Gustavo Meoño

El miércoles 6 de junio de 2001, en nombre de la Asociación Justicia para la
Reconciliación, se presentó ante el Ministerio Público una querella en contra
del general Efraín Ríos Montt y otros tres generales y un coronel, por los
delitos de genocidio y violaciones al derecho internacional humanitario. La
querella fue presentada por los representantes de dicha Asociación y los
abogados del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH),
quienes los asesoran.

La Asociación Justicia para la Reconciliación se constituyó en los meses
finales de 1999 y los primeros de 2000, con el apoyo y la asesoría de CALDH.
Con la participación de las primeras cuatro comunidades indígenas dispuestas
a querellarse, la Asociación presentó ante el MP, en mayo de 2000, una
denuncia penal en contra de los generales Romeo Lucas García (presidente y
comandante general del ejército), René Mendoza Palomo (ministro de la
defensa) y Benedicto Lucas García (jefe del estado mayor de la defensa).
Estos generales fueron acusados del delito de genocidio, sustentado en las
pruebas de cuatro masacres cometidas en 1980 y 1981. Un año después de
presentada, junio de 2001, la querella se encuentra aún en la Fiscalía
Especial que designó el Ministerio Público, aunque le han tomado declaración
a unas cuatro decenas de testigos propuestos por la Asociación, asesorada y
representada legalmente por CALDH.

La nueva querella, interpuesta el 6 de junio, está respaldada ya por once
comunidades indígenas agrupadas en la Asociación y se sustenta en las pruebas
de once masacres cometidas en 1982 y 1983, durante el gobierno de Ríos Montt.
Esas matanzas colectivas cometidas por el ejército, dejaron un saldo de más
de 1200 personas muertas, con un alto porcentaje de mujeres, ancianos, niños
y mujeres embarazadas. Se incluyen también múltiples casos de torturas y
desaparición forzada. La querella por los delitos de genocidio y violaciones
al derecho internacional humanitario, está enderezada en contra del general
Efraín Ríos Montt y los otros dos integrantes de la inicial junta de
gobierno, el general Horacio Maldonado Shaad y el coronel Francisco Gordillo;
así mismo en contra del ministro de la defensa, general Oscar Humberto Mejía
Víctores y el jefe del estado mayor de la defensa, general Héctor Mario López
Fuentes, ambos integrantes del alto mando militar del gobierno de facto de
Ríos Montt. Las once comunidades Mayas, cuyos representantes se constituyen
en acusadores, pertenecen a Municipios de los Departamentos de El Quiché,
Baja Verapaz, Chimaltenango y Huehuetenango.


Crímenes contra la Humanidad

Para reforzar la presentación de la querella, CALDH hizo coincidir la fecha
con la presencia en Guatemala de la Embajadora de Derechos Humanos de la
Cancillería Holandesa, y la visita de tres miembros de Amnistía
Internacional, Tracy Ulltveit-Moe, Bárbara Bocek y Francisco Soberón, quien
además representó a la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Organizaron un acto muy concurrido, en el que aparte de más de un centenar de
miembros de las comunidades y sus representantes, participaron en la mesa los
delegados de Amnistía. También estuvimos presentes más de un centenar de
representantes de organizaciones de derechos humanos y otras agrupaciones de
la sociedad civil. Al finalizar el acto, CALDH organizó una caminata que
culminó con un plantón frente a las oficinas del MP, donde se pedía una
acción pronta de la justicia. La prensa cubrió ampliamente los eventos y la
noticia mereció al día siguiente la primera plana de todos los periódicos.

Los abogados de CALDH, encabezados por el inglés Paul Seils, explicaron que
decidieron presentar la querella en estos momentos para salirle al paso al
argumento de que esos crímenes prescriben después de transcurridos 20 años.
Eso dice la Constitución y el Código Procesal Penal y el Estado de Guatemala
no ha ratificado el Convenio Internacional sobre la Imprescriptibilidad de
los Crímenes contra la Humanidad. Dijeron también que si dentro de un año no
ha concluido la fase de investigación y si el juicio no está listo para
entrar a la fase de debate oral, tiempo suficiente para ello, están
dispuestos a acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
denunciar al Estado de Guatemala por denegación de justicia. Indicaron que
han asesorado a las comunidades para no aceptar ningún tipo de arreglo
amistoso, con los que solamente se encubre la impunidad, y que desde el
principio buscarán llegar a la Corte Interamericana.

La presencia de varios representantes de la Fundación Rigoberta Menchú Tum
permitió hacer patente nuestro respaldo a las comunidades y a CALDH en la
presentación de esta querella. En varias entrevistas con la prensa, en el
acto y durante la marcha, salimos al paso a la pretensión de algunas personas
de contraponer estos procesos judiciales abiertos en Guatemala, en base a la
legislación interna, a los juicios iniciados en otros países amparados en la
Jurisdicción Universal. Nos solidarizamos públicamente con las comunidades
indígenas querellantes, que con valentía están ejerciendo su derecho a la
verdad y la justicia y de esa manera luchan contra la impunidad. Hicimos ver
que lejos de contraponerse, las iniciativas de búsqueda de justicia, dentro y
fuera de Guatemala, se complementan y potencian entre sí. Para los medios
más interesados explicamos la relación "concurrente" y no "subsidiaria" que
hay entre los procesos judiciales basados en la legislación interna de un
país, y los juicios respaldados en la Jurisdicción Universal abiertos en
cualquier país extranjero que reconozca esa doctrina. Insistimos en que los
mismos acusados pueden estar siendo procesados por los mismos delitos,
siempre y cuando no hayan sido enjuiciados, sentenciados y estén cumpliendo
su pena o hayan sido indultados de conformidad con la ley.

