Legisladores de EE.UU. consideran que, por la naturaleza de crímenes, ese país debe cooperar. Veinte representantes del Congreso de los Estados Unidos pidieron al departamento de Justicia de aquel país cooperación total en la búsqueda y aprehensión de ocho militares y civiles acusados de genocidio y terrorismo en Guatemala. La solicitud la presentaron por medio de una carta que enviaron a Molly Warlow, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales del departamento de Justicia, con sede en Washington, y a Alberto González, fiscal general de EE.UU. La acción se presentó por iniciativa de Raúl Grijalva, representante al Congreso por el estado de Arizona, acompañado por Mike Honda, Dennis J. Kucinich, Barbara Lee, Dan Lipinski, Janice Schakowsky, Tammy Baldwin, Zoe Lofgren y Robert Wexler. También firman la petición los congresistas Fortney Stark, Joe Baca, Stephen Lynch, James McGovern, Lynn Woosley, Sherrod Brown, Peter DeFazio, Earl Blumenauer, Carolyn Kilpatrick, Bobby Rush y Sam Farr. Los diputados expresaron que la naturaleza grave de estos crímenes conlleva a que EE.UU. deba cooperar totalmente con la investigación y actuar de inmediato con la orden de captura girada por el juez español Santiago Pedraz, en julio. Investigados Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz de 1992, presentó en 1999 una querella en España contra el coronel Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo y Donaldo Álvarez Ruiz, por la quema de la embajada de España, en enero de 1980, donde murieron 37 personas. Tras la entrega de pruebas, la demanda se amplió a los generales Efraín Ríos Montt, Óscar Mejía Víctores, Romeo Lucas García (ya fallecido) y Benedicto Lucas, por los delitos de tortura, terrorismo y genocidio. En el documento, que también fue enviado al juez Pedraz, se resalta que los procesados bloquearon las diligencias legales que aquél vino a efectuar a Guatemala a finales de julio. También los bienes Los congresistas también pidieron que, en virtud de que la orden de arresto de Pedraz incluye el embargo de bienes y cuentas bancarias, que EE.UU. inicie una investigación para establecer si en ese país hay bienes de los procesados y que se embarguen. Los legisladores pidieron que el departamento de Justicia les informe sobre los esfuerzos para apoyar las órdenes de aprehensión por todo EE.UU .y que en ellos se incluyan comunicaciones con el sistema financiero para informar de inmediato sobre la ubicación de bienes de los sindicados en el país del norte. Andrew de Sousa, de la Red de Solidaridad con la gente de Guatemala (Nisgua), aplaudió el compromiso y la responsabilidad con los Derechos Humanos por parte de los congresistas. Fuente: Prensa Libre, Guatemala jueves 3 de Agosto de 2006