La violencia política de los últimos años en Bogotá contra los sectores populares desafortunadamente coincide con la administración distrital de Luis Eduardo Garzón, a quien paradójicamente eligieron las clases populares actualmente represaliadas. Durante su administración se consolidó el accionar sicarial y extorsivo del paramilitarismo en la ciudad. Su última acción la constituye el asesinato del profesor universitario y militante comunista Edgar Fajardo, el viernes pasado. Con la llegada a la alcaldía de Garzón también se aceitó la maquina represiva oficial que tiene actualmente en el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) su más tristemente célebre exponente. En mayo del 2005 fue asesinado por este escuadrón el estudiante menor de edad Nicolas David Neira. El 8 de marzo del presente año era asesinado por el ESMAD el estudiante y comunicador alternativo Oscar Leonardo Salas. El ESMAD se ha dedicado, con la autorización y venia de la secretaría del gobierno distrital, a reprimir a garrote limpio cualquier expresión reivindicativa de derechos ciudadanos. De manera especial esta administración se ha ensañado con los vendedores ambulantes, con los habitantes de la calle y con los miles de desplazados que deambulan por la ciudad. En Patio Bonito hace un año, en Bosa hace algunas semanas, en el matadero distrital hace tan solo unos días. Se golpea a mujeres, niños y ancianos. Están las fotografías, los testimonios, las víctimas. Era el lunes 4 de septiembre, temprano en la mañana. Decenas de familias que se habían tomado hace un año el barrio Riberas de Occidente, en Patio Bonito, pretendían ahora ocupar el abandonado matadero distrital para exigir el cumplimiento de los acuerdos que firmaron con el gobierno nacional y distrital. Esta acción legítima fue brutalmente reprimida por el ESMAD. Cuatro voluntarios del Observatorio Internacional de Paz (IPO, por sus siglas en inglés), Alex Juanmartí (catalán), Marianna Garfi (italiana), Carmen Rivera (estadounidense) y David Feller (estadounidense), fueron igualmente detenidos durante ocho horas y acusados de ser organizadores de la manifestación de los desplazados. El subsecretario de seguridad del distrito, Andrés Restrepo, salió a decir a los medios que habían detectado la presencia de extranjeros en las movilizaciones de los desplazados en Bogotá y que "sus historias de vida estaban siendo analizadas para proceder a su deportación" pues con su labor de observadores de derechos humanos estarían "alterando la convivencia ciudadana". El Observatorio Internacional de Paz ha manifestado en un comunicado que "repudiamos esta táctica de distraer la atención nacional e internacional de la situación crítica de los desplazados de este país, que luchan por sus derechos ante un estado que repetidamente se los niega. Reiteramos que hay dos nacionales colombianos participantes de la acción judicializados y un desaparecido, en adición a los centenares de presos y heridos por causa de la falta de voluntad del Estado a responder pacíficamente a su situación. Mientras la atención nacional y hasta internacional se vuelca sobre nosotros en un cuento irreal, centenares de familias siguen durmiendo en las calles y acostándose sin comer". La gestión de la seguridad en la capital por parte de una administración que fue elegida por masas populares esperanzadas en un cambio real en lo económico, lo político y lo social deja mucho que desear, es claramente una frustración. Solo resta esperar una posición crítica y autocrítica al interior de los partidos y organizaciones sociales que impulsaron esta opción electoral y de quienes periódicamente en las jornadas electorales dicen representar los intereses populares. César Jerez Agencia Prensa Rural