De ninguna manera es para despreciarse la concentración de la Coalición para el Bien de Todos y de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, que se ha calificado como la más numerosa en la historia política del país. Según los organizadores un millón y medio de personas, para la Secretaría de Seguridad Pública un millón cien mil. Mientras estas manifestaciones de defensa del voto y la democracia se mantengan dentro del orden, la prudencia y el respeto a la paz pública, nadie puede descalificarlas. Corresponde ante las impugnaciones de ambos bandos, ya que no son pocas las presentadas por el Partido Acción Nacional y su candidato, Felipe Calderón Hinojosa, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decir la última palabra. A nadie nos conviene un país dividido. La posición de López Obrador, que cuando menos tuvo el voto y ahora el apoyo de 15 millones de mexicanos, es digna de analizarse en los términos que da la serenidad y el raciocinio. No se está pidiendo la anulación de los comicios del pasado domingo 2 de julio, a las cuales el pueblo se volcó también en forma pacífica y civilizada a sufragar por los candidatos, partidos y coaliciones de sus preferencias, lo que se exige es el conteo de voto por voto y casilla por casilla. Despejar absolutamente toda duda en las elecciones y máxime cuando la diferencia entre los candidatos es de menos de un punto, no se puede calificar como una intolerancia. Es más, el propio Tribunal Electoral es la única autoridad por ahora que puede decidir sobre esta contabilidad. Si existe la certeza del triunfo por parte del candidato blanquiazul, que al igual que el perredista se declararon triunfadores, no hay razón para temer ese recuento de los votos. De acuerdo al artículo 41 de la Constitución, del que destacados juristas han hablado y sostenido sobre contenido de claridad, la Suprema Corte de Justicia es desde luego la instancia máxima y última en el conflicto postelectoral. En su parte sustancial ordena que las elecciones federales son una función estatal que se ejerce por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos...La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, y profesionalismo serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal. Ese mismo ordenamiento Constitucional dispone más adelante: la ley establecerá, como así está definido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, un sistema de medios de impugnación de los que conocerán el organismo público y un tribunal autónomo, que no es otro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será órgano jurisdiccional en materia electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio legalidad. Efectivamente, en otro de sus párrafos, el artículo de referencia observa que contra sus resoluciones, se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no procederá juicio ni recurso alguno, pero aquellas que se dicten con posterioridad a la jornada electoral sólo podrán ser revisadas y en su caso modificadas por los Colegios Electorales, correspondientes al Poder Legislativo. Así mismo, lo aclara el maestro Francisco José de Andrea Sánchez, que el sistema de recurso de impugnación debe satisfacer plenamente el principio de definitividad en las distintas fases de los procesos electorales, asegurando el principio de legalidad. Esto es, que de no cumplirse dicho principio de legalidad, según afirman jurisperitos, se puede recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que necesita México, y eso no puede estar a discusión, es la certeza en el resultado de sus elecciones y máxime cuando el pueblo sufragante se volcó en las urnas. No nos asustemos: en la demanda del conteo voto por voto y casilla por casilla, el que ganó, ganó y nada más, pero tampoco nada menos. A nadie le conviene un país dividido. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP.