"Inmigrantes sin garantías", "EE.UU. endurece reglas", "Redadas en busca de ilegales", "Cierran fábricas y apresan inmigrantes", "Difícil año para los inmigrantes latinos", son algunos titulares de periódicos latinoamericanos que hablan de por si de la dramática situación que están viviendo los inmigrantes en Estados Unidos.

Una mezcla de temor, desinformación e incertidumbre viven los cinco millones de inmigrantes indocumentados, que esperando encontrar el paraíso abandonaron sus países de origen y hoy afrontan el infierno de la persecución y la deportación, una vez que han entrado en vigencia las duras disposiciones legales anti-inmigratorias aprobadas por el Congreso y las autoridades de Estados Unidos.

La cacería humana ha comenzado. El Servicio de Naturalización e Inmigración (SIN), mas conocido como la "migra", se ha dedicado a allanar fábricas, a apresar indocumentados y a ponerlos sin más ni más en la frontera con México. Antes, los operativos de la "migra" se limitaban a los estados de Arizona y California; ahora, como una advertencia de que ningún inmigrante debe estar tranquilo, ha extendido sus acciones represivas a otros estados de la Unión. En esta línea, la "migra", en este año, ha efectuado 20 allanamientos de centros de trabajo en los estados de Iowa y Nebraska, deportando a 2400 personas, incluidos menores de edad.

Se castiga la pobreza

"Tanto tienes, tanto vales", parece ser el lema que están aplicando las autoridades. El 6 de noviembre, el SIN hizo una redada en Manhattan. Los agentes detuvieron a 28 trabajadores sospechosos de estar en los Estados Unidos sin sus documentos correspondientes, y los llevaron a un centro de detención en New Jersey. 21 fueron liberados al día siguiente tras pagar una garantía de 7000 dólares y demostrar que son el único sostén económico para sus mujeres y niños. Los otros siete trabajadores continuaron detenidos por no tener la garantía, enfrentando el riesgo de una inmediata deportación. Las violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes están a la orden del día, especialmente en el momento de su deportación.

Un monitoreo realizado en la frontera mexicano-estadounidense del 1ro. al 23 de abril de este año, por el "Frente Amplio Pro-Defensa del Migrante", una entidad pluralista surgida en 1994, registró un promedio de 2500 deportaciones diarias solo por las ciudades fronterizas de Baja California. Muchas de las deportaciones se realizan en horarios nocturnos de alto riesgo, afectando sobre todo a mujeres y niños. Con frecuencia, los deportados no saben en qué ciudades se encuentran, no cuentan con recursos económicos, ni tienen posibilidad de encontrar hospedaje, transporte ni ayuda. De cincuenta testimonios de hombres, mujeres y niños, recogidos por el "Frente Amplio" en la frontera, se deduce que no siempre se les proporciona información sobre sus derechos, ni se les permite hablar por teléfono. Se les priva de sus familias, propiedades y dinero, firman su salida voluntaria bajo amenaza y no tienen auxilio de un traductor. Algunos son trasladados en condiciones inhumanas: esposados, con grilletes, amontonados y sin higiene. Muchos sufren maltratos físicos y verbales y la destrucción de sus documentos de identificación.

 

Foto: La Jornada

Las murallas no han caído

El endurecimiento de las políticas anti-migratorias de Estados Unidos forman parte de un fenómeno más amplio relacionado con la internacionalización de la economía, también llamada globalización, y con el ahondamiento de la brecha Norte Sur. Primero fue la Comunidad Europea la que impuso severas medidas para tratar de frenar las oleadas de africanos, asiáticos y latinoamericanos. Ahora son los Estados Unidos. Y en los dos casos, hay grandes coincidencias, pues se inspiran en una ideología descalificadora, racista y excluyente, que persigue a los inmigrantes por sus razgos físicos, el color de su piel o la cantidad de dinero que lleven en sus bolsillos.

