Sin entrar en análisis eruditos, la ley que declara la caducidad de la pretensión de penalizar delitos cometidos por funcionarios militares y policiales durante el período de facto en Uruguay, debe ser anulada porque es una vergüenza nacional. La patria merece limpiarse de la ignominia que hizo a muchos ir contra los Derechos Humanos, forzando la legislación y obligando al pueblo por miedo a validar legalmente abusos que ofenden y duelen colectivamente. Porque el temor de la amenaza militar cuando el plebiscito, emanó de la prédica mediática del propio Poder Ejecutivo del momento. Porque puedo firmar para que provoquen mi muerte y será un acto inexistente, viciado de nulidad por ir contra el orden público. El asesino no será eximido de pena por mi consentimiento. Porque la conciencia social carga este adefesio jurídico como una rémora estentórea de la abominable dictadura y sus secuaces, y porque debemos desinfectar de violencia corporativa el tejido social antes de intentar recomponerlo. Porque en los hechos es una norma perimida. Porque la historia irrumpe y se abre paso diariamente con vertiginosa realidad y calmo furor. Porque fueron procesados los primeros represores pero aún no por torturas ni por homicidios. Porque ocho para empezar está bien pero hubo muchísimos más y los juicios siguen. Porque reverdecen los clubes militares que defienden los excesos cometidos. Porque lejos de arrepentirse institucionalmente, actuales y pasados representantes castrenses, cierran filas amparando y honrando a acusados de incalificables hechos delictivos. Porque aparecieron huesos de dos o tres desaparecidos y fueron más de doscientos. Porque los involucrados no dicen la verdad sobre dónde están los restos, atormentando todavía a sus dolientes e hiriendo con saña a toda la sociedad. Porque los mandos de la época responderán en tribunales acerca de su responsabilidad en crímenes de terrorismo de Estado Porque los políticos e influyentes personajes que apañaron hace treinta años los infames actos contra las instituciones democráticas aún siguen intocables. Porque seguirán cobrando dinero de pasividad por torturar, robar y asesinar los cobardes protagonistas uniformados que están siendo procesados. Porque harán prisiones especiales para militares de la dictadura junto a narcotraficantes, cosa de darle al hambre las ganas de comer y además garantizarles una confortable estadía. Porque parece que recién descubren que hay hacinamiento en las cárceles. Porque lo que se hace en otros países no siempre está bien y parece ingenuo decirlo pero no tienen vergüenza de citar el ejemplo. Porque el ejército hizo con inquietante desparpajo una espeluznante revelación confirmando ejecuciones masivas a compatriotas y nadie se agitó. Porque la naturaleza de las Fuerzas Armadas no es ir contra la gente sino todo lo contrario y debe ser así YA. Y sino simplemente tienen que ser disueltas porque no hay nada que justifique su existencia en otros términos. Porque el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto que penaliza el delito de lesa humanidad, acorde al espíritu de nuestra Constitución y de legislación internacional refrendada por Uruguay en tratados y convenios. Porque vamos camino a recuperar la moral institucional de nuestra nación. Porque queremos reconquistar la dignidad y la fuerza de ser libres en una democracia depurada y porque estamos cansados de soportar injusticias públicas. Porque llegados son los tiempos. Finalmente como dijo Hermann Hesse, “cuando se teme a alguien es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros.” ¡Y ya basta! Fuente: http://www.atabaque.com.uy