Muchos ciudadanos culpan a los medios de información por los escándalos de los políticos. Pero el pecado en todo caso es de los políticos que han hecho de la política un espectáculo, un auténtico show; y algunos medios, sobre todo los electrónicos, están felices porque elevan su raiting. Ahora todo político en México sabe que un video acompañado de su difusión en un programa de alta audiencia puede modificar el rumbo de las cosas y hasta la aplicación de la ley. Una grabación o un video bien manejado lleva a que los acusados de ayer pasen a ser acusadores hoy; presuntos delincuentes pasan a convertirse en Hermanas de la Caridad (con respeto para ellas) e, incluso, casi hay que pedirles perdón por haberlos ofendido. Hay que subrayarlo. Los medios tienen la obligación profesional de revelar una noticia siempre y cuando sea del interés público. Sólo en ese caso se justifica. Si no es así, entonces estamos ante el morbo y la propaganda, en este caso política. La mañana del viernes 18 de agosto la periodista Carmen Aristegui difundió en su noticiero radiofónico un video, en el cual el empresario Carlos Ahumada involucra a ex funcionarios de la Administración del Presidente Fox en un presunto complot contra AMLO. Incluye al ex secretario de Gobernación, Santiago Creel y al exprocurador Rafael Macedo de la Concha. Ahumada relata la forma en que, mediante el abogado Juan Collado, entró en contacto con Diego Fernández de Cevallos en cuya casa, aseguró, firmó la denuncia de extorsión contra el Gobierno del Distrito Federal. Y pues como era de esperarse, el video tenía una intencionalidad política, a pocos días de la resolución por el TEPJF, de las elecciones más competidas de la historia de México. Y curiosamente, a pocos minutos de que fue difundido el video por Carmen, los dirigentes de la Coalición por el Bien de Todos estaban en noticieros hablando del tema, y como era de esperarse, días después lo llevaron a los magistrados del TEPJF como "prueba" del fraude del 2 de julio. Considero que el video no tuvo el impacto deseado. Carmen fue seleccionada para difundirlo y ella misma lo reconoce, pero los justifica y dice que decidió jugársela por “el valor periodístico” encontrado. Y quizás tenga razón. La información es verídica aunque puede ser un montaje preparado bajo presión. Quizás yo, en el caso de Carmen, no lo hubiera difundido debido a que desde mi particular óptica el video no decía nada nuevo. Lo de Ahumada es un asunto añejo. Sabemos la existencia de esa —y otras muchas— grabaciones de La Habana. Incluso fueron admitidas por el propio ministro de Relaciones Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, durante una conferencia de prensa ofrecida por él hace varios meses. Además, el canciller Luis Ernesto Derbez aseguró que el video vino de Cuba, aunque, matiza, no necesariamente del gobierno de Fidel Castro. Y pues este video es una raya más al tigre. ¡Total! Seguramente vendrán muchísimos más. Falta un buen debate sobre el qué hacer, porque la ética ha quedado muchas veces rezagada. Y de ahí que varias ciudadanos culpan a los medios por los escándalos de los políticos. Pero ¿qué pasa cuando los ciudadanos somos los actores y se nos graban e intervienen nuestras comunicaciones sin nuestro consentimiento? ¿Donde queda el derecho a la privacidad? Y es que cualquiera puede ser y es grabado. Y pudiéramos decir, en el caso de los políticos, “pues total allá ellos”. Pero ¡no! Parafraseando a Bertold Bretch podemos decir que ahora son los políticos y mañana seremos nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes. Es realmente grave la existencia de cuerpos de espionaje fuera de la ley. Ya que ponen en riesgo la transición política y amenazan con vulnerar la intimidad del individuo, la seguridad pública y la seguridad nacional. Los motivos para dedicarse al espionaje son ilimitados, pero en los casos que estamos viendo, son fundamentalmente por la ambición de poder. Además los espías de hoy no son como los de antes. El desarrollo tecnológico —incluyendo la biométrica— y la necesidad de poco dinero, permite que sea un asunto de niños. Cualquiera puede tener equipo sofisticado para hacerlo. Y claro, la intervención telefónica la hace también el Gobierno Federal a través de varias instituciones como la PGR, siempre y cuando se justifique en el caso de delincuencia organizada. Y también es permisible esta intervención cuando hay autorización del Poder Judicial, reglamentada por la Ley de Seguridad Nacional. Además, existen diez Estados con facultades legales y por tanto infraestructura para intervenir comunicaciones privadas, ellos son: Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Nuevo León y Veracruz. Y hasta donde he investigado, no hay en este momento ninguna persona detenida por esos motivos. Las denuncias penales parecen dormir el sueño de los justos. ¡Lástima! Por ejemplo ¿dónde están las investigaciones de las grabaciones que se dieron a conocer el pasado 8 de julio en el Zócalo? Son grabaciones de intervenciones telefónicas entre la profesora Elba Esther Gordillo, el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, y el Secretario de Comunicaciones y Trasportes, Pedro Cerisola. El senador del PRD, Jesús Ortega, se deslindó: "Bueno, pues ya se reconoció que nosotros solamente (las) dimos a conocer... y por supuesto, yo no voy asumir ninguna responsabilidad”. ¡Eso dijo! “Yo no voy asumir ninguna responsabilidad!”. Increíble que esto lo diga un senador de la República y acepte, de hecho, que no hay delito, sino al contrario, que el TEPJF debe tomar en cuenta las grabaciones debido a que es ilegal su participación. Además, lo más grave de ese asunto es que ni siquiera hubo una condena institucional. ¡Parece que la política lo justifica todo! El vocero de los Pinos, Rubén Aguilar, dijo en una conferencia mañanera que la Presidencia no tiene ningún punto de vista y que los implicados en esas llamadas ya hicieron comentarios a la opinión pública. ¡Caramba! Y bueno. Si hubiera culpables saldrían fácilmente bajo fianza. Desafortunadamente la legislación que nos rige es flexible para este tipo de delitos. El pasado 17 de agosto, una jueza federal de EE UU, Anna Diggs Taylos, ordenó interrumpir de forma inmediata las intervenciones telefónicas y de control de correos electrónicos sin autorización judicial, que el Gobierno de aquel país puso en marcha en su plan antiterrorista después del 11-S, a través de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La magistrada federal de Detroit determinó que el programa era inconstitucional porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos. El fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de EE UU contra el controvertido programa. La polémica en torno a este asunto fue desvelada por el periódico The New York Times a finales del 2005, cuando reveló cómo el gobierno, con la ayuda de compañías telefónicas, había empezado a intervenir llamadas, así como correos electrónicos, sin una orden judicial de por medio. Y el tema cobró mayor dimensión el pasado 11 de mayo en el diario USA TODAY. Las reacciones de la decisión de la Jueza vinieron del procurador de EE UU, Alberto Gonzalez, quien anunció que el gobierno apelará el fallo judicial: “Vamos a hacer todo lo que podamos en las cortes, para permitir que este programa continúe”. Gonzalez manifestó que se confía en la legitimidad del programa de escuchas telefónicas, por lo cual se apelará a la orden de la jueza. ¿Y en México quien nos defiende? ¿Dónde está el Juez o Jueza Diggs Taylor? - Fred Álvarez es analista político y comentarista en varios programas en medios electrónicos