En ambos casos los inmigrantes son tomados como "chivos expiatorios" de los conflictos y problemas que aquejan a los países ricos, que no solo tienen que ver con los crecientes déficits fiscales sino que abarcan otros como la drogadicción masiva, el aumento de la criminalidad y el terrorismo de derecha, el desempleo y la pobreza (en los países desarrollados hay 100 millones de pobres y 37 millones de desocupados, según el informe de 1997 del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, PNUD).

Caído el Muro de Berlín que pretendía separar el socialismo con el capitalismo, en Europa se erigió una nueva barrera imaginaria para dividir al opuleto Norte con el escuálido Sur. A Estados Unidos, por su lado, le ha correspondido el dudoso honor de levantar, en la frontera con México, una nueva muralla para impedir el paso de los pobres provenientes del Caribe, Centro y Sur América. Ese muro está cobrando más víctimas que el Muro de Berlín, y hoy se lo conoce como el "paso de la muerte". Hasta septiembre de este año, se habían registrado 54 muertos, según datos del Frente Amplio de Defensa del Migrante. Eso supone un aumento del 40% con respecto a 1996.

Desorden mundial excluyente

En las décadas del 70 y el 80, las razones para inmigrar a Estados Unidos y otros países tenía que ver con motivaciones de tipo político: persecución de las dictaduras militares, guerras, violencia. En la década del 90, predominan las causas de orden económico y social: el incremento demográfico, la pobreza, el desempleo, la exclusión, el deterioro de los salarios, la falta de tierra para cultivar.

Y es que el esquema globalizador trae desórdenes económicos y sociales que alientan las corrientes migratorias. La profundización de las desigualdades entre el Norte y el Sur, y la concentración de la riqueza en el Sur; la depredación de la naturaleza (los países del Sur sobreexplotan sus recursos naturales para poder cumplir con las obligaciones de la deuda externa); la imposición de políticas de ajuste por parte de los organismos financieros controlados por el Norte; la transnacionalización de las economías y el abandono del modelo de industrialización; la acelerada tecnificación; el achicamiento de los estados y el abandono de las políticas sociales han agudizado la situación social y económica de América Latina, convirtiéndola en expulsora de fuerza de trabajo.

Grandes contingentes humanos se ven privados de medios para reproducir la vida, viéndose obligados a emigrar del campo a la ciudad, de un país a otro, e incluso de un continente a otro. Cruzar las fronteras nacionales, constituye una de las estrategias de sobrevivencia no solo para los pobres sino para los profesionales que no encuentran oportunidades de trabajo en los países que han invertido en su formación. La existencia de redes familiares y sociales entre países expulsores y receptores, es un factor que facilita y alienta la emigraciones.

Cerrar la frontera

La cruzada anti-inmigrante se inició en la administración Reagan, pero se ha agudizado en la de Clinton. Promovida por los republicanos duros ha sido avalada y llevada a la práctica por los demócratas. Con la aprobación en 1994 de la Ley 187 en California, impulsada por el gobernador del estado Pete Wilson, se negaron los servicios de asistencia social, así como la salud y la educación a los inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, se puso en marcha la operación "Guardián" para reforzar el control fronterizo, utilizando las más sofisticadas tecnologías.

Estas medidas alarmaron a las comunidades "hispanas", las que se movilizaron sin lograr alterar la tendencia oficial de endurecer las condiciones para los inmigrantes. El 30 de septiembre de 1996 fue aprobada la Ley IIRAIRA (The ilegal Inmigration Reform and Immigrant Responsability Act of 1996), parte de la cual entró en vigencia inmediatamente y otra a partir del primero de abril de 1997. Con esta ley se imponía un plazo de 6 meses para que todo aquel que quiera permanecer en este país, legalice su situación. Este plazo que debía cumplirse el 30 de septiembre fue prorrogado por el Congreso, primero hasta el 21 y luego hasta el 7 de noviembre.

Ley inhumana

Los objetivos de la Ley IIRAIRA son claros. Se trata de restringir y desalentar la inmigración legal e ilegal, reforzar el control fronterizo y criminalizar la inmigración ilegal. "Creemos que esta es una ley inhumana, con carácter esencialmente político, que mira y trata a los migrantes como criminales y como chivos expiatorios de la sociedad, con el riesgo inmenso de fomentar todavía más la mentalidad xenofóbica y racista en contra de toda persona distinta", señala la Comisión Católica Internacional de Migración, en su boletín "Migraciones América Latina".

