El fenómeno predominante de la economía internacional contemporánea constituye la difusión en extensión y profundidad de la racionalidad capitalista. Contrariamente a una extendida creencia, la mundialización del capitalismo – también denominada globalización corporativa o “globocolonización”- lejos de generar una homogeneización a escala planetaria de las pautas productivas, tecnológicas o de consumo más avanzadas, ha venido provocando el debilitamiento y fragmentación de las estructuras políticas y económicas de los países periféricos. Se trata de un proceso histórico-natural de la “última fase del imperialismo”, aunque también obedece a acciones deliberadas del “planeta financiero” orientadas a vulnerar a los entes estatales tercermundistas, convertidos en el mayor obstáculo contemporáneo a la mundialización del capital. La ofensiva se cumple a través de operativos de la tecnocracia del sistema (entidades tipo FMI, Banco Mundial, OMC, BID), cuyas sugerencias-imposiciones apuntan a desmontar la institucionalidad defensiva de nuestras naciones para convertirlas en vastos “corredores” para la libre circulación del capital corporativo en sus distintas expresiones (comercial, financiera, tecnológica). Obviamente, el proceso no podría cumplirse sin la cooperación (“proxenetismo”, según algunos autores) de diversos agentes “nacionales”. Uno de los mecanismos más utilizados para avanzar en la “desnacionalización de los estados nacionales” (Ander-Egg) consiste en impulsar medidas encaminadas a la descentralización de actividades públicas y al establecimiento de regímenes autonómicos en lo político, administrativo y territorial. El caso ecuatoriano Desde hace un cuarto de siglo, los monopolios internacionales y sus acólitos criollos, a pretexto de modernización económica, han venido desmantelando el ordenamiento del país, con el socorrido argumento de favorecer “el flujo de inversiones externas y fomentar el desarrollo económico y social”. Para ello, han vulnerado/eliminado instrumentos defensivos como las tarifas arancelarias y paraarancelarias, el control del tipo de cambio, los regímenes diferenciales a la inversión foránea, la legislación sobre expropiaciones y nacionalizaciones, las empresas públicas, la normativa de protección laboral, la propia soberanía monetaria... La asfixia financiera del Fisco derivada del servicio de una astronómica deuda externa-interna y el “crack” bancario de 1998-1999, endosado al Estado por un monto superior a los 6 mil millones de dólares, han viabilizado las presiones desinstitucionalizadoras de origen exógeno y doméstico. La consecuencia de esta constelación de sucesos ha sido no solamente debilitar al máximo el mini Estado social que proyectaran la Revolución Juliana de 1925 y el “boom” petrolero de comienzos de los 70, sino también al ente público en su condición de eje natural de una estrategia de desarrollo soberana y relativamente autógena. A partir de los 90 esa saga de acciones neoliberales se busca complementar con consultas criptosecesionistas, chantajes y reformas administrativas y legales enfiladas contra el “Estado centralista”, membrete que utilizan los autonomistas para encubrir el hundimiento político, económico y ético del Estado oligárquico dependiente. Como se recordará, cuando Alfredo Palacio juró la presidencia lo hizo comprometiéndose a detener “el plan siniestro de desinstitucionalización de la República” que venían empujando Lucio Gutiérrez y la embajadora estadounidense Kristie Kenney. Con el fin de revertir esa estrategia antinacional y antipopular, se comprometió a “refundar el país” con el expediente de la democracia directa, para lo cual anticipó la convocatoria a una Asamblea Constituyente de espíritu nacionalista “forajido”. Tal propósito se diluyó a la sombra de los entendimientos con olor petróleo concretados entre el oficialismo y la partidocracia burguesa comandada por el febresborjismo. La ofensiva más reciente de los autonomistas En el marco de esa alianza, el actual inquilino de Carondelet ha venido cediendo ante una serie de demandas de la oligarquía guayaquileña (Ley de Incentivos a las Inversiones, eliminación total de aranceles para cientos de productos, descentralización del Registro Civil y la Educación, etc.). Aún más, y retomando a cabalidad las directrices de “la Embajada” luego del impasse que surgiera tras las medidas nacionalistas que se viera forzado a tomar en el área energética (reformas a la Ley de Hidrocarburos, declaratoria de caducidad del contrato con la OXY, aproximación a la rebelde Venezuela), el sucesor y alter ego de Gutiérrez no solo que se ha decidido a implorar a la Administración Bush la reanudación de las negociaciones sobre el TLC recolonizador, sino que ha venido respaldando la aprobación por el Congreso del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Autonómico, instrumento mentalizado por el socialcristiano alcalde porteño, Jaime Nebot Saadi, orquestado por el burgomaestre capitalino, el “socialdemócrata” Paco Moncayo. A ambos planes liquidacionistas nos referimos en nuestro estudio “TLC y autonomías: golpes de gracia al Estado-nación” (ALAI: www.alainet.org/10872〈=es). En esta ocasión, apenas cabe subrayar que si el hamletiano Palacio no bloquea la “Ley Nebot-Moncayo” –entre otros motivos, por su carácter inconstitucional- habrá asegurado su registro histórico como el sepulturero del Estado unitario ecuatoriano de raigambre bolivariana y como el principal responsable de temibles confrontaciones fratricidas. ¡Todo en honor de la Casa Blanca, El Cortijo y los infaltables “idiotas útiles” a que aludiera un innombrable revolucionario del siglo pasado! - René Báez. Premio Nacional de Economía (Ecuador) y miembro de la International Writers Association