El Plan Puebla Panamá (PPP) que firmaron los Presidentes de México y Centro América en El Salvador, el 15 de junio del año 2001 es un proyecto geopolítico de globalización Neoliberal en el contexto del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, del tratado de Libre Comercio de América del Norte y de los tratados de libre comercio que los Estados Unidos han establecido con los países de la región centroamericana (CAFTA). El PPP se propone en el sur de México y en los 7 países centroamericanos (incluyendo Belice y Panamá) la construcción de una serie de infraestructuras que permitan el flujo rápido de mercaderías, la competitividad y el crecimiento económico, con el fin de atraer la inversión extranjera y permitir a las empresas transnacionales que aprovechen las ventajas comparativas de los diferentes países de la región (situación geográfica, mano de obra y recursos naturales baratos). Su formulación es una prueba de la dependencia y sumisión absolutas de los diferentes gobiernos de la región mesoamericana a las políticas que dictan los Estados Unidos y las agencias internacionales como el Banco Mundial. Presentado como la vía del progreso que permitirá terminar con la pobreza y el subdesarrollo de la región, el plan fue rápidamente desenmascarado por las organizaciones sociales que comprendieron que lo que se buscaba era despojar de sus tierras a las comunidades rurales indígenas y no indígenas para construir megaproyectos (hidroeléctricas, carreteras de cuatro o más vías que permitan el tráfico rápido de traileres y camiones, aeropuertos, etc.), turismo a gran escala, explotaciones mineras o petroleras y plantaciones de monocultivos como la palma africana. Por lo que, los gobiernos involucrados han seguido dando seguimiento al plan de manera discreta, a fin de evitar toda resistencia de la población por lo que el PPP sigue existiendo y avanzando a grandes pasos. Desde que se firmó el plan hace unos cinco años, los recursos públicos se han canalizado en prioridad a la creación, ampliación o modernización de infraestructuras de comunicaciones y energéticas que benefician a las grandes corporaciones transnacionales, pero dejan a las poblaciones locales cada vez más pobres y marginadas. En Guatemala, al mismo tiempo que el Stan azotaba a gran parte del país, se votó la ley que autorizaba la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte y el Anillo Metropolitano. Se firmó el tratado con los taiwaneses para que construyan la carretera Guatemala-El Rancho que ya está en marcha, así como el puerto pesquero de Champerico; Se decidió la reconstrucción de los aeropuertos La Aurora en ciudad Guatemala y Mundo Maya en Petén. Hasta ahora, no se han abandonado los proyectos turísticos Mirador y Mundo Maya en La Reserva de Biosfera Maya y la idea de construir al menos una carretera que llegue desde Tikal a Cancún, atravesando la reserva, sigue en pie. Las concesiones mineras se han seguido otorgando, aun en contra de la voluntad de la población. Guatemala se ha convertido en un negocio. La pregunta es: ¿Hasta donde iremos con el PPP? ¿Todavía queda alguien en Guatemala que crea que este negocio, estos megaproyectos y tratados de libre comercio están diseñados para beneficiar al total de la población guatemalteca? ¿Nos damos cuenta de que están destruyendo nuestro país en función de intereses ajenos a la población y que entre algunos años Guatemala va a convertirse en un desierto contaminado y expuesto cada vez más a los desastres causados por los fenómenos naturales, sin suelos ni campesinos que los cultiven, sin árboles, sin agua? ¿Estamos concientes que el progreso que nos ofrece son como nuevos espejitos y cuentas de cristal, que nos hacen correr a nuestra propia perdida y la de nuestros hijos? No al Plan Puebla Panamá No al Tratado de libre comercio entre Guatemala y los Estados Unidos - Difundido en el Programa "Buenos Días", Radio Universidad, lunes 24 de julio del 2006. Área de Estudios de Campesinado (AVANCSO)