Desde el arranque de las campañas presidenciales de México, la competencia electoral ha puesto al descubierto las latentes, pero profundas, fisuras que existen en la sociedad mexicana. El eje principal del actual conflicto pos electoral no está sólo en las cuestiones legales sobre cómo se llevaron a cabo las elecciones. Éste conflicto ha colocado en primer plano una serie de preocupaciones profundas sobre la transparencia, la justicia social y el curso futuro de una nación que se encuentra en una coyuntura crítica, dentro de su muy nuevo proceso de transición a la democracia. El conflicto pos electoral se agudizó las últimas dos semanas con la instalación de campamentos en el Zócalo de la Ciudad de México y en las calles aledañas, que se mantienen las 24 horas del día. Los partidarios del candidato presidencial de centro-izquierda Andrés Manuel López Obrador se han comprometido a permanecer en los campamentos hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falle a favor de un recuento total de los votos. La decisión del Tribunal hecha pública el sábado 5 de agosto de volver a contar 9% de las casillas no satisface la demanda de un recuento total. El resultado del recuento de 11 mil 839 casillas de los 130 mil 437 en total será publicado el 14 de agosto. Este segmento de las casillas representa a lrededor de 3.800.000 votos de una votación total de 41.791.322 sufragios. Si en el recuento se encuentren suficientes inconsistencias para justificar un recuento adicional, es posible que abran más casillas. Sin embargo, López Obrador y los manifestantes se han mantenido firmes en la postura que el 9% es insuficiente, diciendo “no queremos un diezmo de democracia, sino una democracia de 100%.” Se ha anunciado que se el plantón se mantendrá hasta que se haga el recuento total. López Obrador también dijo que se realizarán actos de resistencia civil. El plantón podría mantenerse por un buen tiempo. Por lo pronto, una parte se trasladará desde el Zócalo para instalarse frente a la sede del Tribunal Electoral, que tiene hasta finales del mes de agosto para llegar a una decisión que resuelva la controversia. A pesar de los diarios aguaceros, característicos de la temporada de lluvias en México, por iniciativa propia los manifestantes—provenientes de todo el país—han establecido cocinas comunitarias, talleres y cursos, actividades para niños y equipos de limpieza. Muchos ciudadanos se han organizado para entregar alimentos, cobijas y protección a los manifestantes. Los campamentos, como podía pronosticarse, han causado serios problemas de tráfico en la ciudad y han provocado comentarios coléricos por parte de los dueños de negocios en la zona del centro. Pero aquellos que exigen el recuento “voto por voto, casilla por casilla” demostraron su determinación y resistencia el 31 de julio pasado, cuando aproximadamente dos millones de personas esperaron durante horas, apiñados en la plaza, para oír el discurso de López Obrador en la tercera “asamblea informativa”. Cuando alguna gente, visiblemente afectada por el calor del sol de mediodía, comenzó a dejar la plaza antes de que López Obrador llegara, los otros los exhortaban a “no darse por vencidos” y les ofrecían agua. Para muchos éste es un asunto de dignidad—tanto el defender al candidato que ellos creen que realmente ganó las elecciones, así como el oponerse a lo que ellos consideran como otro intento de los ricos y poderosos por escamotearles sus justos derechos. Mientras tanto, las presiones del ala conservadora para declarar a Felipe Calderón como presidente electo también se han intensificado, pero mediante tácticas muy diferentes. El Partido Acción Nacional (PAN) de Calderón ha venido reuniéndose con los consejos editoriales de los principales medios de comunicación extranjeros y movilizando grupos de algunos de los hombres de negocio más poderosos de la nación. Calderón declaró a un grupo de corresponsales extranjeros que él no confrontará a López Obrador en las calles ya que su adversario tiene una clara ventaja en la movilización de masas, pero, en cambio, defenderá su triunfo electoral por otros medios. El PAN planea exhibir públicamente sus actas de escrutinio y cómputo, además, Calderón continúa dando a conocer a algunos sectores específicos, sus decisiones sobre políticas públicas como si ya fuera el presidente electo. No es ninguna casualidad que los partidarios de López Obrador se encuentren en las calles, y que los esfuerzos para declarar a Calderón como presidente estén siendo orquestados en los consejos corporativos y mediante reuniones con los consejos editoriales de los medios de comunicación monopólicos de México, así como con la prensa extranjera. El creciente resentimiento de los pobres ha sido canalizado en la campaña de López Obrador. El líder del PRD utiliza un lenguaje que reclama los derechos sociales y económicos consagrados en la Constitución mexicana, y apoya políticas que hacen patente la obligación activa del gobierno para disminuir algunas de las desigualdades, en cuanto a riqueza y poder se refieren, que han crecido bajo el modelo de libre mercado. El PAN, fiel al modelo, ha gobernado bajo la premisa de que lo que es bueno para los negocios, es bueno para el país. Para los que han esperado por décadas a que este modelo produzca beneficios concretos para los sectores más desprotegidos de la sociedad, esa hipótesis no se sostiene más. Ellos creen, con mucha justificación, que la sociedad les debe más, y que la buena fortuna de los ricos ha sido a costa suya. El proceso legal para declarar al ganador de la competencia electoral sigue abierto. Expertos en cuestiones jurídicas han estado discutiendo los distintos pormenores de las opciones que tiene frente a sí el Tribunal, emitiendo generalmente sus opiniones de tal forma que refleja su orientación política más que la interpretación literal de las leyes. La realidad es que las leyes son relativamente nuevas, y se han sentado pocos precedentes. Por lo tanto, los siete jueces del Tribunal tienen un amplio margen para interpretar la ley y determinar procedimientos de acuerdo a lo que a ellos les parezca adecuado, en éste que es, con mucho, su caso más importante hasta el momento. López Obrador ha declarado repetidamente su compromiso de respetar los resultados de un recuento total. Calderón ha divagado sobre el asunto del recuento; algunas veces considerándolo como una medida ilegal e innecesaria y, en otras ocasiones, aceptando la posibilidad de un recuento parcial. Con tanto en juego, en términos de estabilidad social y transparencia, el curso prudente es escoger la solución más amplia e incluyente posible. Es decir, un recuento total de la votación. Despejar las dudas sobre el proceso electoral no sólo concede al nuevo presidente—quienquiera que éste sea—mayor legitimidad, sino que esto también restituye la confianza en las instituciones. La solución a la controversia está ahora en manos del Tribunal Electoral. Pero el desafío para lograr resultados transparentes y creíbles de la elección y, aún más importante, para avanzar hacia la justicia social duradera, es un desafío que enfrenta toda la sociedad mexicana. En el mundo entero, los movimientos populares con frecuencia utilizan la resistencia civil pacífica para definir situaciones que parecen callejones sin salida en momentos críticos de transición. México enfrenta hoy dicho momento crítico. Las elecciones manipuladas que se realizaron bajo el régimen de partido único del PRI (Partido Revolucionario Institucional) están aún presentes en la memoria de la gente, y muchos temen que haya una vuelta al pasado si esta elección no se limpia. Los campamentos intensifican la confrontación que ha estado ocurriendo desde las elecciones del 2 de julio. Una decisión a favor del recuento total de la votación proporcionaría una solución institucional al empate técnico y permitiría a la nación seguir adelante y acometer la tarea mayor de superar las divisiones para construir una sociedad más justa. (Traducción: Priscila Pacheco) - Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del IRC (www.americaspolicy.org), desde la Ciudad de México, donde ella ha trabajado como analista política durante dos décadas. Fuente: Programa de las Américas del International Relations Center (IRC) www.ircamericas.org