El 16 de septiembre más de un millón de personas alzaron la mano para votar a favor de Andrés Manuel López Obrador, ex-candidato a la presidencia por la coalición de centro-izquierda, para reconocerlo como “presidente legítimo” de México. Los delegados a la Convención Nacional Democrática (CND), reunidos en el Zócalo de la Ciudad de México, acordaron la fecha del 20 de noviembre como día en el que su candidato tomará el cargo de presidente de México—diez días antes de la inauguración del presidente-electo oficialmente validado, Felipe Calderón. El acto de resistencia civil inauguró una nueva etapa en el conflicto pos-electoral, que se ha transformado en una amplia lucha por el futuro del país. En la transición de México hacia una verdadera democracia, la CND constituye un evento sin precedentes. Independientemente del resultado, la convención marca un momento de nuevas definiciones complicadas en la historia del desarrollo político del país. El grupo conservador que apoya la presidencia de Felipe Calderón—candidato reconocido ganador por las instituciones electorales y respaldado por las empresas mediáticas, los grandes empresarios y la mayor parte de la prensa estadounidense—ha señalado a la convención como un recurso desesperado de un perdedor para conseguir el puesto de poder que le fue negado en las votaciones. Sin embargo, los delegados, quienes aguantaron horas de pié y un aguacero para emitir su voto el día de la Independencia, no lo ven así. Ellos creen que “su” presidente no solo merece el puesto por haber ganado en elecciones robadas por fraude, sino también porque él representa sus intereses. El candidato de “primero los pobres”, López Obrador ha ganado la confianza y ha canalizado las esperanzas de millones de mexicanos. Los pobres forman la columna vertebral de un movimiento que ha evolucionado rápidamente de una protesta electoral, a un rechazo popular a la continuidad. Después de meses de gestiones legales y movilizaciones populares en contra del fraude electoral, la convención representa un giro político en el movimiento. No tanto por la instalación de un gobierno paralelo, sino por la incorporación del reclamo social de reforma institucional. En el contexto de las muchas irregularidades y resultados manipulados que han caracterizado las elecciones presidenciales mexicanas, la distinción entre la demanda por un conteo justo de los votos y la reivindicación de demandas sociales se ha ido transformando en un movimiento amplio a favor de profundas reformas del estado. De la lucha contra el fraude a reformas fundamentales Sería un error muy grave definir el actual conflicto pos-electoral como una batalla entre la legalidad y un grupo que no sabe perder. Si bien es cierto que la crisis que hoy enfrenta México, surgió de la falta de credibilidad de una contienda presidencial muy competida, el rechazo de las instituciones de limpiar el proceso llevó a un cuestionamiento más amplio de las estructuras del poder de estado. La validación del triunfo de Felipe Calderón por parte del Tribunal Electoral el 5 de septiembre no sirvió para restaurar la confianza pública en el proceso por tres razones: un conteo dudoso, la falta de transparencia y la absoluta convicción por parte de la población, que el gobierno proclamado no los representa. El problema de conteo es evidente—a estas alturas, nadie puede decir con autoridad quién ganó las elecciones presidenciales en México. El sistema oficial de resultados preliminares (PREP) mostró evidentes fallas, como la manipulación de la presentación pública de resultados y la exclusión de más de tres millones de votos. El conteo de las actas en el contexto de crecientes sospechas de la parcialidad del Instituto Federal Electoral, también dejo muchas dudas. Finalmente, la decisión del Tribunal Electoral de hacer un recuento a mano en solo el 9% de las casillas, y después de validar las elecciones aun con “irregularidades” y violaciones reconocidas, manchó irredimiblemente el proceso y su propia credibilidad frente el pueblo. En este contexto, cuando el Tribunal declare a Calderón presidente electo de México por medio punto de porcentaje sobre López Obrador, fue una decisión de conveniencia más que una falla jurídica. Los jueces reconocieron muchos errores aritméticos y violaciones de las leyes electorales, sin embargo, concluyó—sin evidencias para sostenerlo—que estos no habían cambiado el resultado. Desecharon una gran cantidad de impugnaciones por faltas en el procedimiento a pesar de que la ley les apodera a intentar a subsanar, antes de desechar, las demandas. En la ausencia de un recuento voto por voto, la decisión del tribunal no esclareció nada. Las evidencias de diferencias numéricas entre actos y boletas, boletas agregadas o sustraídas, y actos cambiados o contradictorios ha ensombrecido estas primeras elecciones conducidas por el Partido Acción Nacional (PAN). Ahora será muy difícil saber con certidumbre la voluntad política de los 41 millones de votantes, expresado el 2 de julio. Las autoridades electorales han rechazado peticiones ciudadanas y de los medios de acceso a la información para acceder a los materiales electorales. Asimismo, la información que el TRIFE dio a conocer tiene huecos y no so ha presentado en forma clara y asequible. De admitir el recuento de solo 9% de las casillas y anular casillas sin publicar datos claros de por qué o dónde, surgieron más preguntas en torno al proceso. Una elección no es un ejercicio técnico sino un ritual cívico que sirve para renovar y legitimar poderes. Cuando en lugar de hacer eso, se hace lo contrario, como ha pasado ahora en México, falla en su propósito. Elecciones democráticas no pueden ser declaradas por decreto, con o sin sanción legal. Se ha hecho así—en México en 1988, en Florida en 2000—pero eso no quiere decir que es correcto. La transparencia es un requisito para elecciones en una sociedad democrática, no solo para asegurar al electorado que sus votos fueron contados, sino también para crear confianza pública en el resultado. Pobres no representados La gran mayoría de los pobres—el núcleo de 15 millones de personas que votaron por López Obrador—no creen que Calderón los escuchará y mucho menos que representará sus intereses. El mayor obstáculo en la transición a la