Sólo una clarificación palmaria podría convencer a la población del verdadero resultado de las elecciones. En los días previos al domingo pasado, en los comentarios de los sectores políticos se consideraba la posibilidad de una declinación del apoyo a López Obrador por un fenómeno natural de desgaste en las manifestaciones multitudinarias, en las que si bien el aparato del PRD puede aportar recursos para las movilizaciones, se ha registrado un alto grado de participación espontánea en diferentes estados y ciudades del país de los que parten hacia la capital de la República contingentes organizados que se trasladan con medios propios, a diferencia del tradicional "acarreo" de las concentraciones políticas del pasado. Contra lo que los críticos de estas movilizaciones pregonan como una amenaza para la tranquilidad y el desarrollo normal de la vida del país, en esas marchas y concentraciones no se ha registrado acto alguno de violencia. En la última manifestación, Andrés Manuel López Obrador llamó por primera vez a la "resistencia civil" de la población en caso de una decisión del TRIFE contraria a la demanda de esclarecimiento total de la elecciones. Negarse a esa exigencia provocaría una protesta generalizada que en nada contribuiría a la paz social en la República