El primero de noviembre es el Día de los Muertos. Es el día en que los mexicanos fluyen en multitudes a los cementerios a visitar a los miembros de la familia que ya se fueron. O, si uno cree en la tradición, para darle la bienvenida a los muertos que vienen a visitarnos.

Este año, entre los muertos hay 17 personas asesinadas en Oaxaca. Murieron porque se atrevieron a desafiar un sistema político y económico que los encadena a la pobreza y a la desesperanza. La mayoría fueron asesinados por fuerzas afiliadas al gobernador del estado, Ulises Ruiz. Algunos, cuya sangre sigue sin secarse, fueron asesinados el 28 de octubre por la policía federal enviada a “restaurar el orden”.

El movimiento de Oaxaca comenzó el 15 de mayo, que en México es el Día del Maestro, cuando los miembros del sindicato de trabajadores de la educación en el estado se movilizaron en protesta contra la imposición de un contrato negociado entre los líderes corporativos de su sindicato a nivel nacional y el gobierno. Pedían un aumento de sueldo e iniciaron un plantón en la plaza central de la ciudad de Oaxaca.

No había nada fuera de lo común en sus acciones. Históricamente, la Sección 22, el sindicato de maestros en Oaxaca, ha sido por décadas el bastión de un movimiento democrático que busca liberar el sindicato a nivel nacional del control de dirigentes cuyos intereses están atados a las figuras políticas más poderosas del países y que no trabajan por los intereses de los maestros.

Pero su protesta se volvió un fuego inextinguible cuando el 14 de junio el gobernador Ruiz envió a sus fuerzas de seguridad, armadas, para expulsarlos de la plaza. Las muertes que resultaron de la represión enrabiaron a una sociedad ya muy enojada por unas elecciones para la gubernatura que muchos consideraban fraudulentas. Ulises Ruiz es un político de viejo estilo perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que dominó México unilateralmente por 71 años y que sigue ejerciendo el control sobre partes del campo oaxaqueño mediante violentos caciques priístas.

De pronto no hubo un terreno común en Oaxaca. Unas 350 organizaciones se agruparon para formar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Las comunidades indígenas movilizadas en aras de sus propios agravios, pero también los estudiantes, los profesionales hartos de la simulada democracia, los vendedores, los obreros, unieron filas con los maestros en demanda de que se fuera el gobernador.

Oaxaca es una de las entidades más pobres de México. Es también una de las más organizadas desde su base social. Los oaxaqueños tienen fama de terquedad y su resistencia a sucesivas formas de dominación ha sido continua durante más de 500 años. Hace mucho que sus movimientos aprendieron a crecer en el suelo rocoso que queda después de haber sido despojados sistemáticamente de todo lo valioso.

Ahora emergen no sólo para protestar, sino para construir. Redes de solidaridad, formas autónomas de comunicación, expresiones espontáneas de frustración y esperanza se juntan para formar lo que Luis Hernández Navarro, un pionero del movimiento democrático magisterial, llama la Comuna de Oaxaca, en referencia a la Comuna de París de 1871.

Y justo como la Comuna de París fue barrida por el reacomodo de alianzas entre las clases dominantes, la alianza entre el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI lanzó una ofensiva contra el movimiento popular oaxaqueño.

Comenzó como una guerra de desgaste, utilizando pistoleros vestidos de civil que asesinaban varios manifestantes cada semana, una guerra sucia y encubierta que incluye el secuestro, la tortura y el asesinato selectivo. Con la entrada de la Policía Federal Preventiva, la represión usa uniformes—unos 4 mil.

Los políticos nacionales saben que Oaxaca significa más que una lucha estatal en pos de un aumento salarial para los maestros. Aunque Felipe Calderón no asume la presidencia sino hasta el primero de diciembre, la batalla de Oaxaca es la primera de su gobierno, uno que comienza en medio de acusaciones de fraude electoral. Un movimiento popular que derroca a un gobernador tras una elección tachada de fraudulenta no es la clase de precedente que a Calderón le gustaría establecer.

Y mientras el presidente electo corteja a los líderes de países extranjeros (regresó recientemente de Sudáfrica y Bush es su siguiente visita), el frente interno dista mucho de estar en calma. Las protestas contra el fraude en las elecciones federales del 2 de julio continúan, otras secciones del sindicato magisterial amenazan con paros laborales en solidaridad con Oaxaca, y la APPO ha anunciado que, si no se retiran las tropas, irrumpirán en la toma de posesión presidencial. Ambas cámaras del Congreso acordaron exhortar al gobernador a que se retire. En la ciudad de México miles de personas participan en marchas y hay diversos bloqueos carreteros en solidaridad con Oaxaca.

Más de treinta líderes están en prisión y otros fueron secuestrados y están en calidad de desaparecidos. Se erigen altares en homenaje a los asesinados por la policía y por los francotiradores durante los últimos cuatro meses. El llamado a la renuncia del gobernador y a ponerle fin a la represión crece en fuerza desde la ocupación de Oaxaca por las fuerzas federales.

El movimiento por la democracia y la justicia económica en Oaxaca ha rebautizado uno de los días de fiesta más fundamentales en México. Este año, los manifestantes lo proclamaron “el día de ya no más muertos”.

- Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del International Relations Center (www.ircamericas.org) en la ciudad de México. Traducido por Ramón Vera Herrera.

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Solicitud de apoyo

Por lo anterior solicitamos apoyar las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca a través de:

1. Las protestas y la presión sobre las embajadas y oficinas consulares de México en sus respectivos países.

2. Realizar comunicaciones a la presidencia de la República Mexicana y a los medios de comunicación de mayor circulación, tanto en México como en sus propios lugares de origen solicitando:

A. La salida inmediata del Sr. ULISES RUIZ ORTIZ de la gubernatura del estado de Oaxaca, cuyo autoritarismo ha sido el origen del conflicto y su permanencia es un obstáculo para la salida política al conflicto.

B. El retiro inmediato de la Policía Federal Preventiva de la ciudad de Oaxaca.

C. El cese de la represión, la presentación con vida de todos los desaparecidos, el cese de las detenciones y cateos ilegales. El respeto irrestricto a los derechos humanos e integridad de todos y en especial de los integrantes de la APPO.

D. Exigimos castigo a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos por medio de grupos paramilitares y parapoliciales del Estado. Responsabilizamos al Gobierno Federal y al estatal de la política represiva y contra la población y organizaciones de Oaxaca. Nos unimos a las voces que exigen una salida política y pacífica al conflicto.

Mandar comunicaciones a:

Presidente Vicente Fox Quesada
Phone: 52 552 789 1100 / Fax: 52 555 277 2376
E-mail: vicente.fox.quesada@presidencia.gob.mx

Licenciado Carlos Abascal Carranza, Secretario de Gobernación,
Fax: +52 (55) 5093 3414,
Email: cabascal@segob.gob.mx

Medios de comunicación:

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http://www.eluniversal.com.mx
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