Tres nuevos escándalos que alcanzan irremisiblemente al agonizante Gobierno de Vicente Fox Quesada y que sobre todo complican aún más la solución postelectoral, es decir la sucesión presidencial, conmueven y abochornan a la opinión pública nacional con sus graves repercusiones en el extranjero. La difusión de la colega periodista Carmen Aristegui, en su noticiario matutino, de un nuevo video del empresario Carlos Ahumada Kurtz, detenido y en proceso, en el cual el indiciado confiesa que planeó con los entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda y procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha; con el líder senatorial panista, Diego Fernández de Cevallos; con el ex presidente, Carlos Salinas de Gortari, e implica directamente al presidente, Vicente Fox Quesada, dar a conocer los videoescándalos de funcionarios del gobierno perredista del Distrito Federal con el propósito específico de frenar el paso de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. La detención en territorio mexicano llevada al cabo por agentes de la DEA, por sus siglas en ingles Agencia Antinarcóticos Estadounidense, del visible jefe del cártel de Tijuana, Javier Arellano Félix, alias el Tigrillo, en franca violación de nuestra soberanía nacional. Y las gravísimas y desorbitadas declaraciones, nada menos que del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mariano Azuela Güitrón, consistentes en nulificar en forma unipersonal el artículo 97 Constitucional que faculta al máximo tribunal para conocer del controversial proceso electoral y en esa forma rehuir la responsabilidad en torno al diferendo comicial que trae crispada a la nación. Muy de mañana, sin advertir las futuras y ya expresadas envidias de algunos colegas, Carmen Aristegui, quien se maneja con soberbia libertad en su noticiario dio a conocer un video en el que confiesa Carlos Ahumada que se prestó a la planeación de la difusión de los videoescándalos para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, esto a cambio de protección por un fraude millonario que cometió contra el erario público Son de recordarse los videos de René Bejarano forzando las bolsas de sus ropas con billetes que ya no cabían en los maletines, a Gustavo Ponce en pleno disfrute de las mesas de juego de Las Vegas o las negociaciones ilícitas con Carlos Ímaz. Todo grabado, confiesa Ahumada Kurtz, para sacar de la jugada sucesoria presidencial al ex jefe de gobierno capitalino a cambio de protección personal ante la acusación de un fraude millonario en su contra. Pues es el caso que no fue detenido en aguas internacionales el menor de los hermanos de los Arellano Félix y seis de sus subordinados por agentes policíacos estadounidenses, eso sí con toda la ayuda necesaria de agentes de Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, de la Procuraduría General de la República comandados por el controversial Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Santiago Vasconcelos, sino en tierra firme, dentro de los municipios de Mulege y Loreto, según informó el secretario de Seguridad Pública de Baja California Sur, Adán Enrique Ruffo Velarde, quien denuncio que los agentes estadounidenses incursionaron sorpresiva y clandestinamente en la entidad en violación flagrante de nuestra soberanía nacional. Cosa esta que no es nueva en el trascurso de la actual administración. Por último el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ínclito, Mariano Azuela Güitrón, a título personal y sin el menor respeto a sus colegas del máximo tribunal se atrevió a descalificar el artículo 97 de nuestra Constitución Política, en una arrogante maniobra para desligarse de conocer el grave diferendo electoral presidencial que tiene crispado al pueblo de México. Don Mariano, en desconocimiento de sus anteriores declaraciones de que la tremenda corte, perdón la suprema, otra vez perdón, la Suprema Corte sí está facultada constitucionalmente para investigar la elección, ahora en otra universidad privada de los Legionarios de Cristo, la Anáhuac, se atrevió, ante un auditorio ad hoc, que dicho mandamiento es “anacrónico, obsoleto, está redactado con los pies y no sirve para nada”. El insulto es para el Constituyente Permanente como institución, con lo que queda comprobado que quien no respeta nuestras leyes ni a nuestras instituciones es el propio presidente del máximo tribunal de la nación. Mientras prepara la Coalición por el Bien de Todos las denuncias penales y administrativas correspondientes, indudablemente que los anteriores tres nuevos escándalos conmueven y abochornan a la opinión pública nacional, tendrán repercusiones en el exterior, alcanzan irremisiblemente al agonizante Gobierno de Vicente Fox Quesada y sobre todo complican aún más la solución electoral presidencial. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP. Correo-e: teodoro@libertas.com.mx