"A partir de nuestra tradición judeo cristiana y con fundamento en la Declaración Universal de Derechos Humanos creemos y reafirmamos que nadie es ilegal en cualquier lugar que viva y que emigrar no es delito, delito es lo que causa la migración", agrega. Con las leyes anti-inmigratorias se cierran las posibilidades de trabajo para los inmigrantes al endurecer las penas para quienes los contraten. Con la Ley IIRAIRA se niega la asistencia social y educación para los hijos de los inmigrantes. Se refuerza a la Policía fronteriza, duplicando sus efectivos hasta el año 2001 y se incorpora 300 nuevos inspectores por año para investigar los casos de inmigración ilegal. Cuando a los extranjeros se les haya expirado sus visas en Estados Unidos, deberán regresar a sus países de origen para solicitar otra. En caso de permanecer ilegalmente en EE.UU. de seis meses a un año, se les prohibirá regresar por un período de tres a 10 años. Y se vuelven antes del plazo fijado, serán excluidos de por vida.

A esto se suman otras regulaciones de las leyes de Inmigración y Servicio Social que entrarán en vigencia el próximo 19 de diciembre. Estas se refieren en particular al reagrupamiento familiar y afectarán sobre todo a los latinoamericanos y mexicanos que ingresan cada año a Estados Unidos. Los inmigrantes deberán contar con un "padrino" residente en el país del norte, el que deberá tener un ingreso de 20.062 dólares, justificar tres años de ingresos sujetos a impuestos y aceptar la responsabilidad financiera del inmigrante hasta que el mismo haya demostrado haber trabajado durante 10 años y haberse convertido en ciudadano de Estados Unidos. Si un inmigrante recibe por error ayuda social, será expulsado y se reclamará a su padrino el dinero que recibió por equivocación.

En California, ahora se promueve la supresión de la educación bilingüe que ha estado vigente desde hace varios años. En este sentido, el millonario republicano Ron Unz, bajo el lema "Una nación, una California", impulsa, para junio de 1998, una consulta para que todos los niños en las escuelas de California reciban sus clases solo en inglés. Los niños que no hablen este idioma, deberán tomar un año de aprendizaje, el cual no sería opcional sino obligatorio.

En los niveles más bajos

Es difícil calcular el número de indocumentados, pero el SIN estima que son 5 millones de los cuales más del 50% son mexicanos, aunque encontramos a salvadoreños, guatemaltecos, canadienses, haitianos, filipinos, hondureños, polacos, nicaragüenses, colombianos, ecuatorianos. Se ubican en California, Texas, Nueva York, Florida, Ilinois, Nueva Jersey. En 1996, la población de origen hispano en Estados Unidos era de alrededor de 27´856.000 personas, lo que representa el 10.5% del total de la población del país, según estimaciones de US Census Bureau, citadas por la revista peruana Que Hacer(# 108). Se calcula que para el año 2000 llegarán a 31´366.000 personas, representando el 11.4 % de la población. Dentro de la escala social y económica, los "hispanos" ocupan los niveles más bajos.

El 27.3% de las familias hispanas están por debajo del nivel de pobreza, en circunstancias en que el promedio nacional de la pobreza es de 10.8%. Las diferencias en cuanto a los niveles educativos también son notables: mientras el 80% de los no hispanos consigue graduarse en secundaria, el 50% no lo consigue. En el nivel superior esta situación se agrava pues el 73% no ha asistido nunca al college y solo el 6.2 % ha obtenido el bachillerato.

Foto: wapa.tv

 

Así viven

Los trabajadores indocumentados reciben salarios más bajos que los normales, cumplen las labores más pesadas y peligrosos para la salud y carecen de seguridad social y las prestaciones que tienen los demás trabajadores. Por lo general, asumen los trabajos que los anglosajones rechazan, encontrándolos como: meseros, cocineros, lavaplatos, empleadas domésticas, cultivadores, obreros de la construcción, empleados de frigoríficos, fábricas textiles, fundidoras de metales.

