"Quiero decirles que las cosas que han ocurrido tienen que ser evaluadas y tienen que ser sancionadas en función de lo que ocurrió. Aquí mi compromiso es ni justicia ni venganza ¡justicia!, ¡justicia!", decía Carlos Mesa ante una multitud de pobladores de El Alto en octubre de 2003, un día después de asumir la Presidencia en Bolivia. Transcurridos 19 meses de gestión, el Jefe de Estado no cumplió con esa promesa ni menos con ninguno de los mandatos de la "agenda de octubre": Asamblea Constituyente, Ley para recuperar los Hidrocarburos y justicia para los 69 bolivianos y bolivianas asesinados en el gobierno de su antecesor, el tirano de Gonzalo Sánchez de Lozada. Todo este tiempo, Bolivia vivió en un desgobierno total. La gestión mesista, sustentada básicamente en el aparato gonista, en el apoyo de una bancada de parlamentarios tránsfugas, en los intereses de las transnacionales y en las políticas impuestas por la embajada norteamericana, optó rápidamente por cambiar su discurso de promesas a favor de los movimientos sociales, para beneficiar directamente a ese pequeño grupo de poder, históricamente privilegiado. Desde esferas del gobierno y los grupos de poder, la gestión de Mesa impulsó políticas que no sólo condujeron al enfrentamiento entre bolivianos sino que nos empujan peligrosamente a la desintegración nacional. Para evitar la Asamblea Constituyente, impusieron una agenda que contempla la convocatoria a las autonomías departamentales a través de un movimiento cívico que, en realidad está formado por la oligarquía cruceña, los terratenientes y algunos empresarios y para evitar la recuperación de los hidrocarburos maniobraron en el Parlamento Nacional la aprobación de una nueva ley que sigue beneficiando a las transnacionales. Los últimos días de mayo, Bolivia vivió precisamente esa dicotomía: con los movimientos sociales otra vez en las calles y en las carreteras y con los grupículos de poder aferrados a los dictados de las transnacionales y la embajada norteamericana. El origen de los problemas: el desgobierno de Carlos Mesa que de un apoyo inicial e histórico para su gobierno de un 82 por ciento (octubre de 2003) ha caído en forma estrepitosa hasta el 41 por ciento (mayo de 2005); sin embargo, a todas luces, la desaprobación es mayor porque las encuestas pertenecen a los medios de comunicación comerciales, aquellos precisamente que están controlados por los sectores empresariales y de poder. Dos agendas Si en el futuro próximo, Bolivia no logra solucionar en forma estructural las demandas de dos agendas convirtiéndolas en una, corre el serio riesgo de dividir más a los bolivianos e incluso de resquebrajar su unidad territorial. Los movimientos sociales bolivianos que son la mayoría de éste país impulsan la Asamblea Constituyente. Una constituyente que sea soberana, participativa, incluyente y fundacional, como la única garantía democrática para salir de la crisis. El pueblo siente que la Asamblea Constituyente no ha nacido en Palacio de Gobierno ni tras los escritorios de los burócratas o consultores, menos tiene que ver la autodenominada clase política, sino que emergió de las marchas indígenas que se iniciaron en 1990, en las movilizaciones rurales y urbanas de abril y septiembre de 2000, de febrero y octubre de 2003, de enero de 2005. La Asamblea Constituyente desde la visión del pueblo boliviano debe ser: "de todos, con todos y para todos". Tiene que ser soberana porque es depositaria de la voluntad popular; debe ser autónoma respecto a los poderes constituidos y debe actuar libremente, sin subordinaciones ni condicionantes, como el máximo poder del Estado; debe ser participativa porque sólo la participación social garantiza una asamblea útil, fecunda, integradora en su mirada de país y capaz de reflejar la realidad nacional y debe ser incluyente porque está abierta a todos los sectores sociales del país. En cambio, la conspiración oligárquica, con el único objetivo de impedir la realización de la Asamblea Constituyente impulsa el referéndum autonómico que no tiene ningún consenso nacional, pretende que cada departamento "disponga libremente de sus recursos" financieros y naturales e impulsa al separatismo por el carácter vinculante a nivel departamental que se le pretende dar. A pesar del rechazo de la mayoría nacional, los sectores de la oligarquía impulsan el referéndum basados en una pregunta: "¿Está usted de acuerdo con que se defina