El 29 de octubre escogeremos a quien gobernará el Brasil los próximos cuatro años: Lula o Alckmin. Ambos son cristianos. Ninguno de ellos ha dado muestras de tendencia fundamentalista, como querer someter la política a la autoridad de una iglesia o religión. La política es laica, o sea neutra en materia de religión. La política sirve al conjunto de la población, sin tener en cuenta las convicciones religiosas del ciudadano o ciudadana. El gobierno tiene la obligación de servir a todos, asegurándoles derechos, protección y el mínimo de bienes para que puedan vivir con dignidad. Si ninguna religión tiene el derecho de tutelar la política eso no significa que la política deba confinarse en el pragmatismo del juego de poder. La política se apoya en valores éticos. Y nosotros, los cristianos, tenemos como fuente de valores la Palabra de Jesús. Es a la luz del Evangelio como evaluamos todas las esferas de la actividad humana, incluso la política, que es la más importante de ellas, pues influye en todas las demás. Para Jesús el don mayor de Dios es la vida. Está más cercana al Evangelio la política que favorece condiciones dignas de vida a la mayoría de la población. Y es precisamente en este punto donde las políticas del PSDB y del PT adquieren diferentes contornos. ¿Que ambos partidos tuvieron desvíos éticos? Sin duda. Como ironiza Jesús, que tire la primera piedra quien no tenga pecado. Errar es humano. Pero persistir en el error es abominable. Si un miembro de la familia se equivoca, no se puede condenar por ello a toda la familia. Lo grave es cuando toda la familia abraza el camino del error. Éste fue el caso del PSDB, el partido de Alckmin, durante los ocho años en que Fernando Enrique Cardoso gobernó el Brasil (1994-2002). Fueron privatizadas empresas públicas. Grandes empresas brasileñas -Valle del Río Dulce, Embratel, Telebras, Usiminas, etc.-, patrimonio del pueblo brasileño, cuyas ganancias engordaban las arcas del Estado, fueron vendidas a precio de saldo, y las ganancias fueron embolsadas por corporaciones privadas, muchas de ellas extranjeras. Lula no privatizó el erario público. Elegir a Alckmin podría ser el primer paso para la privatización de Petrobras, del Banco del Brasil, de la Caja Económica Federal y de Correos. En el gobierno de Cardoso las políticas sociales eran tímidas y asistencialistas. La Comunidad Solidaria era una iniciativa enana en comparación de la grandiosidad de la Bolsa Familiar, que hoy distribuye una renta a más de 40 millones de personas. Gracias a lo cual, de cada 100 brasileños que vivían en la miseria, en los últimos cuatro años 19 pasaron a la clase media. Durante el gobierno de Lula es cierto que hubo desvíos éticos: el caso de Waldomiro Diniz; el “sueldón” y los “avorazados”; la quiebra del secreto bancario del pobre hombre de Brasilia; el documento contra Serra. Pero no hay ninguna prueba de que el presidente conociera de antemano esas operaciones inescrupulosas. Y al saltar a la luz pública, trató de destituir a los involucrados. En el gobierno de Cardoso fue usado dinero público para ayudar a bancos privados: el Proer. El Banco Económico recibió US$ 2130 millones. Se instaló una CPI que, controlada por el palacio de Planalto, justificó la jarana y nunca investigó la Cartera Rosa que contenía los nombres de 25 diputados federales sobornados por el Económico. Y están los casos de los cautelares; el de la compra de votos para aprobar la enmienda constitucional que permitió la reelección de FEC; el de la ayuda a los bancos Marka y FonteCidam por valor de US$ 355 (los ‘tucanes’ impidieron la instalación de la CPI para investigar el caso); los fraudes en la Sudam, etc. Nada fue investigado, porque el Procurador General de la República, Geraldo Brindeiro, conocido como “engavetador (archivador) general”, guardó, hasta mayo del 2001, 242 procesos contra el gobierno y archivó otros 217, librando a los sospechosos de cualquier investigación: 194 diputados federales, 33 senadores, 11 ministros y exministros, y al mismo presidente de la República. El gobierno de Cardoso trató a los movimientos populares como un caso de policía, y no de política. Acudió al ejército para reprimir al Movimiento de los sin-tierra, así como a los trabajadores petroleros en huelga. Lula nunca criminalizó a los movimientos sociales y bajo su gobierno la Policía Federal metió en prisión a gente importante, desde los dueños de una gran cervecería hasta jueces, e incluso a gentes de su partido participantes en el caso del documento anti-Serra. El gobierno de Lula reforzó la soberanía del Brasil. Repudió el ALCA que propuso el gobierno de Bush; condenó la invasión de Iraq; visitó cada año países de África; abrió las puertas de nuestras universidades a indígenas y negros; llevó la energía eléctrica hasta los más apartados rincones; impidió la subida del dólar; redujo los precios de los artículos de primera necesidad; mantuvo bajo control la inflación; ensanchó el poder adquisitivo de los más pobres, a través del aumento del salario mínimo. Lula, es cierto, aún nos debe mucho de lo que prometió a lo largo de sus campañas presidenciales, como la reforma agraria. Pero el Brasil y América Latina serán mejores con él que sin él. Si usted está convencido de esto, trate de convencer también a otros electores. Vamos a votar por la vida, la “vida para todos” (Juan 10,10). ¡Vamos a reelegir a Lula como presidente! (Traducción de J.L.Burguet) - Frei Betto es escritor, autor de 53 libros, y asesor de movimientos sociales.