Resulta cada vez más evidente que el régimen cívico-militar de Fujimori y Montesinos está decidido a permanecer en el poder a cualquier precio, a pesar del hartazgo de un régimen que persiste en su inhumana política económica y del abuso que caracteriza a su gobierno. Parece igualmente obvio que las vías legales e institucionales para impedirlo han sido definitivamente cerradas: así lo muestra lo ocurrido con el Tribunal Constitucional que declaró inaplicable la írrita ley de la re-reelección y el prepotente archivamiento del Referéndum respaldado por 72% de los peruanos. Estos hechos, macizos y contundentes, sustentan la Resistencia Cívica que se extiende por el país y la necesidad de dar paso a un acuerdo que permita un Gobierno de Transición Democrática. Si bien muchos comprenden rápidamente el sentido de la Resistencia Cívica: frenar el fraude y el abuso, agrupar fuerzas para hacerlo posible y unir las fuerzas hoy dispersas en un gran torrente democratizador; no ocurre lo mismo con el concepto de la Transición Democrática. Cambiar el régimen político Muchos peruanos creen que la tarea democratizadora planteada se resuelve con un nuevo Presidente, un demócrata que conduzca el gobierno. Se equivocan. Olvidan que no estamos ante un reto tan simple como el cambio del gobernante, sino ante la necesidad de cambiar el régimen político, la organización antidemocrática, centralista y arbitraria del Estado y de la sociedad, que ha impuesto la cúpula gobernante para someternos a sus cuestionadas e inhumanas políticas. No se trata simplemente de que salga Fujimori, cuestión indispensable pero insuficiente. Se trata también de devolverle capacidad de legislar y fiscalizar, con autonomía, al Congreso Nacional, guardando proporción entre sus gastos y sueldos y los de otros sectores prioritarios para atender las urgencias del país. Se trata de devolverles a las circunscripciones del Perú el derecho a elegir directamente sus representantes en el Congreso. Se trata de separar al Poder Judicial del mandato político del Gobierno central, darle la independencia que requiere y limpiarlo de la corrupción que lo corroe, estableciendo mecanismos de control ciudadano. Se trata de terminar con la farsa de Tribunal Constitucional que preside el ilegítimo "presidente" Acosta y conformar uno nuevo, sin recortes en sus atribuciones ni trabas en el quórum para tomar decisiones. Se trata de dar paso al Descentralismo, terminar con el nombramiento limeño y a dedo de los presidentes de los gobiernos regionales o departamentales, devolver a los pueblos del Perú el derecho a elegir sus autoridades y establecer un presupuesto descentralizado en el que las regiones y municipios manejen porcentajes crecientes. Se requiere respetar las autoridades municipales, democratizar la gestión municipal con mecanismos de participación y fiscalización vecinal y comunal, así como de desaparecer un Ministerio de la Presidencia convertido en comisión de manipulación y campaña del presidente. Se requiere darles un manejo institucional a nuestras Fuerzas Armadas y Servicios de Inteligencia, para que estén al servicio del país y del Estado, no del grupo de turno en el poder. De potenciar nuestras fuerzas policiales, moralizarlas y hacer lo propio con la seguridad vecinal. Urge modificar una política económica recesiva, desindustrializadora, que abandona el agro y abandona la función tuitiva sobre trabajadores y pensionistas, ofrece nulas perspectivas de futuro a los jóvenes y no reacciona frente a las amenazas de la crisis mundial que nos amenaza. Resulta indispensable forjar una auténtica economía social de mercado, solidaria y con equidad de oportunidades para todos, que no entregue ramas enteras de los servicios y la producción a monopolios y oligopolios que abusan de consumidores y otros productores. Dar prioridad en el gasto público a los gastos en alimentación, educación y salud, generar un Banco Nacional de Desarrollo para dar crédito al agro y los sectores y zonas más deprimidas de pequeños y medianos productores; sin descuidar el orden fiscal y un indispensable y agresivo proceso de desendeudamiento del país, es fundamental. Todo ello y muchas otras tareas, que apuntan a generar un acuerdo básico entre sectores políticos y sociales plurales, donde quienes están organizados y quienes no lo están ahora puedan participar, es parte del reto de la transición democrática. Se trata pues de un proceso, no de un acto, y de un liderazgo colectivo y plural que pueda transitar este período que debe abrir nuevas condiciones para la acción y la renovación política del país. A este esfuerzo queremos aportar quienes hemos propuesto al país 30 puntos base para la Transición Democrática, a efectos de que su discusión y crítica descentralizada y plural permita la urgente unidad de acción, de organización y de proyecto de los demócratas del Perú.