Por su parte Frank Larrué, director de CALDH, respondió en el mismo sentido a
las preguntas de los periodistas. Habló explícitamente del carácter
complementario de las iniciativas judiciales dentro y fuera de Guatemala y
del respaldo de CALDH al juicio iniciado por Rigoberta en España y del
respaldo de Rigoberta a las querellas presentadas por las comunidades en
Guatemala. Previamente, en su intervención en el acto público y en la rueda
de prensa, Tracy Ulltveit-Moe de Amnistía había hablado ampliamente de la
complementariedad y del papel que la Justicia Universal juega como estímulo
al correcto funcionamiento de los sistemas judiciales internos. Ejemplificó
con el caso Pinochet en Chile.


Complementaridad de los procesos

A pesar del impacto noticioso del caso Gerardi, la querella de CALDH continúa
ocupando importantes espacios en la prensa escrita y radial. Se puede
afirmar que salvo la televisión y algunas radios que forman parte del
monopolio de Ángel González, los medios han acogido con gran simpatía la
presentación de la querella contra Ríos Montt. Más que nunca se habla ahora
de genocidio, se explica en qué consiste ese delito de lesa humanidad y se
insiste en cifras y datos sobre la magnitud de las matanzas. Ninguno de esos
medios pone en duda que los crímenes se cometieron, ni las cifras que
contienen los Informes REMHI y CEH. Lo que reflejan es escepticismo sobre
las posibilidades de avance del juicio y hablan de la fortaleza del sistema
de impunidad.

El abogado de CALDH, Paul Seils, ha declarado a la prensa que existe la
posibilidad de que esta demanda sea conexada con la que ellos mismos
presentaron el año pasado contra los generales Romeo Lucas, René Mendoza y
Benedicto Lucas. Explica que muchas de las investigaciones que hay que
realizar son comunes a ambas querellas. Rápidamente se han comenzado a ver
los primeros síntomas sobre lo incierto y dificultoso que resultará este
caso. Cuando aún se esperaba que le fuera asignado un fiscal, la querella
ingresó de oficio a la sección de gestión penal de la Corte Suprema de
Justicia y fue remitida al juzgado que preside el juez Ottoniel López. Dicho
juez se excusó inmediatamente de conocer, argumentando que el tribunal a su
cargo no existía cuando se cometieron los delitos. La querella fue enviada
entonces al juzgado Segundo de Primera Instancia, donde el martes 12 de
junio, el juez Marco Antonio Posadas Pichillá ordenó al Ministerio Público
investigar la denuncia.

Un hecho de suma gravedad es que la representante de Amnistía Internacional
que participó en todos los actos de presentación de la querella, Bárbara
Bocek sufrió un ataque la noche del lunes 11. Hombres armados allanaron la
habitación del hotel "Camino Real" donde se hospedaba, la golpearon,
maniataron y probablemente drogaron. Hay fuertes indicios de que tenían el
propósito de secuestrarla, pero probablemente desistieron ante la
imposibilidad de burlar a la seguridad del hotel. La abandonaron, maniatada
y amordazada al final de unas escaleras, junto a una puerta que no pudieron
abrir. Amnistía le dio prioridad a la salida de Bárbara de Guatemala, antes
de realizar las denuncias que este grave caso amerita. Las autoridades
guatemaltecas niegan el hecho y acusan a la víctima y a Amnistía
Internacional de fingir el atentado mediante un montaje.

Una primera conclusión sobre este tema es remarcar la importancia de no
permitir que, en la lucha por la justicia y contra la impunidad, se
contrapongan las iniciativas internas a los esfuerzos basados en la
Jurisdicción Universal. Si insistimos en explicar la naturaleza
complementaria de los procesos, podemos lograrlo. Profundizar y al mismo
tiempo simplificar la argumentación sobre el carácter "concurrente" y no
"subsidiario" de la Justicia Universal, es igualmente importante y necesario.
Dada la realidad que se vive en Guatemala, son casi nulas las posibilidades
de que, en el corto y mediano plazo, puedan avanzar y fructificar los
procesos penales contra los genocidas. El poder de los militares, basado en
la impunidad, es todavía demasiado grande. Ello incrementa la importancia de
los juicios en otros países. Sin embargo, no podemos regatear en absoluto el
derecho de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas a buscar la
verdad y la justicia dentro del sistema judicial guatemalteco. Tampoco
podemos dejar de proclamar que el fin último de toda esta lucha, es lograr
que algún día prevalezca en Guatemala la Democracia y el Estado de Derecho y
el sistema de justicia sea igual, eficiente y efectivo para todos.
Gustavo Meoño, Fundación Rigoberta Menchú Tum