En un nuevo informe que ha dado a conocer el 7 de septiembre de 2006, Amnistía Internacional critica al gobierno de Colombia por dar “luz verde” a los ataques contra los defensores de los derechos humanos del país y pide a la comunidad internacional que apoye a los activistas locales de forma más eficaz. El informe, que incluye numerosos casos, pone de relieve las dificultades que afrontan decenas de personas y organizaciones en las ciudades y zonas remotas de Colombia que trabajan para proteger a los civiles y poner fin a la impunidad. “Los ataques contra activistas de derechos humanos en Colombia tienen un doble propósito: silenciar a las personas e impedir que otras continúen con su labor,” declaró Sofia Nordenmark, coordinadora de defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional. “Algunas personas han recibido amenazas con tanta frecuencia que ya las consideran parte de su rutina. Otras se han visto obligadas a marcharse de sus comunidades.” Luis Torres, defensor de derechos humanos de la comunidad de El Salado, representa a su comunidad ante las autoridades en relación con dos matanzas presuntamente cometidas por grupos paramilitares respaldados por el ejército. También ha hecho campaña sobre las condiciones para el retorno sin riesgos a El Salado de miembros de la comunidad que habían huido de ella tras recibir amenazas del grupo guerrillero FARC. El 26 de mayo de 2005 fue acusado formalmente de rebelión y detenido. El 8 de junio del mismo año fue puesto en libertad condicional; sin embargo, la investigación sigue abierta pese a defectos evidentes de las pruebas. Los casos que ha recibido Amnistía Internacional revelan también que los ataques individuales, como homicidios y amenazas, forman parte de una estrategia más amplia destinada a restringir severamente las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y sobre los lazos que unen a los grupos paramilitares y el ejército. “La estrategia oficial contra los defensores de derechos humanos parece triple: las autoridades del gobierno cuestionan públicamente su legitimidad, preparan procesos legales infundados y no hacen comparecer ante la justicia a los autores de los ataques, incluso cuando se dispone de abundantes pruebas.” “La impunidad de que gozan quienes atacan a los activistas de derechos humanos es un arma peligrosa, pues transmite el mensaje de que los civiles deben evitar reclamar justicia." En respuesta a la petición de protección, el gobierno colombiano ha puesto en marcha varios programas encaminados a proteger a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas individuales. Los programas incluyen la provisión de guardias de seguridad, chaquetas antibalas y transporte especial y benefician a cientos de personas. “Las medidas de protección prácticas no son suficientes, pues no crean las condiciones básicas para que los defensores de derechos humanos trabajen libremente. La mejor forma de proteger a los defensores de derechos humanos es llevando ante la justicia a quienes los atacan.” Amnistía Internacional ha pedido al presidente Uribe que utilice su segundo mandato en el cargo para abordar la impunidad endémica para las violaciones de derechos humanos: Reconociendo públicamente la legitimidad de los activistas de derechos humanos; garantizando que los responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia; impidiendo el uso de cargos penales infundados contra activistas de derechos humano