democracia ha sido el presidencialismo. Una vez elegido, Vicente Fox, igual a los presidentes del PRI, ha utilizado los poderes presidenciales para imponer medidas no populares a través de decretos ejecutivos. En lugar de limitar estos poderes, Fox los usó para consolidar reformas neoliberales. No hay indicadores de que Calderón cambaría este estilo anti-democrático de gobernar. Otro problema es que el sistema político mexicano tiene pocos mecanismos de rendimiento de cuentas a los votantes. En este sistema uno necesita poder para ejercer el poder. La mayoría de los millones de personas que votaron una segunda vez por López Obrador el 16 de septiembre tienen como palanca solamente sus dos pies. Ellos creen que el PAN es el partido de los ricos y poderosos. El gobierno de resistencia es su apuesta para tener una voz en un sistema político que los ha excluido sistemáticamente. La democracia reducida a representación electoral, siempre ha sido una forma precaria de ‘gobierno por el pueblo,' porque el pueblo muchas veces acaba lejos de sus representantes. Y cuando la legitimidad electoral del sistema representativo se pone en duda, el sistema va de débil a farsante. El sistema de México evidentemente ahora cae en esta categoría. La reforma institucional, desde su propuesta original de un nuevo pacto social, ha sido una plataforma en la campaña de López Obrador. El plan de resistencia civil aprobado en la convención propone manifestaciones en cada apariencia pública del presidente ‘espúrio,' pero también incorpora campañas en contra de la privatización del petróleo y electricidad, y en defensa de la educación pública. El programa adoptado por el gobierno paralelo incluye combate a la pobreza y desigualdad, defensa de los recursos naturales, el derecho a la información, acabar con los privilegios de los pocos, y reformas a las instituciones nacionales. La Constitución mexicana garantiza el derecho del pueblo a ejercer soberanía más allá que las instituciones gubernamentales. Artículo 39 de la constitución sugiere que: alterando la forma de gobierno, no solo es un derecho sino es una obligación si las instituciones ya no operan para el interés público. El gobierno de la resistencia proclama que las instituciones nacionales han sido manipuladas a través de formas pseudo-legales e ilegales que benefician a una minoría pequeña del país. Los pobres han sido excluidos. Y ahora reclaman su lugar. La crisis política mexicana en el mundo Para los Estados Unidos, la crisis política mexicana, literalmente, le llega cerca. No solamente se ubica en la frontera sur de EE.UU., sino que el conflicto afecta a intereses estadounidenses en las áreas fundamentales de comercio, inmigración y seguridad. México fue el laboratorio para la estrategia estadounidense de tratados de libre comercio basados en el acceso abierto a mercados, términos favorables para inversión extranjera y protección de la propiedad intelectual. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) negociado en los años noventa obligó a México a competir con el país más rico y poderoso del mundo, resultando en la pérdida de millones de trabajos en la industria nacional y en la agricultura de pequeña escala. En lugar de analizar el impacto negativo del TLCAN, el gobierno estadounidense insiste en más de lo mismo. Rechaza la renegociación del capítulo sobre agricultura del TLCAN que propone la liberalización completa del maíz y el fríjol en 2008. Calderón apoya a la liberalización a pesar de estudios que pronostican un impacto negativo para más de tres millones de pequeños agricultores. López Obrador ha dicho repetidamente que no aceptaría esta cláusula, y es un punto de sus discursos que siempre está ampliamente aplaudido. Mientras apoya al TLCAN y los mercados abiertos, también ha desarrollado políticas económicas que reivindican el papel del estado en generar empleos, proteger mercados domésticos estratégicos, y redistribuir ingresos, eliminando los fueros fiscales para los ricos y asegurando un nivel de vida digna para poblaciones en riesgo, incluyendo ancianos, madres solteras, discapacitados y pequeños agricultores. Su plan está lejos de ser radical, pero aún así, ha sido criticado por los intereses comerciales poderosos, nacionales e internacionales. La administración Bush prefiere no tener otro ejemplo de rebeldía contra la ortodoxia neoliberal en una época en que gran parte de América Latina busca otros caminos. Después de la validación oficial de Calderón como presidente electo, analistas conservadores rápidamente metieron a México en el campo de países leales al modelo de integración económica promovido por los Estados Unidos. Con México otra vez asegurado como un aliado económico y político incondicional, el “Eje del Pacífico”—de México, América Central, Colombia, Perú y Chile—parecía anclado desde el lado norte. Pero dado las profundas divisiones sociales y la inconformidad popular, las elecciones mexicanas tampoco pueden interpretarse como señal de la ratificación de políticas neoliberales en el hemisferio. El debate sobre el modelo económico se ha profundizado en el transcurso de las elecciones y la inconformidad se hace cada vez más patente. La crisis política también complica la agenda de Bush en las áreas de anti-terrorismo, inmigración y narcotráfico, a pesar de que es probable que los términos básicos de la cooperación continuarán sin mayores cambios. Aún si Calderón logre consolidar el poder en los meses que vienen—un escenario que parece poco probable—un movimiento amplio por una reforma del estado y de las instituciones se ha plantado en el escenario político y allí se quedará. Si toma la forma de un gobierno paralelo, de un movimiento social de base, de una oposición partidaria, o de alguna combinación, lo cierto es que el movimiento debilitará a la nueva presidencia, y fortalecerá las esperanzas de llegar a una transición democrática incluyente y auténtica. - Laura Carlsen dirige el Programa de las Américas del IRC, desde la Ciudad de México, donde ella ha trabajado como analista política durante dos décadas. Versión original: Mexico's Two Presidents
Traducción por: Katie Kohlstedt and Laura Carlsen Fuente: Programa de las Américas del Centro de Relaciones Internacionales (IRC) http://www.ircamericas.org