México La convocatoria del candidato de la Coalición por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, a una Convención Nacional Democrática uno de cuyos objetivos sería la transformación total de las instituciones, podría ser el pronunciamiento más trascendental y profundo desde el inicio de su campaña en busca de la presidencia de la República. La propuesta de efectuar la primera reunión de esa convención en la Plaza de la Constitución de la capital del país precisamente el 16 de septiembre próximo –día de la fiesta nacional en memoria del inicio de la Independencia en 1810— invoca en efecto el derecho “inalienable” del pueblo para cambiar su forma de gobierno, según lo establece la actual Carta Magna en su artículo 39; las actuales instituciones “han dejado de representar el interés general del pueblo” y han caído en la decadencia y el descrédito, afirma López Obrador. Sometida de inmediato a análisis en diferentes sectores de la población sobre sus alcances y significado, la convocatoria de López Obrador podría sin embargo constituir sólo un recurso coyuntural para mantener la fuerza de las manifestaciones y las acciones de resistencia frente a una eventual resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor del candidato del conservador Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, a quien junto con el aparato gubernamental, grupos empresariales y una parte de los medios de comunicación acusa de haber perpetrado un fraude previo, durante y después de las elecciones del pasado 2 de julio. López Obrador llama también “a decidir con representantes de todos los pueblos del país el papel que asumiremos en la vida pública de México en la actual circunstancia”, es decir, la imposición del contendiente panista, “que representa en los hechos reducir la democracia a una verdadera farsa”. La idea de López Obrador, seguida de la designación de intelectuales, juristas y luchadores sociales al frente de la Convención, implicaría no sólo una serie de cambios a la actual Constitución o la fallida reforma del estado intentada sin éxito desde el comienzo de la actual administración, sino una verdadera revolución, no necesariamente armada pero sí destinada a crear una nueva estructura política para el país. Sería una refundación del país. En presencia de López Obrador, lideres del Partido de la Revolución Democrática y seguidores de su candidatura firmaron la convocatoria a la convención, en un acto --dijo el candidato perredista en la asamblea del Zócalo capitalino del lunes pasado-- que evoca la firma del Plan de Ayala con el que en 1914 el general revolucionario Emiliano Zapata convocó a la lucha con su lema de Tierra y Libertad. Desde el punto de vista histórico, la promulgación de una nueva Constitución en México siempre ha estado precedida de una lucha revolucionaria o de un movimiento profundamente transformador. José María Morelos promulgó en 1814, en plena lucha insurgente, la Constitución de Apatzingán; en 1824, como resultado del triunfo de la independencia, un congreso constituyente puso en vigor la primera Constitución federal; en 1857 el movimiento liberal que culminaría con la reforma de Benito Juárez logró una nueva Constitución, muchos de cuyos preceptos fueron plasmados en la actual, promulgada en 1917 al triunfo de la Revolución Mexicana. El artículo constitucional mencionado por López Obrador, luego de establecer que “todo poder público dimana del pueblo”, precisa que éste tiene “en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Sin embargo de ese precepto, después de fijar las condiciones en las que las reformas constitucionales han de darse –mayoría de dos terceras partes en los congresos federal y estatales--, en el último de sus 136 artículos preserva el carácter y los principios del país, que no podrán ser modificados por una rebelión que interrumpa su observancia. La Constitución, en este aspecto, no contempla una modificación de la estructura política de una “república representativa, democrática” basada en un pacto federal. La Constitución, pues, sólo se refiere a posibles reformas, pero no a una transformación política total. En los últimos años ha estado a debate la necesidad de revisar el régimen político de México mediante una reforma total del estado que limite las facultades constitucionales del presidente de la República y las que se conocen como metaconstitucionales en los excesos del sistema presidencial. Voces como la del jurista Diego Valadés o del politólogo Porfirio Muñoz Ledo han propuesto la instauración, ya fuera el gobierno de gabinete formado según la mayoría en el Congreso, o bien un sistema semipresidencial o semiparlamentario que redujera las atribuciones del jefe del Ejecutivo. Inspirado por las tesis de Muñoz Ledo, mal entendidas, el presidente Vicente Fox habló vagamente, en las primeras semanas de su administración, de una “nueva arquitectura constitucional”, pronto olvidada en los enfrentamientos con el Congreso que caracterizaron a su gobierno. De progresar la convocatoria de López Obrador a la discusión de una transformación de las instituciones, es obvio que se trataría de un intento de cambio profundo y completo en el sistema de gobierno, surgido de una movilización general que pasaría por un congreso constituyente en forma similar a lo realizado en Venezuela –con la Constitución Bolivariana—y en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha llamado a la promulgación de una nueva Carta Magna. Trascendental si se extiende a la mayoría de los sectores populares, circunstancial si su propósito queda en una lucha por evitar la imposición y el fraude electoral, el llamado de López Obrador constituye una posibilidad digna de reflexión.