Han pasado más de dieciséis años desde el fin de la dictadura militar. Sin embargo, los Derechos Humanos se continúan violando en Chile. No solamente se violan por la impunidad en que tantos crímenes de lesa humanidad han quedado sin lograr nunca verdad, justicia y reparación. No solamente se violan en la persona de los presos políticos mapuches que cumplen condenas injustas por “terrorismo”. A treinta y tres años del golpe militar de 1973 los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población chilena se continúan violando día a día. Hasta el golpe militar de 1973 la educación, la salud, la previsión y la vivienda -entre otros derechos- se consideraban bienes y servicios públicos; es decir, bienes a los que las personas accedían por su condición de ciudadanos/as y no como clientes o consumidores. Se entendía que el financiamiento de la canasta de bienes y servicios públicos debía provenir de la recaudación de impuestos que el Estado realizaba. Al mismo tiempo, se establecieron derechos colectivos del trabajo: sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, entre otras conquistas que permitieron la defensa de los derechos laborales. A partir del golpe militar de 1973, y bajo la influencia del programa y de la ideología neoliberal, se procedió a desconocer la existencia de los derechos sociales y económicos de la población, hasta situarlos como responsabilidad individual de las personas. Como reflejo de estas políticas, la Constitución de 1980, dejó de garantizar los derechos a la educación, a la salud, al empleo, a la justa remuneración, a la seguridad social, etc. El Art. 19 de la Constitución de 1980 en la mayoría de los casos consagra el derecho individual de "acceder libremente" al ejercicio de los derechos económicos y sociales, sin que el derecho sustantivo quede objetivamente asegurado o, al menos, consagrado. Así se comenzó a considerar los servicios públicos como mercancías, lo que ha agravado la vulnerabilidad de los sectores bajos y medios, quienes no pueden costear los servicios privatizados y sólo pueden acceder a servicios estatales degradados y desfinanciados. Al mismo tiempo el Estado fue redefinido bajo un “rol subsidiario”, que redujo sus ingresos tributarios, debido a que se rebajaron los impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, por medio de la ley sobre exenciones a la especulación financiera, que permite invertir en la Bolsa y en transacciones financieras sin tributar las utilidades que de ellas se perciba. Desde entonces la estructura tributaria chilena se caracteriza porque porcentualmente pagan más quienes tienen ingresos menores, lo cual rompe con los principios de equidad más elementales. En Chile, la distribución del ingreso es más regresiva después que antes de pagarse impuestos” . Esa situación creó las condiciones para aplicar en Chile un modelo de “crecimiento empobrecedor”. Este modelo fue descrito por el profesor Jagdish Baghwati en 1958 y se refiere a los efectos perjudiciales que suelen afectar a países ricos en recursos naturales o que logran grandes inversiones extranjeras pero que no logran generar condiciones de desarrollo endógeno. Este modelo crea las condiciones para una desigualdad crónica, ligada a efectos nefastos como la violencia delictiva y otras patologías sociales que se acumulan de forma explosiva. Paralelamente, toda la estructura política chilena fue configurada para conservar el Stau Quo, mediante un complejo sistema de cortapisas y amarres, como el sistema electoral binominal, la conformación de los distritos electorales, la fórmula de conversión de votos en escaños parlamentarios, y especialmente los altos quórum en las materias de ley de cierta trascendencia. Diversos especialistas han denunciado que el gasto social no ha mantenido los incrementos que tuvo en los primeros años de la democracia, existiendo los recursos para hacerlo. Sin embargo, debido a la ortodoxia económica del gobierno, empeñada en mantener un superávit estructural del 1% del PIB, estas utilidades no se han traducido en una mayor cobertura de las necesidades de las personas. El gasto social en relación al PIB se mantiene en torno al 17%, en circunstancias que antes de 1973 alcanzó porcentajes superiores al 30%. Con anterioridad al golpe de Estado de 1973, el gasto público en salud y educación alcanzó al 4.7% y 7.2% del PIB, respectivamente, cifras que al fin de la dictadura se habían reducido a 2.6% y 2.9% del PIB, respectivamente. Al 2000 dichas cifras se habían recuperado a 3.1% y 4.1% del PIB, respectivamente, situación que se ha mantenido relativamente estable. Por esta razón la cobertura de los servicios básicos como educación, salud, vivienda y previsión siguen dependiendo de los ingresos de las personas y no de su dignidad como ciudadanos/as. Por este motivo es posible caracterizar a la democracia chilena mediante una categoría elaborada por Franz Hinkelammert: “democracia de seguridad nacional”. Esta caracterización hace referencia a que la democracia que se re-estableció en 1990 no posee continuidad con la democracia anterior al golpe militar de 1973, sino que prolonga las principales políticas de la dictadura militar. Esta continuidad explica, entre otras cosas, la grave inequidad en la distribución del ingreso que se ha convertido en un problema crónico y que cuestiona gravemente la estructura social y política de Chile. Los derechos humanos son indivisibles, ya sean de naturaleza civil, cultural, económica, política o social. Por consiguiente, todos los derechos poseen el mismo rango y condición, y no pueden ser clasificados, a priori, en orden jerárquico. Por este motivo la Constitución de 1980 es un instrumento legal que viola sistemáticamente los Derechos Humanos de la población chilena y por lo tanto es el principal responsable del sostenimiento de un sistema político y económico ilegítimo y atentatorio a la dignidad humana. - Alvaro Ramis es teólogo y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital. Fuente: Crónica Digital (Santiago de Chile)
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