Los disturbios en Bolivia son el comienzo de un proceso indicativo de las dificultades que tendrá Morales para gestionar su gobierno.

Los obstáculos que separan a los países de América latina del cumplimiento de sus metas básicas –esto es, la instalación de cierta justicia social y la orientación hacia algún tipo de unidad entre ellos–, quedaron expuestos por estos días en los trágicos sucesos que enlutaron a Bolivia. Mineros estatales y mineros cooperativistas se enfrentaron por el control de la mina de estaño de Huanuni, el yacimiento más rico en ese mineral y el último que se encuentra bajo control oficial. El saldo de los choques arrojó, por lo menos, 16 muertos y unos sesenta heridos. No pudo determinarse si entre las bajas se contaron también víctimas de francotiradores que habrían disparado desde los cerros vecinos, para incrementar el caos.

El gobierno de Evo Morales encabeza la experiencia social más importante que ha tenido Bolivia desde que el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) rompió la Rosca minera e inició un período de reformas que a la vuelta de unos años el mismo MNR se encargaría de revertir.
Las aspiraciones del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en el sentido de reconectarse con las tendencias más vivas de aquel período, se enfrentan hoy a una situación compleja, en la cual hay que hacer las cuentas con el campo minado que dejaran la desarticulación del viejo proyecto y las tendencias centrífugas que alimentan los departamentos más ricos del país, tendencias fogoneadas con toda probabilidad por intereses no sólo locales sino también foráneos, que pueden ir desde empresas de Estados Unidos hasta grupos de poder afincados en Brasil.

La colisión entre los mineros cooperativistas y estatales es la clásica pelea entre pobres, aunque el sector que defiende el estatismo para Huanuni sea sin duda el que inviste mayor progresividad y resulta más acorde con las líneas generales del gobierno de Morales.

Las cooperativas nacieron como un paliativo tras la privatización de la minería en 1985, cuando los ex trabajadores de la minería estatal se organizaron para explotar diversos yacimientos, algunos suculentos y muchos otros de escaso rinde. Ahora piden al Ejecutivo que les permita explotar también el del cerro Posokoni, en Huanuni, último reducto de la explotación estañífera por cuenta del Estado, que contiene una formidable reserva de mineral de casi l.000 millones de toneladas y que provee una alta rentabilidad.

Las posibilidades de manipulación de estas reivindicaciones de parte de sectores interesados en sembrar la cizaña en el bando del gobierno son evidentes. Evidentes, pero no sorpresivas. Después de todo el MAS no podía esperar encontrarse con una aquiescencia beata a sus proyectos de reforma.

Las pulsiones centrífugas

Esta colisión en el Altiplano probablemente no es sino la primera de las convulsiones que se preparan. Pero tiene un carácter determinante. Un respaldo popular coherente, proveniente del sector más dinámico y combativo del pueblo, como es el de los trabajadores mineros, es esencial para que el gobierno de Evo se afirme o al menos cuente con un núcleo firme para contrarrestar la embestida que se prepara. Esta proviene de los estados energéticos y separatistas de Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija; de la Fencomin (Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, la organización que estuvo detrás de los últimos disturbios y que cuenta con una clientela de miles de mineros manejados por los intereses expansionistas del capital privado); de los despachos de Petrobras y tal vez también de Repsol-YPF y de la articulación política de los partidos que intentan limitar la potestad de la Asamblea Constituyente para cambiar la normatividad existente. Según estos, la Asamblea Constituyente no puede considerarse “originaria, plenipotenciaria y funcional” sino provista de un poder “derivado-reformador”, lo cual la subordinaría a la legislación hoy vigente, que exige que la nueva Constitución sea aprobada en todos sus artículos con los dos tercios de los votos, y no por mayoría simple. Con lo que el gobierno de Morales tendría atadas las manos.

El aparato de poder de las oligarquías sudamericanas, como se ha señalado en otras oportunidades, sigue intacto. Su capacidad para trabar, demorar o destruir los intentos de reformar el estado de cosas continúa siendo muy alta. Y lo seguirá siendo en la medida que no existan los contrapesos sociales que son necesarios para equilibrar la disputa. Ellos no pueden provenir de la presencia continua del pueblo en las calles, pues la presión multitudinaria no puede mantenerse en forma indefinida y a la postre se torna enervante, sino de la puesta en equilibrio, por vía de la acción del Estado, del peso que tienen los protagonistas sociales: las clases en disputa. Sólo así se podrá hacer camino.