Los acontecimientos en el estado de Oaxaca, sumido en el peor caos de su historia, y que por ende al menor quiebre de un equilibrio apenas imaginario lo puede conducir a la ingobernabilidad, se presenta como un preludio indeseable de lo que pudiera acontecer en el ámbito nacional si no se toman las decisiones que amerita el momento para sobre la base del necesario dialogo y las imprescindibles negociaciones se encuentre el camino de avenimiento que conduzca a la paz pública para alcanzar el necesario desarrollo el social. Son ya dos muertos los que ha cobrado la anarquía imperante en la tierra de los zapotecos y mixtecos, además de otros cientos de acontecimientos, como los amagos y agresiones a periodistas y a sus medios, hechos, sobre todo los trágicos, que pensábamos vendrían a obligar, por mínima congruencia gubernamental, a buscar los canales para frenar y solucionar el caos imperante. Nada de eso ocurre. Los actores políticos, principalmente por parte de los gobiernos federal y estatal empeoran y radicalizan sus posiciones. Como si fuera un simple juego de ping pong se pasan la bolita, se lanzan acusaciones mutuas sin tomar en cuenta que están a punto de provocar una guerra intestina de repercusiones nacionales. Primero fue muerto por disparos de arma de fuego un obrero quien acompañaba a su esposa, una maestra, en una de las múltiples marchas del magisterio local; la más reciente víctima trágica fue un miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APPO, encargado de custodiar las instalaciones de la radiodifusora La Ley quien también fue muerto a consecuencia de varios disparos. Al igual que en el anterior caso, se señaló que los atacantes fueron policías, en este precisamente elementos de la Judicial del Estado, quienes con armas de grueso calibre atacaron el campamento instalado por integrantes de la APPO afuera de dichas instalaciones radiofónicas. Cabe hacer notar que ese mismo grupo de esbirros al servicio de algunas autoridades fue, según se dijo, el que disparó contra un grupo de fotógrafos, en las inmediaciones del Instituto Estatal Electoral, sin que, afortunadamente, ninguno resultara herido. Para el gobernador Ulises Ruiz tal parece que la única forma de solución es la fuerza de las armas. Se ha comprobado que grupos de 300 elementos policíacos realizan rondines por el centro de la ciudad, para amedrentar a los manifestantes, y de acuerdo a un plan preconcebido disparan sus armas por intervalos de 10 minutos. Es verdaderamente sorprendente que el Gobierno Federal, en lugar de urgir al desgobernador de Oaxaca a que asuma su responsabilidad, llama sólo al magisterio local a encontrar una salida política, sin tomar en cuenta que son demasiados ya los actores políticos inmiscuidos en el conflicto social. A tal grado se ha llegado en la degradación gubernamental, que para algunos las acciones de la APPO hacen suponer la existencia de una "guerrilla urbana". En efecto, la procuradora general de justicia del estado, Lizbeth Caña, consideró que las características de las acciones emprendidas por la APPO hacen suponer que son producto "de la guerrilla urbana" y por ello la dependencia a su cargo mantiene una línea de investigación en ese sentido. En conferencia de prensa la funcionaria se refirió en particular al envío de mensajes subversivos, bloqueos carreteros, tomas de edificios y divulgación de rumores para influir en el ánimo de la gente y generar una situación de terror. En un análisis sereno, nosotros consideramos que esta es una salida de la procuradora para desvirtuar el caos y la inminente ingobernabilidad en la que esta sumido el estado de Oaxaca, por lo que no se vislumbra otra solución más que la inmediata renuncia del desgobernador Ulises Ruiz, y sino al tiempo. - Teodoro Rentería Arróyave es periodista y escritor, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP. Correo-e: teodoro@libertas.com.mx