Aunque es un "refrito", porque legaliza lo que es legal y desde hace dos años estaba por aprobarse en el Consejo Regional del Cusco, saludo la "Ordenanza Regional de la Planta de la Hoja de Coca" promulgada por Carlos Cuaresma el 21 de junio. Se trata de un hecho histórico, la iniciativa se suma a las de Ayacucho (2003) y Huanuco (2004) y, en resumen, reivindica a los agricultores y consumidores de hoja de coca, provocando de paso un debate importante - ojalá que serio y equilibrado -, sobre un tema complejo y satanizado por Estados Unidos y sus operadores en el Perú como son la entidad estatal DEVIDA y las ONGs privadas CEDRO y Alianza por un Perú sin Drogas (APPD). Discrepo con lo que estas instituciones plantean y por lo tanto quiero aportar ideas y propuestas alternativas. Comienzo por sostener que, como la coca también es materia prima insustituible para la producción de cocaína de uso ilegal – hay cocaína legal que se usa como anestésico local –, soy enemigo del "narcotráfico", del abuso en el consumo de drogas y del cultivo de coca por encima de lo necesario para el consumo tradicional y su industrialización benéfica. En esto no tenemos discrepancia con las instituciones mencionadas y creo que tampoco con el Gobierno de Estados Unidos. La discrepancia estriba en la manera de encarar el problema y en el diagnóstico: con prohibicionismo y guerra contra la droga o con una estrategia de reducción de daños o domesticación de las drogas. Y, se plantea una estrategia de guerra, porque se concibe que el tema es de seguridad nacional. No estoy de acuerdo con esta forma de ver el asunto. En mi concepto, el tema de las drogas en nuestro país es socio-económico y cultural por el lado de la producción, médico-sanitario y educativo en aspectos de consumo y jurídico-policial por el lado del tráfico. Además, como soy economista, concibo que es la demanda la que determina la oferta y no al revés, como sostienen los ofertistas del Gobierno de Estados Unidos que no quieren asumir su responsabilidad: no concuerdo con la tesis de que es más fácil matar a las abejas en el panal – la parcela del campesino - que millones de ellas volando en el territorio de Estados Unidos. Política de Estado Pero más allá de esta discusión, gracias a lo que me han enseñado los dirigentes agropecuarios de las cuencas cocaleras en largas pláticas y acompañamiento solidario de sus luchas, considero que el complejo tema de la coca es humano, político y técnico. Es humano porque se trata de defender un recurso cultural y natural que es parte de las buenas costumbres campesinas y símbolo de su identidad andino-amazónica. Por lo tanto, su erradicación compulsiva atenta contra los derechos humanos, además de hacerlo contra derechos económicos, sociales y culturales. Esto se resume en una palabra, tal como sostuvo una dirigente el año pasado: respeto. ¿Es tan difícil entenderlo? El tema es político porque lo que finalmente le plantean al Gobierno los agricultores y consumidores de esta planta que consideran sagrada, es que el país requiere una Política de Estado sobre Coca y Drogas y no seguir aplicando la Política de Estados Unidos sobre este tema que, en resumen resulta siendo así: "coca cero", traficantes libres y persecución de campesinos y consumidores. La prohibición y persecución penal-policial es ineficaz ya que no reduce los cultivos sino los dispersa, no elimina la delincuencia sino la transforma y lo único que hace con eficiencia relativa letal es atacar los extremos de la cadena: campesinos y consumidores. En el Perú debemos impulsar otra estrategia y buscar aliados internacionales como los europeos que tienen una concepción integral, multidisciplinaria, holística y de reducción de daños sobre las drogas. Con ellos debemos realizar gestiones para excluir la hoja de coca salga de la Lista I de Estupefacientes de la ONU en la que se encuentra presa desde la Convención de 1961. Pero el tema también es político porque lo que plantean los agricultores es discutir democrática y seriamente una Ley de Coca, diferenciada de una Ley de Drogas – derogando el Decreto Ley 22095 que data de 1978 -, facultad que corresponde proponer al Legislativo y promulgar al Ejecutivo. El tema político se resume en tres palabras: Política de Estado. ¿Es tan difícil entenderlo? El tema de la coca también es técnico porque su cultivo, producción y comercio es un tema agrario y no exclusivamente penal-represivo como ordena el Gobierno de Estados Unidos. La hoja de coca es parte de la biodiversidad andino-amazónica desde hace milenios y se produce actualmente en por lo menos 24 cuencas hidrográficas de 12 departamentos. Pero, todavía nadie sabe bien cuántas hectáreas de cultivo de coca existen, cuál es la productividad promedio por hectárea, cuál es el volumen producido, cuánto de este volumen se destina a los diferentes mercados y cuantas familias campesinas dependen de este producto. Andamos con los ojos vendados. Por ejemplo, contra lo que sostiene el Gobierno de Estados Unidos y repite el del Perú, en nuestro país no hay dos mercados para la coca sino cinco: 1) el que monopoliza ineficazmente la ENACO; 2) el de contrabando para uso legal; 3) el de uso en faenas comunales; 4) el de trueque con bienes y servicios de otros pisos ecológicos; y 5) el de uso ilegal para producir pasta básica y clorohidrato de cocaína. Pero esto no ha sido estudiado. Adicionalmente, no conocemos que las familias campesinas tienen su propia contabilidad y su propio reloj agrícola que no coincide con el de nosotros los occidentales, además de una gran complejidad y tejido social de la que ni nos enteramos. El "desarrollo alternativo" – no me gusta el concepto - debe hacerse con ellos y no contra ellos ya que son parte de la solución y no el problema. El Gobierno de los Estados Unidos los considera "narcocultivadores" y por ello exige a DEVIDA que no les hable y menos financie actividades que propongan, lo que es un grave error y una falta de respeto inaceptable. Se debe partir de lo que plantean los campesinos productores y autoridades locales de las zonas cocaleras que, en resumen, solicitan retomar la Mesa de Diálogo creada durante el Gobierno de Transición, que este Gobierno "planchó" en octubre del 2001 por presión de los Estados Unidos. La agenda técnica ha sido planteada en 36 Actas firmadas y no cumplidas: 1) suspender la erradicación forzosa de cultivos; 2) zonificación económica-ecológica y estudio de suelos; 3) empadronamiento de agricultores cocaleros; 4) comercio legal de coca con precios adecuados y un ente fiscalizador y promotor creíble en el que participen sus organizaciones; 5) planificación participativa del desarrollo a nivel de cuencas hidrográficas; 6) aseguramiento y construcción de mercados locales; 7) crédito campesino preferencial amarrado a ventas futuras y asistencia técnica; 8) medios de comunicación vial y electrificación; y, 9) transparencia en el uso de los fondos del tesoro público y la cooperación internacional. El tema técnico se resume en cinco palabras: Desarrollo Rural Integral Sostenible Y Sustentable. O, en una sigla: DRISS ¿Es tan difícil entenderlo? ¿O es que hay que esperar a la próxima movilización de agricultores cocaleros paseando su pobreza y entereza por Lima para hacerle entender al Gobierno que es mejor mirar abajo y adentro que afuera y arriba? Hugo Cabieses, economista peruano, es Director del DRIS.