Después de las amenazas del gobierno de proceder militarmente contra los manifestantes que interrumpieran el tráfico vehicular de los principales accesos terrestres del país este martes, el presidente Manuel Zelaya tuvo que retroceder en su actitud después de varias horas y aceptar responder a las demandas de diversos sectores populares. Este martes 25 de julio por más de 8 horas se mantuvo paralizadas las carreteras más importantes del país que comunican con los países vecinos. Organizaciones sociales, sectores de la Iglesia Católica, pobladores de las regiones de Occidente, norte y centro del país exigen al gobierno ponga manos sobre 12 puntos planteados, entre los que se incluye una nueva ley de Minería, se apruebe Ley de Transparencia y acceso a la información, y no la construcción de la represa El Tigre. Las fuertes movilizaciones sociales fueron suspendidas luego que el presidente Zelaya anunció una reunión para el próximo martes 1 de agosto. Desde primeras horas de la mañana pobladores de las comunidades más empobrecidas de Honduras se tomaron las carreteras en cinco regiones del país ante la incapacidad del gobierno de Manuel Zelaya de buscar solución a sus peticiones. Es destacable el apoyo firme de la Iglesia Católica y de su jerarquía, varios de los mas reconocidos sacerdotes estuvieron presentes en las movilizaciones populares. El día anterior a las acciones de presión popular, el pasado lunes 24 de julio ya el gobierno había planteado su posición en relación a los puntos reclamados. En el marco de la convocatoria hecha por el Congreso Nacional, para participar en un “espacio de diálogo” en San Pedro Sula a 250 kilómetros de Tegucigalpa, capital de Honduras con los representantes de la Alianza Cívica por la Democracia el Presidente del Congreso Nacional, Humberto Micheletty respondió así: * No acepta la derogación de la Ley de Minería eso sería entorpecer la inversión. * Sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública dijo que será aprobada, pero que todavía están escuchando especialistas para asegurar una buena ley. No fijó tiempo para su discusión y aprobación. * Sobre las asignaciones para la erradicación de la pobreza prometió reformar el Artículo 22 del Presupuesto de la República para su aprobación el 25 de julio y que garantizaba la descentralización inmediata de los recursos a las municipalidades. * Sobre la exigencia de no construir la represa El Tigre manifestó que esa represa debió haber sido construida hace 20 años y que, además, es una decisión del Ejecutivo; * Sobre la derogación de la Ley de Aguas manifestó que ya se está traspasando a las municipalidades y hay que darles a ellas una oportunidad; * Sobre la aprobación de la ley marco de telecomunicaciones manifestó que ya está en su poder y que piensan defender HONDUTEL; * Sobre la cancelación de los permisos de explotación forestal dijo que el Presidente de la República tiene una política al respecto; * Dijo Micheletty que la Ley Forestal no se ha aprobado porque no ha habido consenso; * Sobre la construcción de carreteras en Intibucá y Lempira manifestó su interés, pero lamentó que todo ha fracasado por culpa de las empresas constructoras que no han cumplido los contratos; * Dijo desconocer a qué se refiere el Convenio 169 de la OIT relativo a los derechos de los pueblos indígenas. No lo conocía. * Sobre la derogación del decreto 220-2003 que atenta contra la contratación colectiva y la sindicalización no respondió nada, y * Sobre la remoción del diputado Arnoldo Avilés de la comisión de Dictamen sobre la Ley de Minería, tampoco se pronunció. De no obtener resultados favorables los sectores sociales presentes en la lucha por la dignidad nacional, decidirán el próximo 5 de agosto junto a las demás organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular las nuevas estrategias de lucha a emprender. - Dunia Montoya, Coordinadora Comunicación Comunitaria COMUN El Progreso, Yoro, Honduras