Los resultados de las elecciones presidenciales realizadas el domingo pasado en Brasil dejan un amargo sabor de boca a los partidarios del presidente Luis Inazio Lula da Silva, quien no logró, por escaso margen, relegirse en primera vuelta. Acosado por los escándalos de corrupción y prácticas políticas vergonzosas en las filas del Partido del Trabajo (PT), el mandatario deberá enfrentar en una segunda vuelta al candidato de la derecha, Geraldo Alckmin, quien logró reducir la ventaja del presidente a poco menos de 7 por ciento de los sufragios. Postulado por el Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), este afiliado al Opus Dei cuenta, además, con el apoyo del Partido del Frente Liberal (PFL). Ante el intenso bombardeo mediático desatado por los enemigos del mandatario, articulados por el rechazo a las políticas sociales que, a pesar de todo, ha llevado adelante el gobierno de Lula, la segunda vuelta abre un escenario incierto y escarpado para el oficialismo, cuyo caudal de votaciones se ha visto seriamente mermado inclusive en algunos de sus bastiones tradicionales, como Sao Paulo. El fiel de la balanza está ahora en manos de los partidarios de la ex candidata Heloísa Helena Lima, quien, al frente de una coalición de pequeñas organizaciones de izquierda, obtuvo poco menos de 7 por ciento de los sufragios. Ex senadora, Helena Lima fue expulsada del PT por negarse a votar una reforma de la seguridad social que afectó, ciertamente, los intereses de los trabajadores y marcó la imposibilidad del gobierno de Lula para deslindarse en forma clara de las estrategias neoliberales. La circunstancia coloca al partido en el poder y a su abanderado en una coyuntura sumamente difícil, porque por un lado deberán disputar a Alckmin el voto del centro, y por el otro tendrán que hacer concesiones a los votantes que respaldaron a la ex legisladora. Ello implica construir una fórmula de delicados equilibrios entre la preservación del status quo y la estabilidad financiera, por una parte, y la profundización de los programas sociales, por la otra. Desde esa perspectiva, y más allá de los escándalos políticos y de las campañas de mala fe de la derecha, determinantes sin duda para hundir las esperanzas de Lula en un triunfo en la primera vuelta, el lastre principal del proyecto gubernamental brasileño reside, pues, en su propia ambigüedad en materia de política económica. La amarga paradoja del momento es que, a pesar de todo, el gobierno de Lula puede presentar un balance positivo que se registra en forma de un incremento real de los salarios, en una disminución radical de la asfixiante deuda externa, en intercambios crecientes con el extranjero y en el establecimiento de mecanismos que propician la redistribución de una riqueza que en Brasil resulta ofensivamente mal repartida. Es decir, con todo y los actos de corrupción en el seno de su partido, y a pesar de sus indefiniciones en materia de estrategia económica, el gobierno de Lula ha logrado el cumplimiento, así sea parcial, de objetivos que no había conseguido ninguna otra presidencia desde el restablecimiento de la democracia formal en el país sudamericano. Sería deseable, por ello, que el PT lograra sacudirse la mala imagen que le han causado las acciones de algunos de sus dirigentes, que el presidente brasileño sea capaz de conseguir el respaldo de la izquierda que apoyó a Heloísa Helena Lima, y que Brasil pueda proseguir un rumbo que, con todos sus defectos, ha resultado ser el menos malo.