Se alimentan mal, cumplen largas y extenuantes jornadas y generalmente comparten el alojamiento en las "camas calientes", llamadas así porque unos se acuestan y otros se levantan. Asumen estas privaciones para ahorrar, pagar los costos del viaje a Estados Unidos y enviar los excedentes a sus familiares en sus países de origen.

Debido a la represión, se les hace muy difícil organizarse. "El acoso del SIN, con redadas en lugares del trabajo, excesivas garantías y multas, hace que los indocumentados sean fáciles de explotar: tienen miedo a la deportación, son los que menos se quejan, convirtiéndose en víctimas de violaciones como no pago de sobretiempo, no pago del salario mínimo vital, condiciones de trabajo inseguras, y trabajo infantil", según señala la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes "Muchos de los contratistas de la industria de la costura no saben que ellos pueden impedir que el SIN haga una redada con tres días de aviso; muchas veces los mismos contratistas son los que llaman al SIN, para evitar pagar a trabajadores sus salarios, o destruir campañas organizativas", agrega la Coalición.

El aporte de los inmigrantes

La contribución de los inmigrantes, legales o ilegales, a la economía estadounidense es significativa pues aportan 10 billones de dólares al año.

El trabajo de los inmigrantes hace más saludable la economía de los estadounidenses, pues se trata de una fuerza laboral permanente con bajos salarios. Ello ayuda a mantener bajos los precios de los servicios y de numerosos productos, lo que repercute a su vez para que la inflación no suba y los ciudadanos tengan un mayor poder adquisitivo.

Para muchos países, las remesas económicas que envían los inmigrantes a sus respectivos países constituyen una de las principales fuentes de divisas. Así por ejemplo para El Salvador, Nicaragua, Honduras constituye la primera fuente de ingresos; para Guatemala y República Dominicana, la segunda y para México, la cuarta.

Unos 3 millones de centroamericanos que viven en EE.UU. envían anualmente a sus familias 2 billones de dólares, lo que representa el 10% del PIB de la región.

Ningún ser humano es ilegal

Los inmigrantes indocumentados son trabajadores que con su esfuerzo diario aportan a la prosperidad del país, pero son considerados como parias y tratados como delincuentes.

Por ello, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, expresa: "Todos los trabajadores merecen los derechos humanos básicos, incluyendo el derecho a trabajar para sobrevivir, vivir libres de todo acoso, el derecho a una representación legal, sin importar su estatus migratorio". Con huelgas de hambre, manifestaciones, demandas judiciales y petitorios han respondido los "hispanos" en Estados Unidos. Pero los "abusos van a continuar, si los trabajadores inmigrantes y otra gente consciente no empiezan a luchar por lo que es justo", dice Bertha Wilson, del Sindicato de Trabajadores de Costura, Textiles e Industrias Afines (UNITE) de Nueva York. El problema de los inmigrantes ha pasado a convertirse en un asunto de la agenda internacional.

México y los gobiernos centroamericanos, cada uno por su lado, tratan de lograr acuerdos con Estados Unidos para proteger los derechos de sus ciudadanos. Estados Unidos, por su lado, ha logrado ensanchar el cerco contra los inmigrantes, involucrándo a éstos en sus políticas de control y represión.

Está pendiente, por otro lado la ratificación de la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares", que fue aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1990. Para que entre en vigor, 20 Estados deben ratificarla.

Hasta 1995, solo seis la habían ratificado (Colombia, Egipto, Filipinas, Marruecos, Seychelles y Uganda) y tres la habían firmado (Chile, México y Mónaco). La solución definitiva para la inmigración radica en eliminar las causas de la misma en los países expulsores y en alcanzar relaciones justas entre el Norte y el Sur. Cuando los gobiernos latinoamericanos orienten sus políticas a superar la pobreza y el desempleo, seguramente estarán dando un gran paso para impedir el éxodo, la humillación y la persecución de sus ciudadanos.

Publicado en el Servicio Informativo # 263, ALAI, 26-11-1997, Quito