México.- Debido a la estela de desconfianza en la organización de las elecciones producida por decenios en los que los comicios estuvieron regidos por el estado, México tiene desde 1997 el sistema de votación con mayores controles en el mundo, y el más costoso: más de seis dólares por sufragio contra un promedio de entre dos y cuatro dólares tanto en países altamente desarrollados como en los del área latinoamericana, incluso los políticamente menos avanzados. La ciudadanización de las elecciones, con la promulgación del actual Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, pretendió haber construido el edificio garante de la democracia electoral, el Instituto Federal cuya operación teóricamente separada del aparato oficial cancelaría los fraudes del pasado. Es, dijeron sus defensores, un instrumento tan perfecto para el impedimento de las prácticas de manipulación del voto como lo fueron los métodos empleados por el Partido Revolucionario Institucional, en el poder durante más de setenta años y objeto de las acusaciones de todo género de maniobras para torcer la voluntad de los ciudadanos. Pero no obstante las seguridades que se atribuyen a los “candados” del nuevo sistema, el Instituto Federal Electoral comienza a mostrar las fisuras reveladoras de vicios no superados del pasado, pero sobre todo como una mala copia de los esquemas norteamericanos, con el imperio de la mercadotecnia al servicio de los grandes intereses económicos detrás de los procesos para la selección de los candidatos, en el desarrollo de las campañas y en la realización misma de los comicios, empañados por las evidencias surgidas a la luz con la histórica resolución de la máxima autoridad judicial en materia de elecciones de abrir el 9.7 por ciento de las casillas de la votación del pasado 2 de julio para corroborar la veracidad de las impugnaciones presentadas por la Coalición por el Bien de Todos y su candidato Andrés Manuel López Obrador. Hasta el sábado pasado, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio a conocer su decisión de escrutar de nuevo 11 mil 830 casillas en 149 de los 300 distritos electorales del país, toda expresión de duda respecto a la integridad del Instituto Federal Electoral (IFE) era censurada como una grave ofensa contra la institución a la que se atribuía el carácter de fortaleza inexpugnable de la democracia. Parapetados tras la mampara del IFE, el gobierno del presidente Vicente Fox, su partido Acción Nacional y la mayor parte de las fuerzas económicas defendían al IFE de toda crítica y exigían respeto a la honestidad de sus integrantes. Hoy la pretendida infalibilidad del IFE está seriamente cuestionada cuando el Tribunal Electoral ha ordenado la apertura de las casillas en donde se detectaron irregularidades y declarado que en la mayoría de ellas se encontraron “errores evidentes”, tan claros como un número de boletas de voto mayor al registrado en la lista de ciudadanos consignados en la lista de votantes. El candidato López Obrador, sostenido por numerosas organizaciones contestatarias del sistema y por sectores pobres de la población, tomó la decisión de mantener una protesta permanente con la instalación de campamentos en las avenidas Reforma, Juárez y Madero hasta la Plaza de la Constitución –el centro vital de la ciudad de México—para exigir el recuento voto por voto, casilla por casilla en los 300 distritos electorales de la República, en donde se registró una votación de alrededor de 42 millones de sufragios. Con esta determinación, acremente criticada por los comerciantes afectados, censurada también por otros sectores y vista con circunspección incluso entre grupos de sus seguidores, tal vez López Obrador no consiga la aprobación del conteo total de los votos emitidos ni el de las más de 72 mil casillas directamente impugnadas, pero su empeño por mantener una demostración de apoyo masivo en las multitudinarias concentraciones a las que ha convocado, ha sido sin duda un factor determinante en la resolución sin precedente de abrir ese número de centros de votación en una elección presidencial. La decisión del Tribunal abre además la puerta a una ampliación de la apertura de casillas y a una eventual modificación del resultado anunciado y tenazmente defendido por el IFE, por la presidencia de la República y por los sectores conservadores, que daban como indiscutible ganador al candidato de Acción Nacional, Felipe Calderón, por un reducido margen de 250 mil votos. Además del cuestionamiento sobre la confiabilidad del IFE, la resolución del Tribunal implica la confirmación de las críticas hacia un sistema electoral que contrariamente a las afirmaciones de sus apoyadores está lejos de constituir un baluarte de la democracia. Impregnado del principio de la publicidad política, el proceso electoral estuvo marcado por una campaña emprendida desde la presidencia de la República, desarrollada a través de los más poderosos medios de comunicación, en la que no faltaron acciones violatorias a la legislación deliberadamente ignoradas por la autoridad, orientada al descrédito del candidato del centro izquierda López Obrador y hasta su eliminación de la contienda. Incapacitado para regular las llamadas pre campañas y para vigilar el monto de los gastos publicitarios, el IFE toleró los embates en contra de López Obrador y permitió la derivación de la contienda a una disputa en la que el insulto personal y la diatriba superaron al planteamiento ideológico y programático de los partidos participantes. El veredicto final del Tribunal, que en caso de nuevos recuentos puede prolongarse hasta el 6 de septiembre y llegar a la anulación de las elecciones, pone de manifiesto la debilidad de un proceso electoral del que el aparato oficial se ha jactado como ejemplo mundial de la democracia y que hoy muestra la necesidad de una verdadera reforma para subsanar la inequidad y el fraude que propicia.