y establezca en el país la constitución de autonomías departamentales con transferencia efectiva de competencias y atribuciones, las mismas que tendrán por objeto, en su jurisdicción territorial, disponer libremente de sus recursos, elegir a sus autoridades y darse su propia administración?" ¿Qué significa el proceso autonómico? Que en cada uno de los departamentos funcionen autónomamente los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, mientras las normas y autoridades nacionales tendrían un rol muy limitado. Con este proceso autonómico, Santa Cruz seguiría siendo el departamento más beneficiado porque en ese territorio se encuentran los recursos naturales más cotizados; mientras tanto, Oruro y Potosí, por ejemplo, otrora los grandes centros productores de minerales, estarían condenados a una virtual desaparición como ha ocurrido con varios pueblos considerados ahora fantasmas. Un solo camino La difícil coyuntura por la que atraviesa Bolivia aún no ha sido solucionada y, mas bien, el conflicto se podría agravar en los próximos días. A finales de mayo, miles y miles de bolivianos y bolivianas de los movimientos sociales aún están en las calles y carreteras, sobretodo de la sede de gobierno: La Paz. Se vive una inusual convulsión social, se habla de un virtual estado de sitio, de la renuncia presidencial, de la amenaza de una guerra civil, de un cambio radical del modelo e incluso acecha el fantasma de un golpe civil-militar. Cerca de cinco mil campesinos, indígenas y originarios se encuentran más de una semana en la sede de gobierno realizando movilizaciones pacíficas pero amenazan con radicalizar sus medidas; el valeroso pueblo alteño bloquea el acceso a la ciudad con gigantescas movilizaciones; cada vez más carreteras están siendo bloqueadas por diferentes movimentos sociales; el sector de educación y salud se encuentran en paro de actividades; la oligarquía cruceña amenaza con autoconvocarse al referéndum autonómico para el 12 de agosto junto a la elección de prefectos y también se habla con más frecuencia de la renuncia de Carlos Mesa. Ninguna de estas salidas está descartada en este país que, en los últimos años, se ha convertido en una especie de ejemplo en las políticas internacionales. En la actualidad, cuando existen dos agendas que confrontan, el único camino es la unidad e integración nacional que pregona la mayoría nacional; por tanto, la pretensión de las élites y los grupos de poder es inconstitucional, antidemocrática y sobretodo afecta precisamente a la unidad y soberanía nacional. El país ubicado en el corazón del continente latinoamericano debe marchar hacia su "refundación" para convertirse en un Estado plurinacional que tenga la capacidad de construir un país participativo y que incluya a todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de raza, sexo ni implicancia económica. Ese nuevo Estado debe tener la capacidad de profundizar la democracia participativa y comunitaria respetando la plena vigencia a los derechos humanos, individuales y colectivos de los bolivianos y haciendo hincapié en los derechos indígenas hasta ahora ignorados; se debe establecer el reordenamiento territorial que reconozca las autonomías territoriales, indígenas y departamentales, aplicando un modelo de gestión de los recursos naturales renovables y no renovables que permita el manejo soberano y priorizando el asunto tierra- territorio de modo tal que esas bienes sean repartidos con equidad y, además, se debe recuperar para sí, la soberanía y la independencia como nación, de modo que sus propias decisiones rijan el manejo institucional del país, al margen de injerencias foráneas patentizadas actualmente en las empresas transnacionales, los organismos de crédito y algunos gobiernos extranjeros manejados principalmente por Estados Unidos. Es necesario remarcar que la mayoría de la población boliviana precisamente es indígena, campesina y originaria. Los datos oficiales del último Censo de Población aseguran que más de 63 por ciento corresponden a algún pueblo indígena, cifra que incluso podría ser mayor. El camino de solución en Bolivia se llama Asamblea Constituyente. En el marco del poder constituyente se discutirán los lineamientos de las autonomías, también la recuperación real de los recursos hidrocarburíferos y las nuevas formas de juego en el aspecto económico, político y social… Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.